Más concesiones privadas
Un repaso a los planes de inversión en infraestructuras de las distintas administraciones públicas españolas pone de relieve algo fundamental: que los políticos, sean del partido que sean, empiezan a perder el miedo a la concesión privada. El régimen concesional ha sido utilizado en España con éxito innegable durante los últimos años para ampliar y mejorar la red de autopistas. Gracias a la ley de concesiones aprobada en 2003, la fórmula ha empezado a extenderse a otros equipamientos como hospitales, juzgados, polideportivos o cárceles.
En un contexto marcado por la estrechez presupuestaria, los gestores de la cosa pública han llegado al convencimiento de que pueden, y deben, aprovechar el capital privado para realizar inversiones esenciales para el bienestar y el desarrollo económico de sus comunidades.
La normativa permite a las administraciones establecer claramente los parámetros de costes, plazos de entrega y calidad del equipamiento contratado. Y fija un régimen de sanciones por incumplimiento que debería aplicarse con rigor para garantizar la pervivencia del modelo, ya que del éxito de estos proyectos pioneros dependerá el futuro de una fórmula de cooperación público-privada que está llamada a jugar un papel cada vez más preponderante.
Sorprende gratamente ver que la extensión del régimen de concesión a todo tipo de equipamiento está siendo ensayada tanto por las administraciones del Partido Popular, tradicionalmente más proclives a colaborar con el sector privado, como por las del PSOE o IU. Algo que habla de la madurez de los gestores públicos españoles a la hora de encarar un reto tan primordial como el de las infraestructuras. Sin el equipamiento adecuado, ninguna comunidad puede prosperar. Y éste es un razonamiento en el que caben pocas discrepancias en aras de la filiación política.