El tortuoso camino hacia el mercado europeo de servicios
La Directiva Bolkestein, encaminada a eliminar los obstáculos a la prestación de servicios en la UE, está rodeada de polémica. Según el autor, aborda un tema básico: la excesiva y heterogénea regulación en los distintos Estados miembros. Esta es una semana clave para la norma, que llega al Parlamento Europeo
Hoy se debatirá en el Parlamento Europeo la controvertida Directiva de Servicios, también conocida como la Directiva Bolkestein. Tal ocasión no será una excepción en la polémica historia de la directiva y la discusión se verá acompañada por una manifestación convocada por los sindicatos europeos.
La Directiva de Servicios tiene por objeto la eliminación de obstáculos a la provisión y al comercio de servicios en Europa y cubre sectores tan diversos como la construcción o los servicios legales. La polémica en torno a la directiva, personificada en el mítico fontanero polaco, estuvo muy presente en el no francés a la Constitución europea. Pero, ¿en qué consiste la Directiva de Servicios?, ¿es necesaria?, ¿por qué es objeto de tanta polémica?
El sector servicios representa cerca del 70% del PIB y el empleo europeo y es el principal componente del crecimiento de las economías europeas. En la última década, Europa ha crecido por debajo de EE UU y ello ha sido en parte debido a un menor crecimiento del sector servicios y a un menor peso del mismo sobre el crecimiento de la economía. La productividad del sector servicios también ha crecido menos en Europa que en EE UU y, por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, el proceso de convergencia de la productividad entre ambas regiones se ha visto interrumpido.
La polémica en torno a las consecuencias de la directiva sobre el modelo social europeo pone en peligro la aprobación de otros aspectos fundamentales de ésta
Los expertos achacan este menor crecimiento al menor nivel de innovación, a la menor tasa de adopción de nuevas tecnologías y al mayor nivel de regulación que restringe la entrada de nuevas empresas en el mercado y limita el comercio de servicios en la UE.
La Directiva de Servicios no es la solución a todos los problemas del sector servicios en Europa pero aborda uno de los aspectos más importantes: la excesiva y heterogénea regulación en los distintos Estados miembros. La directiva persigue eliminar aquellas normas que limitan la competencia sin motivo justificado (por ejemplo, restricciones en el número de empresas o complejos sistemas de autorización) y suprimir los obstáculos al comercio transfronterizo de servicios (como la exigencia de representación legal en el país de destino o de autorizaciones especiales para proveedores extranjeros).
La polémica en torno a la directiva no surge tanto de la liberalización de los servicios a nivel nacional (liberalización entendida como la supresión de medidas que obstaculizan la competencia sin un motivo justificado y no como total desregulación) sino de la provisión transfronteriza de servicios y, en concreto, de la aplicación del principio del país de origen que establece que un proveedor de servicios podrá ejercer su actividad en cualquier país de la UE sujeto a las normas de su país de origen (algunas normas relacionadas con la protección del consumidor o del medio ambiente estarían exentas de la aplicación de este principio).
La aplicación de este principio permitiría a los prestadores de servicios ejercer su actividad en terceros países de forma inmediata y, a la vez, induciría a los Gobiernos a reformar sus marcos regulatorios para no colocar a las empresas nacionales en desventaja competitiva frente a proveedores de otros países.
El comercio de muchos servicios requiere el desplazamiento del proveedor. ¿Se aplicaría el principio del país de origen a los trabajadores desplazados?, ¿estarían los trabajadores desplazados sujetos a las condiciones sociolaborales del país de origen? La directiva excluye a los trabajadores por cuenta ajena de la aplicación del principio pero no a los trabajadores por cuenta propia. El problema adquiere especial relevancia en los países fronterizos con los nuevos Estados miembros en los que podrían coexistir prestadores de servicios sujetos a modelos sociolaborales muy distintos.
Este hecho pone de manifiesto la imposibilidad de profundizar en la integración de los mercados de bienes y servicios sin una coordinación de las políticas sociolaborales en un marco común europeo. La polémica en torno a las consecuencias de la directiva sobre el modelo social europeo pone en peligro la aprobación de otros aspectos fundamentales de la misma. Para evitar un posible bloqueo, la directiva debiera delimitar claramente su ámbito y evitar interferir en aquellos terrenos que son competencia exclusiva de los Gobiernos nacionales, como las políticas sociolaborales. Es posible avanzar en la integración del mercado de servicios mediante la eliminación de barreras de acceso al mercado y la aplicación del principio del país de origen a aquellos aspectos que no interfieran con la normativa sociolaboral.
Sin embargo, una mayor profundización en la integración de los mercados de servicios requeriría abordar conjuntamente la reforma de los mismos y la coordinación de las políticas sociolaborales y no buscar atajos mediante instrumentos que sólo abordan parcialmente el problema. Esta es claramente una de las principales asignaturas pendientes del proceso de integración europea.