La independencia fiscal de Cataluña
Con la aprobación del proyecto de Estatuto por el Parlamento de Cataluña y su remisión al Congreso de los Diputados se ha consumado la tragedia, cuando menos en su primer acto. En efecto, la pretensión de sustituir al Estado en la gestión del sistema tributario estatal tiene una relevancia y consecuencias que hacen necesaria una reflexión.
La propuesta es extremadamente grave, dado que simultáneamente: constituye un asalto a la Constitución, pues contradice de modo flagrante la distribución de competencias y los principios establecidos por el texto constitucional; resulta abiertamente desleal, pues propugna la desaparición del Estado en el ámbito fiscal de una parte del territorio estatal; es manifiestamente insolidaria, pues pretende de modo descarnado aumentar los recursos financieros de Cataluña a costa de detraérselos a otras comunidades autónomas, y representa el principio del fin de la actual Administración tributaria del Estado. Los tres primeros motivos son más conocidos y con frecuencia ocupan espacio en los medios de comunicación, por lo que en esta ocasión nos centraremos en el cuarto.
En su trayectoria de 15 años, la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) ha contribuido significativamente a la eliminación del déficit público -su gestión de los impuestos estatales proporciona el 85% de los ingresos del Estado-; ha propiciado notablemente el cumplimiento voluntario de los contribuyentes -con una amplia y variada oferta de servicios al contribuyente hasta alcanzar la excelencia en sus campañas para la declaración del IRPF-, y ha conseguido reconducir el fraude fiscal a una dimensión similar a la de los países de nuestro entorno.
Este adecuado funcionamiento de la AEAT se debe a la relativa flexibilidad de su especial régimen jurídico, a su apuesta estratégica por la utilización de las nuevas tecnologías, a la capacidad de sus técnicos y directivos, y muy especialmente a su gestión de la información. Disponer, explotándolos con eficacia, de los datos con trascendencia tributaria sucedidos en el territorio fiscal común resulta clave para alcanzar los objetivos de la AEAT.
Por ello, la pretensión de nacionalistas y socialistas de segregar fiscalmente Cataluña es una amenaza real para el funcionamiento de la Agencia. No nos engañemos, la experiencia es elocuente: hoy, la AEAT recibe más información y más colaboración de las Administraciones francesa, belga o italiana que de las haciendas forales del País Vasco, y esta opacidad fiscal entre Euskadi y el resto de España es además aprovechada hábilmente por los defraudadores. Agregar Cataluña a la excepción histórica vasco-navarra tendría un efecto disgregador de la información tributaria, y afectaría significativamente a la eficacia de la gestión tributaria global.
Por otra parte, que la gestión de los principales impuestos (IVA, IRPF, sociedades) dependiera de las autoridades autonómicas podría alentar la aplicación de un control blando sobre el cumplimiento fiscal de las nuevas empresas en sus primeros años de existencia -de nuevo, la experiencia de las diputaciones vascas es ilustrativa-. Cataluña dispondría así de un arma poderosa para competir deslealmente con las otras comunidades en captar la localización de empresas. Por ello, aprobar este Estatuto incentivaría, como reacción de defensa, una cadena de pretensiones similares por parte del conjunto de autonomías.
La ruptura de la AEAT también afectaría a la regularidad en su gestión. La dependencia de un poder inferior al del Estado -el autonómico- aumenta el riesgo de utilizar indebidamente de modo clientelista a la Administración tributaria. En nuestra historia reciente existen ejemplos preocupantes. A principios de 2004, los periódicos narraron cómo, al parecer, en la Diputación Foral de Vizcaya se habían utilizado listas de contribuyentes afectos al poder político que recibían un trato especial de favor por parte de la Administración fiscal.
En 1999, la AEAT descubrió un caso acaecido en su seno entre los años 1988 y 1994. Un alto funcionario del Estado concedió de facto una autonomía casi ilimitada a los responsables en Cataluña de la Hacienda estatal, que escaparon así a la dirección y al control de los responsables nacionales. Aquello desembocó en el mayor caso de corrupción colectiva y organizada de la historia de la Agencia, el célebre caso Huguet-Aguiar. La investigación interna finalizó con medidas disciplinarias y una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción, con funcionarios y contribuyentes imputados, procesados, condenados y privados de libertad.
Visto todo lo expuesto, sorprende que la actitud del Gobierno español, con el presidente Zapatero a la cabeza, haya facilitado que lo que empezó siendo un globo sonda lanzado por el Gobierno de Cataluña, hoy se haya convertido formalmente en una propuesta de reforma del Estatuto y materialmente en un asalto a la Constitución. En el mismo sentido, y materializada ya la amenaza sobre la AEAT, extrañan la pasividad y el silencio de su director general, máxime cuando hasta ahora, y ante amenazas menos graves, los anteriores directores de la institución habían reaccionado con una defensa responsable de la misma y de los intereses generales a los que ésta que sirve.