Municipios y regiones acuden al capital privado para financiar sus inversiones
La Administración española ha empezado a importar de Reino Unido el uso de fórmulas de financiación extrapresupuestaria para construir no sólo carreteras, sino todo tipo de infraestructuras. Bajo el nuevo modelo concesional, en estos momentos hay una veintena de proyectos para poner en marcha desde hospitales a cárceles, pasando por juzgados o polideportivos.
La falta de recursos y la creciente necesidad de más y mejores infraestructuras han llevado a ayuntamientos y autonomías de todo signo político a buscar fórmulas extrapresupuestarias que les permitan poner en marcha sus proyectos prioritarios. La tendencia se ha visto favorecida por la nueva ley de concesiones, aprobada a finales de 2003, que extiende a todo tipo de infraestructuras el modelo de concesión privada utilizado tradicionalmente para las autopistas.
Según la información facilitada por la empresa de consultoría para proyectos de este tipo Gerens Management Group, en dos o tres años se inaugurarán diversos hospitales, cárceles, juzgados, comisarías y polideportivos cuya financiación habrá sido posible gracias a las denominadas fórmulas de colaboración público privada (CPP).
'No se trata de continuar con el debate de si un equipamiento es público o privado. No nos equivoquemos, pagarlo lo vamos a pagar igual porque no hay nada gratis. La cuestión es cómo pagar menos o qué hacer para que nuestros impuestos se utilicen de manera más eficiente', explica José Manuel Albaladejo, consejero-director general de Gerens.
En estos modelos, ya muy arraigados en países como Reino Unido, se concede a empresas privadas la redacción del proyecto, la construcción, el equipamiento y la financiación de las infraestructuras, así como el mantenimiento de las mismas durante el periodo que se acuerde en cada caso.
En algunos concursos, tal y como recoge la ley española, se incluye la explotación de servicios complementarios a los equipamientos, tales como centros comerciales, complejos de oficinas u hoteles.
El Ayuntamiento de Gijón, donde gobiernan en coalición PSOE e IU, tiene en cartera dos iniciativas bajo este modelo. Las nuevas cocheras para autobuses y un centro municipal se construirán bajo la modalidad de 'arrendamiento operativo'. Las empresas adjudicatarias corren con los gastos de construcción y explotación de las instalaciones. A cambio, la Administración le paga un canon o alquiler por la utilización de dicho equipamiento, que dejaría de recibir si no cumple los estándares de calidad y disponibilidad establecidos.
Gracias a esa transferencia de riesgos al sector privado, Eurostat admite que las cantidades que paga la Administración no computen a efectos de déficit y endeudamiento público.
El mismo patrón siguen algunas inversiones previstas en la localidad de Córdoba, regida por IU, para la puesta en marcha de un palacio de congresos, un polideportivo y un aparcamiento.
La Generalitat catalana (gobernada en coalición por PSC, ERC e IU) construirá mediante esta fórmula nueve juzgados, tres comisarías y una prisión. En cuanto al Ejecutivo regional madrileño, en manos del Partido Popular, ha confiado a la iniciativa privada la construcción de ocho hospitales, que movilizarán una inversión total superior a los 4.000 millones de euros los próximos 30 años.
Son los primeros proyectos que aprovechan plenamente la nueva normativa y su éxito o fracaso será clave para determinar si el modelo se extiende en el futuro.
El sistema británico saca buena nota
El Tribunal de Cuentas británico ha hecho público un informe en el que evalúa los efectos que ha tenido durante los últimos años la aplicación de fórmulas de colaboración público-privada, conocidas por las siglas en inglés PPP/PFI, en la financiación de grandes infraestructuras. El estudio analiza fundamentalmente dos variables: el tiempo de ejecución de las obras necesarias para que la infraestructura esté disponible y las desviaciones sobre el presupuesto inicial. Antes de que se prodigaran estas fórmulas, el 73% de los proyectos del Reino Unido registraba desviaciones en su coste. Con el nuevo modelo, el porcentaje ha disminuido al 22% y el Tribunal asegura que en todos los casos la desviación estaba justificada. Antes del nuevo modelo, el 70% de las obras se terminaba con retrasos, mientras ahora lo hace el 24% y de éstas sólo un 8% se dilata más de dos meses.