Las empresas y los usuarios
El Consejo de Ministros dio ayer un paso para la correcta y fluida relación entre las empresas -sobre todo las de servicios- y los usuarios. Es sólo un primer paso, pero en la dirección correcta. El Anteproyecto de Ley de Mejora de la Protección de los Consumidores, que modifica nada menos que tres leyes -la General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, la de Condiciones Generales de Contratación y la Ley Reguladora del Contrato de Aparcamientos- establece normas de conducta entre las empresas y los consumidores que, a primera vista, son de sentido común. Desde ese punto de vista, los organismos que deben estudiarlo ahora están obligados a perfeccionar y afinar un texto que, además, clarifica normativa ya existente en parte, pero que está difusa en distintas normas legales.
La prohibición de los redondeos al alza, práctica abusiva tanto en productos como en servicios; la equiparación de las exigencias para darse de baja en contratos de telefonía, luz, gas o agua a las facilidades para darse de alta, o la eliminación de la larga lista de cláusulas abusivas que se aplican con reiteración al comprador de vivienda son derechos de unos ciudadanos que, en demasiadas ocasiones, están indefensos -y airados- en un país cuya economía se basa precisamente en el consumo, los servicios y la vivienda.
Que asociaciones de consumidores puedan ejercer la defensa de los intereses 'difusos' (en los que no se conocen perjudicados concretos) necesita más precisión. E igual se antoja excesivo el plazo de dos años para que el Gobierno presente a las Cortes el proyecto de ley que establezca las sanciones en esta materia.
El legislador no debe olvidar tampoco en la norma definitiva el punto de vista de las empresas. Aquéllas, la mayoría, cuyo objetivo es la calidad y la libre competencia tendrán mucho que aportar al nuevo marco.