Furor en EE UU por el negocio prohibido del juego en internet
Los estadounidenses apuestan y la banca invierte en las casas de juego en la red, aunque son ilegales en el país
En EE UU hay una curiosa relación con lo prohibido. Hace tiempo que se ha asumido que no se puede fumar ni en el lugar de trabajo ni en los locales públicos de cada vez más Estados, sin embargo, otras prohibiciones son más difíciles de digerir y no se respetan. Lo fue la que se llamó La Prohibición de 1920, por la que se consideró delito producir, importar y vender alcohol, y lo son las apuestas en casinos en internet.
Pero de la misma forma que se bebía en los llamados speakeasy, los estadounidenses juegan a través de ubicuos casinos online con sede en el Caribe, Costa Rica o Gibraltar, entre otras localizaciones, y que están prohibidos en EE UU por una ley de 1961, el Wire Act, que impide las apuestas por teléfono y ahora se aplica a la red.
Estos casinos, unas 300 empresas con cerca de 2.100 sitios en internet, movieron unos 12.000 millones de dólares el año pasado frente a los 8.300 del anterior. Se calcula que, a pesar de la prohibición, los estadounidenses son responsables de la mitad de esta cantidad y que en 2010 las apuestas pueden llegar a suponer un negocio de 24.000 millones de dólares.
Con esta base de clientes y estas proyecciones de crecimiento, el casino online es un imán para los inversores. Algunos de ellos cotizan en la Bolsa de Londres y, en el caso de PartyGaming, esta popular empresa desembarcó en el mercado con la mayor OPV en cinco años.
A pesar de la prohibición, Wall Street no ha pasado por alto este negocio y, según una reciente investigación de The New York Times, bancos como Goldman Sachs, Merrill Lynch, Morgan Stanley y Fidelity tienen en sus carteras millones de dólares en títulos de empresas que cotizan en Londres como SportingBet.com, BetOnSports o la propia PartyGaming.com, y no se trata sólo de sus oficinas en Europa, sino también de las de Nueva York. Algunas de las entidades dicen que las tienen en nombre de clientes.
A todo esto, y para disgusto de algunos legisladores que quieren endurecer las leyes y hacer que realmente se cumplan, las autoridades suelen mirar para otro lado. Desde el Departamento de Justicia se insiste en que el juego online es ilegal, pero admiten que se pueden operar casinos en países que los permitan y no se viola la ley apostando.
Para los bancos de inversión el riesgo de posibles sanciones que puedan llegar estaría compensado con la rentabilidad de las acciones de este negocio.
Eso si llegan. Hasta ahora no hay muchos precedentes. El caso más conocido es el de Jay Cohen, un empresario de California que puso en marcha en 1997 un casino en la red desde la isla de Antigua en el Caribe. Un año después, el Gobierno, con la Wire Act en la mano, le acusó y voluntariamente regresó a EE UU a afrontar un litigio que acabó con una declaración de culpabilidad y una condena de cárcel en la que pasó 17 meses.
La semana pasada la revista deportiva The Sporting News acordó pagar 7,2 millones de dólares a la fiscalía para zanjar un juicio en el que se acusaba a los editores de promover el juego ilegal a través de anuncios de casas de apuestas en internet y por teléfono. Parte de esta cantidad, tres millones de dólares, se dedicará a una campaña en la revista que advierta sobre la ilegalidad de esta afición tan rentable y compartida por tantos en EE UU.