El pacto y el modelo de crecimiento

El Gobierno, la patronal y los sindicatos firmaron ayer un nuevo pacto social para una reforma laboral que quiere contribuir a la estabilidad en el empleo y al fortalecimiento de la contratación indefinida, y tiene el objetivo principal de reducir la tasa de temporalidad, que afecta a más de cinco millones de trabajadores (o más de un 30% de los empleos, la tasa más alta de los países desarrollados).

El acuerdo consta de cinco componentes principales: primero, se intenta frenar la temporalidad limitando el encadenamiento abusivo de los contratos temporales, obligando a las empresas a que hagan fijos a todos los trabajadores que hayan firmado dos o más contratos temporales para el mismo puesto en un plazo de 30 meses, y limitando la rotación en un mismo puesto.

En segundo lugar, el acuerdo estipula la elaboración de un plan de choque con subvenciones (por determinar pero estimadas en unos 800 euros) a los empresarios que conviertan a sus trabajadores temporales en indefinidos. Al mismo tiempo, permite que todos los contratos temporales anteriores a 2008 puedan pasar a fijos con un despido de 33 días por año trabajado (frente a los 45 ordinarios).

En tercer lugar, se establecerán bonificaciones de una cuantía fija (en vez del sistema actual que se calcula en base a un porcentaje de la base de cotización) para los contratos que inicialmente se establezcan como fijos.

En cuarto lugar, se rebajan las cotizaciones por desempleo que los empresarios pagan por sus trabajadores (del 6% actual a un 5,75% en 2007 y un 5,5% en 2008), y a la mitad (del 0,4% al 0,2%) las cotizaciones al Fondo de Garantía Salarial (Fogasa).

Por último, el acuerdo limita las cadenas de subcontratación abusivas haciendo ilegal la cesión de trabajadores por empresas sin actividad propia que contratan con otras exclusivamente para ofrecer mano de obra.

Este pacto se produce en un momento de coyuntura favorable. El producto nacional ha crecido el primer trimestre a un ritmo del 3,5%, una cifra muy superior a la de otros países europeos; las cifras de empleo, con 200.000 nuevos afiliados a la Seguridad Social en el mes de abril, ha sido la mejor registrada en este mes desde que se computa este dato, y un 11% de los contratos registrados son indefinidos. Al tiempo, la tasa de actividad de la población entre 15 y 64 años ha aumentado significativamente y convergido con la media europea (del 62,4% de 1997 a casi un 70% actual). Y se sigue registrando un aumento significativo de la población activa, empujado por la inmigración y la incorporación de la mujer al mercado laboral, que ha llevado a un crecimiento interanual de un 3,2% en 2005, en un contexto de creación de empleo (con un crecimiento anual próximo al 5%) y una caída importante del paro (del 20% en 1997 al 9,07% actual).

Estos datos, sin embargo, no pueden enmascarar las debilidades de la economía española. La última encuesta de población activa (EPA) indicaba una nueva subida del paro en el último trimestre, que alcanza al 9,07% de la población activa (frente a un 8,3% en la UE). Al mismo tiempo, los últimos datos siguen apuntando la persistencia de problemas estructurales marcados por el continuo deterioro de la competitividad reflejado en el déficit de la balanza por cuenta corriente, que supera ya el 7,6% del PIB; el deterioro de la productividad, que cayó un 1,3% en 2005, y la intensificación del diferencial de inflación entre España y los países de nuestro entorno (los precios se incrementaron un 3,9% en abril, frente a un 2,4% en la zona euro).

Este acuerdo es un paso en la dirección adecuada ya que puede contribuir al establecimiento de un nuevo modelo de crecimiento basado en el valor añadido a la producción y en la productividad, que exige un sistema productivo con una mano de obra cualificada, flexible y eficiente. Esto no es posible en un mercado laboral caracterizado por la segmentación y la precarización que descapitaliza a los trabajadores y contribuye al crecimiento negativo de la productividad.

Un nuevo modelo también requerirá una aumento del gasto en educación, en formación, y en I+D+i (con un 1,07% del PIB España sigue gastando casi un punto menos que la media de la UE).

Desafortunadamente, el acuerdo no incluye otros temas pendientes, como la estructura de la negociación colectiva o la formación profesional, también claves para un marco de relaciones laborales dinámico y flexible. Además esta reforma no puede cambiar por sí sola la organización de trabajo del país ni un modelo productivo que se sigue basando en sectores de baja productividad y mano de obra intensiva.

En un momento de celebración es importante una vez más recordar que la situación envidiable de la economía española no será eterna y que sigue siendo necesario profundizar en la reformas estructurales para consolidar el crecimiento en el medio y largo plazo.