Qué cambiará con el nuevo Estatut catalán
La definición de Cataluña como una nación y el modelo de financiación son las dos cuestiones que más han dificultado el acuerdo sobre el nuevo Estatuto catalán. Si finalmente los términos negociados por Zapatero y Mas se mantienen, el texto definitivo distará mucho de las pretensiones iniciales de los partidos catalanes en ambas cuestiones, pero mejorará considerablemente el Estatuto de 1979, el modelo actual de financiación de las CCAA y el nivel de autogobierno de Cataluña.
Nación. El texto aprobado por el Parlamento catalán el pasado 30 de septiembre definía Cataluña como una nación en su artículo 1. El acuerdo alcanzado prevé que la redacción del artículo 1 del nuevo Estatuto sea la misma que en el de 1979, donde se define Cataluña autónoma como una nacionalidad, igual que hacen otras seis CC AA españolas. ¿En qué ha cedido entonces el PSOE? En la redacción del preámbulo, descriptivo, que recoge el sentimiento de nación de ciudadanos catalanes y el texto que aprobó el Parlament catalán el pasado 30 de septiembre en el que Cataluña se definía como nación.
Financiación. Los partidos catalanes aspiraban a la gestión de todos los impuestos recaudados en Cataluña. El acuerdo alcanzado prevé la cesión de un 50% del IRPF (frente al actual 33%), del 50% de IVA (frente al 35%) y del 58% de los impuestos especiales sobre alcohol tabaco y gasolina (frente al 35% actual). La consecución de estas cuotas supone que más del 50% del total de impuestos recaudados en Cataluña se gestionarán en la propia comunidad. El gobierno catalán tendrá capacidad normativa sobre el tramo autonómico del IRPF, y sobre los carburantes, como hasta ahora, y está por definir la capacidad normativa sobre el tramo minorista del IVA. Además una comisión bilateral (Gobierno central- Generalitat) podrá modificar las condiciones del acuerdo cada cinco años sin necesidad de volver a reformar el Estatuto.
Agencia tributaria. Se aspiraba a una agencia propia catalana, pero el acuerdo ha rebajado esta pretensión a la creación de una consorciada que funcionará durante dos años y que podrá derivar entonces hacia una propia.
Inversiones. En los próximos siete años la inversión central en Cataluña no podrá ser inferior al porcentaje de PIB español que aporta Cataluña (actualmente del 18,5%). Se pacta también la inversión adicional de entre 2.500 y 3.000 millones en ese periodo para paliar el déficit existente hasta ahora y que podrá destinarse a la creación de infraestructuras o a la reducción de peajes.
Solidaridad. Un criterio clave para los partidos catalanes y que el PSOE no aceptaba hasta ahora. Finalmente se introducirán mecanismos inspirados en el modelo alemán y que garanticen que una comunidad que ceda parte de sus fondos no quede por debajo, en el ranking de riqueza, de otra que los reciba.
Más competencias. El gobierno catalán tendrá competencias en la concesión de permisos de trabajo y en la fijación de cuotas de inmigración, un asunto que no se mencionaba en el estatuto de 1979. Quedan flecos pendientes, entre otros, en la cesión de la gestión de puertos y aeropuertos, la administración de justicia y la figura del defensor del pueblo.
Lenguas. Se mantiene la cooficialidad del catalán y del castellano.