TRIBUNA

Gas Natural, Endesa y los accionistas-clientes

En las últimas semanas hemos asistido a diversos debates acerca de los aspectos legales y posibles connotaciones políticas de la opa de Gas Natural sobre Endesa, y hemos escuchado el eco generado por las declaraciones de los directivos de ambas compañías (especialmente, de las de quienes gestionan la empresa que se pretende adquirir), a las que se ha concedido una relevancia poco habitual, fruto de las extraordinarias circunstancias desencadenadas por la operación.

Los administradores de Endesa, en su presentación del 3 de octubre pasado con el propósito de responder a la opa, trataban de lograr un complejo equilibrio entre la defensa (e incluso la mejora) de los intereses de sus accionistas y la oferta de un proyecto que resultase atractivo para los consumidores. Con ello, además de intentar ganar la 'batalla del apoyo social' (abusando de una cierta teatralidad) respecto a la opa, se dirigían a esos pequeños inversores que unen a su condición de accionistas, la de usuarios de los servicios que presta la empresa de la que son propietarios.

La existencia de este tipo de agentes económicos, que se caracterizan por ser al mismo tiempo inversores y consumidores, ha sido objeto de estudio por parte de distintos autores, que han puesto de manifiesto la complejidad del análisis de las relaciones entre accionistas y gerentes de las empresas, cuando un porcentaje significativo de los primeros comparte esa doble condición a la que nos hemos referido. Así, por ejemplo, Vickers y Yarrow (1988, Privatization: an economic analysis (Privatización: un análisis económico) señalaron que en sociedades en las que un porcentaje importante del capital social se encuentra en manos de los usuarios de los servicios que presta la propia empresa, pueden existir ciertos límites sobre los niveles de precios y beneficios fijados como objetivo.

Aunque en el caso de Endesa resulta muy difícil determinar hasta dónde llega el peso de este tipo de inversores en el accionariado (es imposible saber cuántos accionistas individuales son simultáneamente clientes de la empresa), es probable que ello se haya tenido muy en cuenta a la hora de presentar la estrategia de defensa de la compañía. Ello explicaría por qué los gestores de Endesa hablan de la 'necesidad de disminuir el poder de mercado', y se muestran tan dispuestos (ahora y no antes) a reconocer el fin de los CTC o a renunciar a una parte del déficit de tarifa que se viene produciendo desde comienzos de este año (en este último caso, aludiendo a la existencia de windfall profits o beneficios inesperados, algo que, desde luego, resulta chocante cuando quien habla es directivo de la empresa implicada).

Cabe indicar que en condiciones normales, no sería habitual ver a los gestores de Endesa asumiendo la defensa de los intereses de los consumidores. En España, por suerte, existen diversos organismos que se encargan de velar por ellos. Y en la operación que nos ocupa, en la que los principales perjuicios para los consumidores se podrían derivar de una disminución de la competencia o de una reducción de la calidad del servicio, disponemos de órganos especializados como la Comisión Nacional de la Energía o el Tribunal de Defensa de la Competencia, capaces de condicionarla (sujeto a la aprobación del Gobierno cuando no se trata de actividades reguladas) para evitar perjuicios para los consumidores.

A menos que se dude de la capacidad de los citados organismos para desarrollar dicha labor, o se cuestione abiertamente su independencia, se debería dejar en sus manos la tarea de evitar que una concentración empresarial (ésta, o cualquier otra) reduzca la competencia y suponga precios más altos y peores servicios. Mientras tanto, los directivos de las compañías deberían dedicarse a defender los intereses de los accionistas en su condición de inversores -ésta sí que la comparten todos-, reforzando el proyecto empresarial para aumentar el valor.

Los equilibrios sobre una cuerda tan delgada como la que prevé aumentos anuales del 12% en los dividendos junto con la renuncia al cobro de los CTC y a parte del déficit de tarifa sólo pueden provocar una cosa: que la cuerda se rompa.