El debate de la edad de jubilación
Retrasar un año la edad de jubilación proporciona a la caja de la Seguridad Social 2.576 millones de euros en cotizaciones adicionales al año y un ahorro de 4.100 millones de euros en prestaciones de retiro. La mejora de las cuentas sería, por tanto, de más de 6.600 millones de euros, tanto dinero como cuestan las dos pagas extraordinarias que rinde el sistema de pensiones, o casi tanto como el superávit anual que genera ahora, cuando la relación entre activos y pasivos es la mejor de la serie histórica.
Entrar en este debate sociológico y económico es incómodo para todos. Pero una buena serie de países con sistemas de pensiones maduros y pirámides demográficas envejecidas han optado por esta solución de urgencia para atajar la sangría que se avecina en sus sistemas de protección. España ha optado, por el momento, por corregir la situación que genera para las cuentas públicas la jubilación anticipada.
La edad media de retiro en España ronda los 61 años. Y sólo uno de cada tres españoles espera a los 65 años que establece la ley. Estos procedimientos, salvando los casos extremos de trabajos con altas cotas de peligrosidad, suponen una vía de rejuvenecimiento de plantillas y solución de crisis para las empresas y son únicamente interesantes para trabajadores con largas carreras de cotización que son expulsados del mercado.
Pese a que la jubilación anticipada conlleva un recorte en la prestación, un pequeño porcentaje por cada año que se anticipa el retiro, las condiciones exigibles hoy para acceder a ella son de una gran candidez. De hecho, una buena proporción de jubilados han optado por la jubilación parcial en los últimos años, un procedimiento legal muy ventajoso, que ahora pretende atajar el Gobierno, aunque de forma también muy parcial. El paso de activo a pasivo con esta fórmula cuesta al sistema de pensiones unos 125.000 euros por persona. Para acogerse a él basta disponer de 15 años cotizados y seguir realizando el 15% de la jornada habitual en la empresa. Los retoques pactados por Gobierno y agentes sociales suponen un endurecimiento lógico: serán precisos 30 años de cotización, tener cumplidos 71 años y llevar seis en la empresa, aunque todo ello se aplicará en un periodo transitorio de cinco años.
Si en el futuro se quiere disponer de un sistema de pensiones robusto, la razón dicta que no se deben permitir más prejubilaciones que las estrictamente necesarias. Y no estaría de más imitar a economías más sólidas que la española, que han prolongado sin ningún reparo la edad de retiro legal. El umbral de los 65 años tenía sentido cuando se creó el sistema de protección, cuando la esperanza de vida escasamente superaba ese listón y cuando las personas entraban en el mercado laboral nada más abandonar la edad escolar.
Hoy la situación es clarísimamente distinta: las personas se incorporan bastante más tarde al mercado de trabajo porque prolongan su periodo formativo y, además, permanecen más tiempo en el sistema de protección de la vejez, porque la esperanza de vida ha crecido mucho. Disponer de más años de pasivo (formación y retiro) y menos de activo (trabajo) es socialmente admirable, pero, salvo un fuerte aumento de las cotizaciones o recortes de las prestaciones, es financieramente insostenible a largo plazo.