El futuro de las pensiones
La semana pasada el director del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), Fidel Ferreras, aprovechando el foro de las universidades de verano, propuso una reforma suave del sistema público de pensiones a fin de garantizar su viabilidad para dentro de dos décadas. Es un momento favorable para una buena propuesta porque el crecimiento de la afiliación a la Seguridad Social, y el superávit que permite continuar aumentando el fondo de reserva (26.000 millones de euros, que podrían permitir unas cuatro mensualidades de pagos) y el de Fogasa (1.300 millones de euros, que multiplican por 10 los pagos de un año), actúan como un relajante respecto a la preocupación sobre la solidez del sistema. Su reflexión sobre las 10 modalidades de jubilaciones anticipadas y la imposibilidad de frenar ese proceso que se paga a cargo de la Seguridad Social, así como su pregunta acerca de la opinión de la sociedad sobre las pensiones a personas divorciadas son pertinentes.
Hace décadas que Peter F. Drucker señaló que las pensiones son el principal activo de la inmensa mayoría de las personas en los países desarrollados. Importan más que la vivienda o cualquier otro ahorro que se haya conseguido en la vida activa. Al contar con una garantía estatal de cobro se generalizó la idea de que no hace falta ahorrar, tanto más cuanto que la atención sanitaria está garantizada y la provisión de servicios sociales por parte de las Administraciones públicas compensa la falta de prudencia durante la vida activa.
La generalización de las prestaciones por desempleo y, en los últimos años, la poca rentabilidad del ahorro terminan de configurar un panorama de desincentivos preocupante, en el que la materialización de la renta no consumida se centra, para la mayoría de las familias, en su vivienda, lo que es una suerte y una buena ayuda, pero no siempre una solución. El hecho es que con la jubilación bajan las rentas, pero si la vivienda está pagada, el menor gasto que hay es soportable por la pensión. Más aún, la propia vivienda es una fuente de ingresos que complementan la mensualidad del retiro, sin que por ello haya que renunciar a su utilización. Las posibilidades son muchas; alquilarla e ir a vivir a una vivienda menor y más barata, venderla, obtener una pensión a cambio de ceder la propiedad son algunas, pero sólo son apropiadas para quien no tenga herederos. Para la mayoría de las personas el deseo de dejar un patrimonio a los hijos es muy importante.
Para solventar la dificultad de la pérdida de propiedad hay productos crediticios como la hipoteca inversa y la pensión hipotecaria que devenga un ingreso mensual sin perder el derecho de uso y sin que los herederos pierdan la propiedad, aun cuando deban hacer frente a las pensiones pagadas con la garantía de la vivienda más los intereses correspondientes. Otra posibilidad estriba en completarlo con un seguro de vida que se percibe si el acreditado rebasa una edad predeterminada. Estas posibilidades son soluciones interesantes, pero limitadas y, además, muy dependientes de la situación del mercado inmobiliario que tiene precios variables.
El problema de fondo es el saldo entre los derechos de cobro de cotizaciones y las obligaciones de pago de pensiones. Los primeros dependen de la afiliación, de las cotizaciones que se fijen y de su generalización. Las obligaciones de pago van asociadas al crecimiento del número de beneficiarios por la concesión de nuevos derechos a través de cambios legales como los que alteran la configuración de la familia y dan derecho a pensiones y menores tipos fiscales en el impuesto de donaciones mortis causa, o por efecto de sentencias judiciales.
En caso de desajustes entre ingresos y pagos el fondo de reserva es un pequeño bote salvavidas con el que no pueden hacerse grandes trayectos. Está bien que se mejore su dotación, pero es mejor que aumente la tasa de actividad y la de ocupación. Si los desajustes obligan a reducir el poder de compra de las pensiones, la previsión privada (de quien la tenga) puede ser un complemento que suavice tensiones. Esto, a su vez, está afectado por el desincentivo al ahorro materializado en productos de renta fija. El rendimiento de los fondos de pensión e inversiones está sujeto tanto a los riesgos del mercado que pueden ser tenidos en cuenta, como a cambios institucionales, del tipo de la incidencia que tiene la imposición de criterios que diluyen el papel rector de la rentabilidad en la gestión empresarial o por la irrupción de nuevos países de gran tamaño, aspectos ambos difíciles de evaluar incluso para personas especializadas. Las propuestas del señor Ferreras estarían bien servidas si se complementaran con mejores incentivos al ahorro y con explicaciones claras de su conveniencia para las familias y para un país que, como España, se endeuda de modo creciente.