Inmigración en EE UU
En las últimas semanas las propuestas legislativas sobre la inmigración han causado grandes disputas en EE UU y han llevado a la organización de algunas de las manifestaciones más grandes que se recuerdan por todo el país. Se estima que en la actualidad hay aproximadamente 33 millones de inmigrantes en EE UU. Un tercio ha conseguido la ciudadanía, otro tercio ha obtenido las denominadas tarjetas verdes de residencia permanente, y el último tercio son, dependiendo de la perspectiva del que los defina, los indocumentados o ilegales, principalmente provenientes de México y otros países latinoamericanos. El crecimiento de este último grupo ha sido espectacular: ha aumentado de cuatro millones en 1992 a los 11 millones actuales, que representan un 5% de la fuerza de trabajo.
El Congreso de EE UU está tratando de dar respuesta a esta situación, pero se encuentra profundamente dividido. Por un lado están los que apoyan el endurecimiento de la sanciones contra los trabajadores ilegales y sus empleadores. La Cámara Baja ha aprobado legislación en este sentido que incluso propone la construcción de una nueva valla que separe gran parte de la frontera entre EE UU y México. El Senado, por el contrario, está discutiendo una propuesta que, pese a que también endurece las sanciones a los empleadores de inmigrantes ilegales, propone el establecimiento de un programa de trabajadores-invitados que permitiría a 400.000 extranjeros trabajar en EE UU cada año, y crea un procedimiento para la regularización de la situación de millones de inmigrantes ilegales que están actualmente en el país.
Según los proponentes de las sanciones, el aumento del flujo migratorio de los últimos años exige algún tipo de respuesta por el impacto de la inmigración en los salarios y en los costes presupuestarios para los Estados. De acuerdo con los últimos estudios (por ejemplo el del profesor George Borjas) los salarios de los trabajadores estadounidenses que no han terminado el bachillerato serían un 8% más altos si se hubiese controlado la inmigración desde México entre 1980 y 2000 (según su estudio la pérdida de salario anual media para los trabajadores estadounidenses en esas dos décadas ha sido de 1.200 dólares o un 4%). Esto ha perjudicado más severamente a las minorías (sobre todo a los afroamericanos), y ha tenido un impacto redistributivo importante a favor de los empleadores que contratan a los inmigrantes a costa de los trabajadores nativos que compiten con ellos. Otros estudios muestran también el impacto de la inmigración en el desempleo, que es un 14,3% entre trabajadores que no han terminado el bachillerato (7,4% entre los inmigrantes). Por último, se argumenta que pese a la idea de que los inmigrantes hacen labores que los trabajadores nativos no están interesados, en realidad los inmigrantes son sólo mayoría en cuatro de 473 clasificaciones de trabajo (como costureros o peluqueros), lo que muestra que esta idea es una quimera. Si estos trabajos los hiciesen nativos los empleadores tendrían que pagar más.
Estos argumentos obvian que los inmigrantes indocumentados son también consumidores que crean demanda de bienes y servicios lo que es muy beneficioso para la economía, y que su disponibilidad a trabajar por salarios más bajos contribuye a controlar la inflación. Además hay que resaltar la hipocresía de muchos de los que apoyan sanciones contra los inmigrantes pero que al mismo tiempo se oponen a sancionar a los empleadores que les dan trabajo. Si de verdad se penalizara a estos últimos la demanda se limitaría drásticamente. Sin embargo, según datos del Departamento de Seguridad Doméstica el número de investigaciones federales contra empleadores que hayan podido contratar a inmigrantes ilegales cayó un 62% entre 1992 y 2003. En ausencia de sanciones reales a empleadores, las posibilidades de éxito en reducir el flujo de inmigración son mínimas.
El riesgo de inacción es alto ya que se pueden intensificar las tensiones sociales cuando se produzca una crisis económica que lleve a una competencia aún mayor por los empleos. Este problema puede ser aún más intenso en economías como la de EE UU (o España) si se produce una crisis en la construcción ya que cientos de miles de inmigrantes trabajan en este sector. Si como parecen mostrar los datos, la inmigración ilegal presiona a la baja los salarios en estos sectores, el resultado serán mayores desigualdades que llevaran a respuestas populistas y a un aumento de la xenofobia.
La clave reside sin embargo, en mejorar las condiciones de vida en los países de origen de los inmigrantes. España es un caso paradigmático que merece la pena recordar. Cuando entramos en la UE había grandes temores en otros países europeos a que se produjese una ola incontrolada de inmigración de españoles hacia el norte. Estos temores no se materializaron. Por el contrario, hoy España es un país receptor neto de inmigrantes. En este sentido la reforma más importante que pueden hacer los países de rentas más altas para frenar los flujos de inmigración es dar acceso a sus mercados a los productos de los países más pobres. Desgraciadamente el curso de las negociaciones actuales en la Organización Mundial de comercio (OMC) no permite augurar grandes expectativas en este sentido.