Inflación persistente
El dato provisional de la inflación en enero (4,2%) no sólo es la tasa más alta de inflación desde la integración en el euro (junto a las registradas en los meses de mayo y junio de 2001) sino que representa un diferencial de inflación (de 1,8 puntos) sólo superada por los 1,9 puntos de febrero de 2001. Desde el comienzo de la unión monetaria los precios al consumo españoles se han encarecido un 8,4% más que en la media de la Unión.
La descomposición de los índices de precios (el español y el de la Unión) en sus componentes proporciona interesante información. El mayor crecimiento de los precios de los servicios en España es uno de los componentes que más explica el diferencial de inflación con la eurozona. Y así ha sido a lo largo de todos estos años desde la integración monetaria. Pero en los últimos años, desde 2002, el diferencial de inflación de los precios de los alimentos ha contribuido también a la mayor inflación española. Con la crisis de las vacas locas en 2001 se aceleraron los precios de los alimentos en toda Europa, pero mientras que en el resto de los países se produjo una sustancial disminución del ritmo de aumento de estos precios en 2002, en España se ha mantenido una tasa alta que, aunque ha disminuido últimamente, no lo ha hecho lo suficiente para reducir el sustancial diferencial con la evolución de los precios de los alimentos en la media de la eurozona.
El núcleo del problema se encuentra pues en distintos sectores servicios. En el de la distribución, responsable de la persistencia de la inflación de los alimentos, y en los distintos subsectores de los servicios consumidos por las familias españolas, cuyos precios constituyen el componente de servicios del IPC. Y es en ellos en donde son necesarias reformas estructurales que permitan mejorar su competencia y su eficiencia (su productividad).
Las consecuencias de mantener un diferencial de inflación positivo con los países con los que se comparte la misma moneda son varias. En primer lugar, supone un encarecimiento relativo de los servicios españoles para los consumidores europeos, incluidos los españoles. Lo que puede afectar, de hecho está afectando, a la competitividad del turismo.
En segundo lugar, impulsa un mayor crecimiento de los salarios nominales, que para mantener en España su capacidad adquisitiva tienen que crecer a una tasa mayor que en el resto de Europa, sin que ello suponga un aumento en el salario real. El coste laboral unitario relativo, una de las medidas más relevantes de la evolución de la competitividad general, se eleva si los salarios nominales crecen más y también si la productividad del trabajo crece menos. Por tanto, el mayor crecimiento salarial impulsado por el diferencial en el coste de la vida es un factor que contribuye a que en España el coste laboral unitario crezca más que en el resto de Europa.
El otro factor que gobierna la evolución del coste laboral unitario relativo es el diferente comportamiento de la productividad. Acabamos de tener una nueva confirmación, en el reciente informe de la OCDE En busca del crecimiento, de que la evolución de la productividad en España es muy pobre y sensiblemente peor que en la mayoría de los países europeos. Pero las causas de una inflación persistente son deficiencias en la competencia y, de nuevo, un escaso crecimiento de la productividad.
Parece claro que las reformas para la reducción del diferencial de inflación tienen que centrarse, en principio, en los mercados de los productos, especialmente en los servicios.
Pero en la medida en que el mal comportamiento de la productividad esté afectado también por el funcionamiento del mercado laboral, como piensa la OCDE, de forma acertada en mi opinión, conseguir una mayor flexibilidad en la gestión de los recursos humanos (manteniendo niveles aceptables de seguridad) tendría efectos positivos sobre la productividad y sobre la inflación. Esa mayor flexibilidad necesita una reducción de la temporalidad en la contratación, unos menores costes de despido, menores restricciones a la organización interna de las empresas y una determinación salarial más pegada a cada realidad empresarial.
Una última consecuencia del diferencial de inflación con los países de la unión monetaria es que el tipo de interés real es menor en España, impulsando una mayor demanda de viviendas y de bienes de consumo duradero. Lo que en el contexto de la actual burbuja inmobiliaria no parece deseable. Ni contribuye al necesario cambio en la composición de la demanda final.