Los residuos nucleares en España
La naturaleza de los residuos nucleares obliga a que su gestión sea distinta del manejo de otros subproductos tóxicos o peligrosos. El mayor requisito es, en un sentido estricto, la seguridad, para la que se requieren sistemas institucionales de gestión, según el autor, que se suma al Debate Abierto en torno al futuro de la energía nuclear
Una de las características de la generación de electricidad con combustibles fósiles es la producción de grandes cantidades de subproductos potencialmente contaminantes, principalmente en forma de emisiones gaseosas y residuos sólidos. Las importantes economías de escala de estas tecnologías favorecen la construcción de centrales de gran potencia con el correspondiente empleo de grandes cantidades de combustible como materia prima.
La energía química que contienen es aprovechada pero en el proceso no hay pérdida significativa en la cantidad de materia empleada. Por el contrario, la generación de contaminantes gaseosos y líquidos en las centrales nucleares, basadas en el aprovechamiento de la energía contenida en el núcleo de los átomos, es muy reducida, prácticamente nula. La producción de residuos sólidos, a los que comúnmente se conocen como residuos radiactivos, también es pequeña; del orden de algunos pocos cientos de metros cúbicos al año. La diferencia es que los materiales radiactivos residuales contienen gran cantidad de energía. Su emisión en forma de radiaciones ionizantes es potencialmente peligrosa para los seres vivos y el medio ambiente. Y esto durante los largos períodos de tiempo -cientos, miles de años- que tardan los elementos más nocivos en perder su radiactividad.
La gestión de los residuos radiactivos tiene como objetivo evitar los riesgos a las personas y al medio ambiente que resultarían de no hacer nada con estos desechos. La larga duración de su potencial radiotóxico y la naturaleza invisible de las radiaciones obliga a que su gestión sea específica, distinta del manejo de otros residuos tóxicos o peligrosos. Desde su producción hasta su eliminación o aislamiento definitivo del medio ambiente, el mayor requisito es, en un sentido estricto, la seguridad. Lo cual tiene una dimensión más amplia que la puramente tecnológica: hay que establecer sistemas institucionales de gestión que garanticen la supervisión adecuada de instalaciones y prácticas, es preciso establecer la financiación de las actividades de gestión por anticipado, se debe planificar las estrategias de gestión y la disponibilidad y continuidad de recursos para completar con éxito las actividades de I+D, es necesario mantener el inventario y conocimiento continuo de la situación y ubicación de los residuos y, por último, es obligado implantar mecanismos de participación pública en los procesos de decisión sobre planes e instalaciones.
De alguna manera se puede afirmar que en España se articuló este entramado en 1984, cuando fue creada la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa), tras una Resolución del Congreso de los Diputados. El mandato del Parlamento consistía en la creación de una empresa pública que gestionara todo tipo de residuos radiactivos y combustible nuclear gastado que se produjera en el país y el desmantelamiento de las centrales nucleares y de cualquier otra instalación radiactiva o nuclear encomendada por el Gobierno. Desde entonces se ha consolidado un sistema integral de gestión de los residuos de baja y media actividad que tiene su instalación básica en El Cabril (Córdoba) y se han aportado soluciones fiables para el almacenamiento temporal del combustible nuclear gastado mediante el cambio de bastidores. También ha sido acometido con éxito el desmantelamiento de instalaciones y la restauración posterior de sus emplazamientos. Es el caso de la central nuclear de Vandellós I (Tarragona), de numerosas minas de uranio y de las fábricas de concentrados de uranio de Andújar (Jaén) y La Haba (Badajoz).
En el futuro próximo, estas infraestructuras se completarán con una instalación complementaria de residuos de muy baja actividad en El Cabril. Se iniciará el desmantelamiento de la central nuclear de Zorita (Guadalajara) y el de otras instalaciones nucleares que también han concluido su actividad. Pero los proyectos de más envergadura en los próximos años serán los relativos a la gestión intermedia del combustible gastado y los residuos de alta actividad ya que la capacidad actual de almacenamiento es insuficiente. La estrategia básica se centra en la construcción de un almacén temporal centralizado (ATC) que agrupe en un único emplazamiento todo el combustible gastado y los residuos de alta actividad. Es la solución con mayores ventajas en el plano de la seguridad, de la técnica y de la economía. En el ámbito institucional, Enresa se transformará en una entidad pública empresarial (EPE) para dar cumplimiento adecuado a las nuevas condiciones establecidas por el Gobierno sobre la naturaleza de servicio público de la gestión de los residuos radiactivos y sus vías de financiación.
Hasta la fecha el sistema ha garantizado niveles adecuados de seguridad. El funcionamiento de todas las instalaciones y servicios no ha arrojado ningún incidente significativo, y en todos los casos la protección de las personas y del medio ha estado muy por encima de los requisitos fijados por la autoridad. Por otra parte, Enresa ha proporcionado respuestas adecuadas en la resolución de problemas específicos y puntuales, ocasionados por la aparición de residuos radiactivos fuera del sistema del control del regulador: pararrayos radiactivos, residuos originados por la fundición accidental de fuentes radiactivas en acerías, etcétera.
Y esto es así porque la tecnología actual permite incorporar soluciones robustas y sostenibles. La organización institucional y la profesionalidad de los equipos humanos han aportado otro tanto. Los nuevos proyectos irán en beneficio de la seguridad. Su aumento estará acompañado de mejoras en la economía de la gestión de forma que se continúe dando cumplimiento al mandato que en 1984 hizo el Parlamento.