Los contratos de Repsol en Bolivia dependerán de su rentabilidad
La nacionalización de los yacimientos y de toda la cadena de producción de hidrocarburos decretada por Bolivia deja a Repsol, y al resto de las petroleras, al amparo de los futuros contratos que puedan obtener del Gobierno de Evo Morales. En seis meses las empresas deben firmar nuevos contratos, que se otorgarán según la rentabilidad y el coste de operación de cada campo, que se fijará mediante auditorías.
Confusión. Esta fue a lo largo del día de ayer la situación generada en Repsol por el anuncio del presidente de Bolivia de nacionalizar la cadena productiva de los hidrocarburos del país: 'Transporte, refino, almacenamiento, distribución, comercialización e industrialización' de los mismos, según figura en el decreto supremo que dio a conocer Evo Morales en el día internacional del trabajo. Los máximos responsables de la petrolera española trabajaban ayer con un borrador de este decreto que, a falta de los reglamentos correspondientes, deja muchas incógnitas en el aire, según la compañía.
Pese a ello, la nacionalización largamente anunciada del subsuelo y la producción de hidrocarburos de Bolivia ya es un hecho, y el futuro de las petroleras que operan en el país andino va a depender de los nuevos contratos que consigan firmar en los próximos seis meses. æpermil;ste es el plazo obligatorio que fija el decreto de nueve artículos que entró en vigor el día 1.
En lo que la norma califica de proceso de 'regularización' de las empresas, se tendrá en cuenta la eficiencia de éstas en la explotación de los campos de gas. Así, el punto tercero del artículo cuarto del citado decreto señala que el Ministerio de Hidrocarburos determinará 'caso por caso', mediante auditorías, el nivel de amortizaciones, los costes de operación y la rentabilidad que se obtienen en cada campo. 'Los resultados de dichas auditorías -añade el texto legal- servirán de base a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos YPFB para determinar la retribución o participación definitiva correspondiente a las compañías' en los nuevos contratos.
La nacionalización abarca a toda la cadena productiva del gas y el petróleo
Bolivia, que cuenta con el segundo mayor volumen de reservas de gas del continente americano, después de Venezuela, ha decidido que su empresa estatal YPFB, gestora de los fondos de pensiones de los bolivianos, reciba 'como mínimo' el 50% más una de las acciones de las empresas que participan en toda la cadena del gas y el petróleo: Chaco; Andina; Trans Redes; Petrobras Bolivia Refinanciación y Compañía Logística de Hidrocarburos de Bolivia.
Precisamente, YPFB comparte Andina con Repsol al 50%. Ahora, tras la nacionalización decretada por el Gobierno de Morales, aunque Repsol mantenga un 49,9% la propiedad de este capital no le otorga derechos sobre la producción, que ha pasado a manos del Estado. Tampoco sobre los contratos de comercialización, que también han sido estatalizados, aunque la petrolera los reivindica. Precisamente, estos contratos (generalmente, de take or pay) los mantiene Repsol con la brasileña Petrobras, que también es la empresa operadora del principal campo de Andina, el de San Alberto que, junto al de Sabalo, supone el 70% de las exportaciones del país.
Con la convicción de que YPFB no tiene capacidad técnica para explorar y explotar el subsuelo y que el Gobierno de Morales seguirá necesitando a las multinacionales para operar, la compañía se muestra confiada en poder continuar operando en Bolivia, si bien, hay analistas que apuestan por una salida de la petrolera española del país andino, en el que tiene contabilizadas un 18% del total de sus reservas probadas de gas. Al ser nacionalizados los yacimientos, las reservas futuras dependen también de los nuevos contratos. En el plazo transitorio de seis meses, el retorno de los operadores de los principales campos (San Alberto y Sabalo) será del 18% (el 82% se lo quedará el Estado a través de impuestos y la participación de YPFB).
Brufau espera alcanzar un 'acuerdo racional'
El presidente de Repsol, Antonio Brufau, se mostró ayer 'consternado' y 'preocupado' por la nacionalización del petróleo y el gas boliviano, por ser una medida 'injusta' para las empresas extranjeras que trabajan en Bolivia, ya que no se ha cumplido el 'tiempo de negociación' prometido por las autoridades. Respecto a la continuidad de la empresa en Bolivia, señaló que 'ahora hay que estudiar lo que significa el decreto, comentarlo con las autoridades y después ya veremos si es posible llegar a un acuerdo racional entre las partes'. Brufau recordó que Bolivia mantiene tratados de protección recíproca de inversiones y 'no puede estar al margen' del sistema político internacional'.Por su parte, en un comunicado, el grupo señaló que sus servicios jurídicos estudian 'pormenorizadamente' todas las implicaciones del decreto 'antes de tomar decisión alguna al respecto'. No obstante, Repsol arbitrará 'todas las acciones a su alcance para proteger los activos y preservar el empleo de las personas que trabajan de forma directa e indirecta en Bolivia'. Al ser poco concreta, la compañía no quiso valorar la nueva norma, pero, en una primera aproximación, la calificó de 'inquietante'.