¡Por fin la Ley de Dependencia!
La aprobación de la Ley de Dependencia será probablemente el acontecimiento social más importante de la presente legislatura. Entramos así en la fase definitiva de un proceso que comenzó en marzo de 2004 con un informe de una comisión de expertos, que creó el PP en octubre de 2003 según el Acuerdo para la Mejora y Desarrollo del Sistema de Protección Social del año 2001. La secretaria de Estado de Servicios Sociales, Amparo Valcarce, se comprometió, al recibir ese informe, a elaborar un Libro Blanco sobre ese tema y el 23 de diciembre de 2004 el ministro de Trabajo lo presentó en un volumen de cerca de 1.000 páginas. A finales del 2005 el Gobierno aprobó un anteproyecto de Ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia y el pasado viernes, 21 de abril, el Consejo de Ministros aprobó el proyecto de ley.
Esta ley es de una importancia social máxima porque pretende atender a un creciente sector de nuestra población. En los países de nuestro entorno, Austria fue el primero en establecer en 1993 un sistema especial de protección para la dependencia, le siguieron Alemania en 1995, Francia en 1997 y Luxemburgo en 1998, pero anteriormente se habían implantado ya estos sistemas en los países nórdicos y Holanda.
Junto a esta finalidad principal de atención a la dependencia, la ley puede tener unas consecuencias sociales de gran importancia para nuestro país en cuanto beneficiará a un grupo numeroso de ciudadanos, sobre todo mujeres, que por dedicarse en su entorno familiar a discapacitados de diverso tipo ni pueden tener un desarrollo profesional autónomo ni reciben ninguna compensación económica por un trabajo que para otras personas es su actividad profesional. La aplicación de la ley requerirá, además, aumentar los puestos de trabajo de las diversas profesiones que atenderán a los nuevos servicios sociales y permitirá que se profesionalicen muchos cuidadores domésticos, en gran parte inmigrantes, que viven en condiciones de economía sumergida.
Para que se puedan conseguir esos objetivos tan deseables se ha elaborado un proyecto de ley que tiene una cierta complejidad. La primera dificultad, que no resuelve completamente el articulado del proyecto, proviene de que se trata de una ley para todo el Estado pero que se refiere a unas competencias que han sido transferidas a las comunidades autónomas. Se dice, por ejemplo, que se garantiza que todos los ciudadanos tendrán los mismos servicios, pero para la cooperación interadministrativa entre la Administración general del Estado y cada comunidad autónoma se establecerán convenios en los que se determinará la intensidad de las prestaciones. El Ejecutivo, pues, garantizará contenidos mínimos para todo el territorio pero las comunidades podrán ampliarlos con cargo a sus presupuestos.
En el aspecto de la financiación, que es un tema clave, como lo demuestran las dificultades que están teniendo en Alemania y Francia, tampoco resultan muy acertadas las propuestas del proyecto. Coherentes con el principio de universalidad de estas prestaciones, los recursos procederán de los presupuestos de las Administraciones públicas y de la participación de los beneficiarios. La dificultad se plantea al establecer, por una parte, que en los convenios suscritos entre la Administración general del Estado y cada comunidad autónoma se determinarán las obligaciones asumidas por cada una de las partes para la financiación de los servicios y prestaciones y que la aportación de la comunidad autónoma será, al menos, igual a la que realice la Administración general.
Y por si quedara alguna duda sobre la poca consistencia de este planteamiento, la señora Valcarce, en una entrevista, a la pregunta de qué ocurriría si alguna comunidad planteara problemas para firmar su convenio por desacuerdo con los criterios empleados, respondió que era impensable que alguna comunidad no quisiera participar.
Esperemos, pues, que nuestros representantes políticos, conscientes de la trascendencia de esta ley y aprovechando la experiencia de los muchos países que nos han precedido en crear un sistema para la protección de la dependencia, superen en el debate parlamentario estos y otros fallos técnicos del proyecto para que nuestra ley sea la mejor de Europa, como se ha anticipado a predecir el ministro de Trabajo.