La CNMV frenará la opa de Eon si se paraliza la de Gas Natural
El real decreto ley que amplía las funciones de la CNE para examinar la compra de empresas energéticas no es 'un nuevo sistema de autorizaciones' y cumple con el Tratado de la CE que prevé limitaciones a la libre circulación de capitales 'por razones de seguridad pública'. El Gobierno contestó el viernes al requerimiento de la CE utilizando un extenso argumentario legal.
Con una semana de retraso, España respondía el viernes a la aclaración solicitada por Bruselas sobre la ampliación de competencias de la Comisión Nacional de Energía (CNE). En un texto de 12 páginas, el Gobierno reclama su derecho a invocar razones de seguridad pública para imponer ciertos controles a las inversiones en el sector energético.
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, intentaba ayer en Bruselas desactivar el conflicto energético que le enfrenta con Berlín y Bruselas. Zapatero, aprovechando la cumbre europea celebrada en la capital comunitaria, se entrevistó brevemente (unos 20 minutos) con la canciller alemana, Angela Merkel. Sus relaciones bilaterales se habían tensado desde que Merkel anunciara al presidente, en el último minuto y como un hecho consumado, que la compañía alemana Eon iba a lanzar una opa por Endesa.
El propio presidente fue el que anunció, tras concluir el Consejo Europeo, que España había enviado la respuesta a las explicaciones pedidas por la CE.
La carta, enviada una vez convalidado en el Congreso el real decreto-ley que amplía las funciones de la CNE, comienza recordando que, frente la presencia de capital público en grandes eléctricas europeas, como EDF, Enel o EDP, 'Estados como el español, que han cumplido sus obligaciones de liberalización y han privatizado las empresas del sector, se encuentran obligados a establecer medidas que garanticen que la toma de participaciones en las empresas energéticas no pueda suponer un peligro para la propia estabilidad financiera de las empresas'.
Madrid recuerda a Bruselas que el Tratado de la UE permite limitar el derecho de establecimiento y la libre circulación de capitales si se justifica 'por razones imperiosas de interés general'. Y apunta a circunstancias 'relacionadas, entre otras cosas, con la seguridad pública y el orden público' (artículo 58.1.b). Fuentes próximas al Gobierno recuerdan que el Tribunal de la UE ya ha admitido en diversas ocasiones que 'la seguridad del abastecimiento energético es una de esas razones'.
Además de ampararse en el propio Tratado, la misiva explica detalladamente a Bruselas la polémica función 14 de la ley de hidrocarburos y por qué ha sido ampliada. Hasta ahora, la función 14, por una asimetría legal, sólo sometía a control regulatorio inversiones efectuadas por sociedades con actividades reguladas (gestión del sistema, transporte y distribución de energía, así como regasificación, almacenamiento estratégico, transporte y distribución de gas. A partir de ahora, se 'corrige una laguna en las funciones de la CNE', porque podrá examinar también las operaciones de concentración cuando la adquirida sea una sociedad que opere, con más de un 10% del capital, en actividades reguladas.
El documento responde también, punto por punto, a la extensa requisitoria del comisario europeo de Mercado Interior, Charlie McCreevy, a la que el Gobierno califica, quizá sin ironía, de 'atenta comunicación'. Madrid comienza por recordarle a McCreevy, que esta semana decía contar ya con la información suficiente para expedientar a España por la reforma de la CNE, que 'el real decreto ley no introduce un nuevo sistema de autorización', pues éste ya existía con anterioridad. Simplemente, asegura el Gobierno, se corrige la asimetría existente.
España asegura en la misiva que la ampliación de poderes de la CNE 'evita situaciones de discriminación'. De hecho, el Gobierno cree que, de no ser así, la que sufriría la discriminación sería la propia Gas Natural, cuya oferta por Endesa sí ha tenido que pasar el filtro de la CNE. De momento, Bruselas no se ha pronunciado sobre la carta.
Por su parte, en su reunión con Zapatero, Angela Merkel aseguró que éste sólo le informó sobre la situación general pero no del futuro de la opa de Eon, informa Efe. Sobre la posibilidad de que España bloquee esta opa, Merkel se limitó a expresar su 'impresión' de que no será así, 'a menos de que, aparte de lo que yo he leído hasta ahora, haya informaciones secretas', subrayó.
Funciones del regulador. Sin relación con la 'acción de oro' ni con la 'ley Rato'.
En su carta a la CE, el Gobierno despeja las dudas comunitarias sobre una posible relación entre los criterios del real decreto que amplía las funciones de la CNE con la llamada ley Rato (cuya disposición adicional 27 veta la participación de empresas públicas extranjeras en sociedades españolas) y con la Ley 5/95 sobre la acción de oro, que limita las participaciones en empresas de sectores estratégicos, y que está en proceso de derogación.Sí tiene una 'evidente relación', indica la carta, con dos reales decretos belgas, aceptados por el Tribunal de Justicia de la UE, sobre la potestad del Gobierno de Bélgica para autorizar las inversiones en determinados sectores, como el energético. Entre las razones de seguridad pública que permiten limitar la libertad de circulación de capitales que establece el Tratado de la UE, ese tribunal reconoce el abastecimiento mínimo de productos petrolíferos que es aplicable a otros artículos del citado Tratado.
Respuestas. El sistema de autorización previa 'ofrece menos incertidumbres'
La carta remitida por el Gobierno a Bruselas, a través de Asuntos Exteriores, fue elaborada hace varias semanas y ha llegado a tener varias versiones. Además de una justificación general, la misiva responde, punto por punto, a las 10 preguntas que incluía el requerimiento comunitario sobre la ampliación de los poderes de la CNE. En la carta se defiende el sistema de control previo (ex ante) frente al de autorización posterior (ex post) porque ofrece, según el Ejecutivo, menos incertidumbre y más seguridad. Para la CE los criterios del real decreto son 'imprecisos, vagos y discriminatorios' y preguntaba a España qué mecanismos jurídicos tienen las empresas para recurrir las decisiones del regulador. El gobierno niega tales adjetivos y recuerda que el sistema de recursos administrativos españoles ofrece todas las 'garantías de control'. Además, recuerda que la CNE ha dictado 220 resoluciones, en su mayoría favorables, y muy pocas han sido recurridas.
A disposición de la CE
El Gobierno español, que ha recibido una amenaza de expediente por demorarse en la respuesta, confía en que los argumentos 'claros y contundentes' ofrecidos a Bruselas 'sirvan para disipar cualquier duda'. En todo caso, se ofrece a ampliarlos 'si así se solicita'.