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Columna
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Perspectivas del desarrollo rural

Conforme a las directrices estratégicas comunitarias para el periodo 2007-2013, cada país de la UE debe elaborar un plan nacional para sus programas de desarrollo rural. El autor explica la trascendencia de este proceso para España y destaca la ausencia de debate político en este campo

El Consejo Europeo adoptó el pasado mes de febrero las 'directrices estratégicas comunitarias de desarrollo rural' para el periodo de programación 2007-2013. Cada país miembro debe elaborar ahora un 'plan estratégico nacional' antes de presentar sus 'programas de desarrollo rural' que lógicamente tendrían que estar en vigor el 1 de enero de 2007. Con tanta urgencia, poco novedoso y realmente eficaz cabe esperar. Todo este complejo y burocrático proceso de programación se aborda desconociendo una vez más el escenario de futuro que le aguarda a la agricultura europea, al no haberse alcanzado aún un acuerdo en las negociaciones comerciales internacionales de la Organización Mundial de Comercio (OMC). Eso sí, ya se adoptaron la reforma de la Política Agraria Común (PAC) y las previsiones presupuestarias, que han recortado sustancialmente el presupuesto de desarrollo rural para los próximos años.

Los análisis efectuados para apoyar las directrices estratégicas tienen notables carencias al ignorar que, en la actualidad, el mundo rural está plenamente integrado en la sociedad. En la UE-15, el desarrollo rural ya se ha logrado y ahora el objetivo es mantener y no desbaratar lo hasta ahora conseguido. Sin embargo, el riesgo de avanzar hacia atrás está implícito en unas directrices estratégicas que no contemplan algunos de los principales problemas y realidades estructurales de la actividad agraria que 'sigue siendo la usuaria principal de las superficies rurales y el factor determinante de la calidad de los paisajes y del medio ambiente'. La reducida dimensión de las empresas agrarias, la dedicación a tiempo parcial de la mayoría de los agricultores en la actualidad, el deficiente nivel de organización e integración del sector frente a la potente dinámica de concentración empresarial que domina la economía actual, y el complejo agroalimentario en particular, son hechos silenciados en dichas directrices estratégicas, que mantienen como objetivo preservar el modelo europeo de agricultura multifuncional, es decir eternamente subsidiada.

Todo ello podría ser coherente si al mismo tiempo no se anunciara la apertura comercial exterior y el desmantelamiento presupuestario a medio plazo, no más allá de 2013.

España tiene empresariado agrario y agroindustrial capaz de competir en los mercados europeos y mundiales, siempre que se le permita dedicarse a ello en el futuro

En España, donde tanto la agricultura como el medio rural han experimentado un auge espectacular desde la adhesión a la UE, gracias sin duda a la generosa contribución financiera de la PAC y de los fondos estructurales y de cohesión, estaríamos en condiciones de abordar el nuevo escenario en condiciones favorables, siempre que seamos capaces de percibir a tiempo el cambio de época que se avecina.

No obstante, con un espectacular recorte presupuestario para el periodo 2007-2013, de hasta un 40% en los fondos estructurales, debemos proceder a un cambio radical de mentalidad. Progresivamente las hasta ahora ayudas agrícolas y a la reestructuración agraria van a dirigirse hacia objetivos territoriales y medioambientales.

En España hemos amparado bajo diversos sistemas de protección ambiental el 25% del territorio, frente a la reciente recomendación del 10% en la cumbre de la biodiversidad de Curitiba. Ello tendrá consecuencias sobre los recursos financieros que tendrán que aportar el Estado y las comunidades autónomas en los próximos siete años y que nadie ha evaluado.

No obstante, disponemos de una parte del empresariado agrario y agroindustrial capaz de competir en los mercados europeos y mundiales, siempre y cuando se le permita dedicarse a ello en el futuro. También disponemos de un patrimonio natural, histórico y cultural en nuestros pueblos y espacios rurales que constituyen en sí mismos el motor del desarrollo. No les proporcionemos demasiadas directrices estratégicas, por favor, no les confundamos.

En agricultura vivimos un momento de gran incertidumbre y ninguna de las Administraciones involucradas está en condiciones de orientar a nadie. El escenario de futuro puede modificarse súbitamente en Ginebra, o en Bruselas, y son los empresarios los que mejor lo intuyen. Hay una creciente desconfianza sobre la estabilidad de las políticas agrarias y rurales y por esa razón la formación neta de capital fijo de la agricultura española viene siendo sistemáticamente negativa cada uno de los últimos ocho años (1997-2004) y, a pesar de ello, la balanza comercial exterior agraria es ampliamente positiva cada año lo cual, en España, es una sorprendente noticia.

No obstante, lo más sorprendente es la ausencia de debate político y la ignorancia que muestra la opinión pública española sobre estas cuestiones. Los productos de alimentación, bebidas y tabaco tienen una ponderación del 25% en los gastos de consumo de los españoles, excluidos los que se efectúan en bares, restaurantes y hoteles, según el índice de precios al consumo armonizado (IPCA). Existe un debate sobre la vivienda, sobre la dependencia energética, pero no existe preocupación por el mundo rural ni por una futura dependencia alimentaria.

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