COLUMNA

Del enfoque preventivo al análisis de impacto

La Comisión Europea se encuentra en proceso de revisión de la regulación de la UE. Uno de los principios que se consideran es la simplificación de las normas. Este principio no es nuevo, puesto que ya se estableció en el Consejo de Edimburgo de 1992 que contar con una buena regulación era un objetivo prioritario, frente a la tendencia de regular mediante proliferación de normas. La producción de normas se debía basar en los requisitos de subsidiariedad y proporcionalidad y se debía acompañar con una evaluación del impacto regulatorio. No obstante, la complejidad de la construcción europea ha dificultado la efectividad de estos propósitos, y en 2002 la Comisión Europea volvió a emitir un programa para lograr una buena regulación.

En primer lugar, la Comisión reconoce que la preparación de las normas es insuficiente ya que no se realizan análisis sobre su impacto sobre los agentes implicados. Además, las normas deben apoyarse en conocimiento técnico y científico sobre las materias, y por lo tanto deben participar expertos en su elaboración. Estas contribuciones permitirán despejar la incertidumbre sobre los efectos de las normas, que parece justificar el tradicional principio de precaución regulatoria.

En segundo lugar, se precisa su correcta aplicación, ya que no es positivo producir normas sin asegurarse de que todos los países de la Unión las adoptan. En resumen, se pretende simplificar la regulación, pero hacerla más efectiva.

El análisis del impacto regulatorio (AIR) constituye una piedra angular de las iniciativas para una mejor regulación y es uno de los puntos señalados en la Estrategia de Lisboa para conseguir colocar a Europa en situación de liderazgo competitivo en 2010. El AIR señala que las propuestas regulatorias deben tener en cuenta los costes y beneficios socioeconómicos, y las alternativas de política económica. Los análisis de coste-beneficio informan al público sobre los beneficios que reciben a cambio de las restricciones (y perjuicios) que conllevan las normas.

Este nuevo enfoque supone un cambio respecto al tradicional principio de precaución regulatoria, según el cual las normas deben proporcionar seguridad y evitar perjuicios. Sin embargo, la idoneidad de proporcionar seguridad sin evaluar su coste puede ser discutible. También es discutible que se pueda considerar que una regulación no produce perjuicios de forma universal, puesto que la existencia de intereses antagónicos es también universal.

Si una regulación reduce ciertos riesgos, seguro que también aumenta otros. Como señalaban el economista Robert Hahn y el jurista Cass Sunstein, en un artículo publicado en The Wall Street Journal el 1 de noviembre de 2004, 'si los reguladores tratan de eliminar todos los riesgos, se pueden llevar por delante gran parte, o incluso la totalidad, del PIB del país'. El principio de precaución se ha justificado por la necesidad de los políticos de generar confianza en los ciudadanos. No obstante, este principio no proporciona una guía práctica para regular.

El objetivo de conseguir una mejor regulación ha impulsado muchas iniciativas de análisis tanto en países Europeos como en organizaciones internacionales. A finales de 2004, la prestigiosa Brookings Institution lanzó una iniciativa, en colaboración con el Grupo de Economía Mundial (GEM), para evaluar las regulaciones a nivel europeo, así como su impacto sobre las relaciones entre Europa y Estados Unidos. Esos estudios se verán pronto completados por una nueva iniciativa, ya que el Centro para los Estudios sobre Política Europea (CEPS) va a inaugurar a finales de enero un programa para analizar la regulación europea y su impacto, bajo el nombre de Red Europea para una Mejor Regulación.

Hay que tener cuidado de que los planteamientos de realizar estos AIR no queden sobre el papel. Por otra parte, al realizarse a nivel nacional, también existe el riesgo de que los análisis sean muy diferentes y esto genera el riesgo de que la búsqueda de una mejor regulación paradójicamente pueda influir en contra de la convergencia en su aplicación. Esto resalta la necesidad de que Europa se dote de una mejor capacidad de supervisión de la aplicación normativa.

Como se puede ver, el proceso de regulación europeo tiene aún mucho camino que recorrer. No obstante, los planteamientos que se están haciendo y los estudios y discusiones que conllevan resultan de extrema utilidad para el logro de una mejor regulación no sólo a nivel europeo, sino también nacional.