Ocupados sin afiliar a la Seguridad Social
Como ha explicado el INE, la envergadura alcanzada por la inmigración desde 1996, muy superior a lo que preveían las proyecciones demográficas existentes, ha obligado a introducir cambios en la encuesta de población activa (EPA) y va a obligar, también, a corregir las estimaciones macroeconómicas para adecuarlas a una población activa, que resulta tener casi un millón de ocupados más que los que se venían considerando.
Según el Padrón Municipal de Habitantes, a 1 de enero de 2004 residían en España 43,2 millones de personas, lo que supone casi medio millón más que un año antes y 3,5 millones más que en la misma fecha de 1996. Estos crecimientos, como es bien sabido, obedecen a la inmigración, dado que el crecimiento vegetativo en el período 1996-2004, nacidos menos fallecidos, no alcanza el 10% del aumento registrado por la población.
Incluso el propio signo positivo del crecimiento vegetativo, cuestión que ha roto los vaticinios de decrecimiento poblacional a causa del envejecimiento y la bajísima fecundidad de las españolas, también cabe achacarlo a la inmigración, como se aprecia, por ejemplo, al observar que en 2003, último año del que se dispone de información, los nacimientos superaron a las muertes en 56.134, cifra muy similar a los 53.306 hijos que tuvieron las madres extranjeras residentes en España.
Pero, aparte de las implicaciones estadísticas citadas, de estas nuevas cifras de población se pueden derivar otras de gran alcance. Con el afloramiento de 964.700 ocupados se rompe el equilibrio que se venía produciendo entre las cifras de afiliados a la seguridad social y las estimaciones de una encuesta tan potente como la EPA. En efecto, según las cifras anteriores al cambio metodológico de EPA, los ocupados estimados para el cuarto trimestre de 2004 excedían a los afiliados en 31 de diciembre de ese año en 150.000 personas, diferencia escasa y razonable bajo cualquier punto de vista; pero, con las nuevas cifras, este exceso alcanza la cifra de 1,1 millones de trabajadores, diferencia imposible de justificar sólo con razones de carácter metodológico.
Si se desciende a sectores de actividad, es en el sector de hogares que emplean personal doméstico donde las diferencias son mayores, 220.200 afiliados a la Seguridad Social frente a 622.700 de ocupados estimados por EPA. Le siguen la construcción, que siempre aparece como ejemplo al tratar de situaciones anómalas, donde están afiliados 1,98 millones de trabajadores mientras la EPA estima que trabajan 2,33 millones de personas y la hostelería, donde la diferencia a favor de la encuesta se reduce a 140.000 trabajadores.
Teniendo en cuenta que las encuestas subestiman la ocupación, y la EPA no es una excepción, la entidad del sumergimiento que parece existir en España es digna de consideración, por todo lo que implica en cuanto a competencia desleal con quienes ejercen su actividad económica con transparencia, a engaño social por el impago de impuestos y a explotación de trabajadores que se ven privados de sus derechos elementales.
Abundando en las cifras que proporcionan las dos fuentes de datos que se vienen comentando, puede precisarse quiénes son los más perjudicados por la economía sumergida. La encuesta del último trimestre de 2004, por el sistema antiguo, ofrecía la cifra de 813.900 de extranjeros ocupados, dato muy próximo a los 757.900 miles de extranjeros afiliados a la Seguridad Social a 31 de diciembre de 2004. La nueva estimación de EPA para el mismo periodo arroja la cifra de 1,8 millones de trabajadores extranjeros, con lo que se pone en evidencia que, al menos, hay 1,1 millones de extranjeros que, estando trabajando, no figuraban inscritos en la Seguridad Social.
Se pone así en evidencia el deterioro que se ha producido en el mercado laboral, principalmente en el caso de la siempre vulnerable población extranjera. El problema está en la dificultad de corregir este tipo de situaciones, como parece estar ocurriendo con el actual proceso de regularización de inmigrantes que, a tan solo dos meses de su cierre, sólo ha recibido unas 300.000 solicitudes, de las más de 600.000 que se esperaban.
Esto parece debido, entre otras causas, a la resistencia que determinados empresarios, sobre todo en el sector agrario, están ofreciendo a certificar que hay extranjeros trabajando para ellos, con la excusa de que nunca los contratan continuadamente por los tres meses que exige la ley, a la par que declaran, sin el menor rubor, su temor a que, una vez que se vean legales, les abandonen para buscar otro trabajo.