TRIBUNA

¿España desmembrada?

Se sabe que las circunstancias cambian deprisa y las mentalidades despacio, de forma que casi siempre hemos de enfrentarnos a las novedades de hoy con lo que aprendimos ayer. Es normal y no pasa nada pero es más extraño querer traer al debate autonómico de hoy la terminología trágica de los años treinta (del siglo XX): los que quieren preservar y los que quieren desmembrar España.

En lo que nos interesa ha ocurrido lo suficiente como para que términos como desmembrar e independencia tengan un contenido fundamentalmente distinto del que tuvieron y si se quiere evitar la histeria y la demagogia, hay que detenerse a discutir ese nuevo contenido.

Dentro de Europa no hay fronteras, hay una moneda común y aunque hay ejércitos nacionales no hay, afortunadamente, posibilidad de lanzarlos al combate dentro de la UE. Dentro de Europa ni siquiera los países miembros son independientes en el sentido histórico. Trasladado a España quiere decir que el camino que puede recorrer en su desmembración es tan corto que el uso de esa palabra con fines de agitación política se convierte en engaño. Desmembrar se traduce en alguna mayor capacidad de gestión financiera de las autonomías y en la exaltación de sus peculiaridades culturales y deportivas. Punto y aparte.

Por supuesto que la mayor capacidad financiera puede tener consecuencias indeseables, de las cuales al menos dos son previsibles: insolidaridad interregional e irresponsabilidad fiscal.

Dedicarse a socavar el concepto de solidaridad es peligroso. Eso es lo que ha hecho el pensamiento conservador, Margaret Thatcher al frente, las tres últimas décadas. El mensaje, muchas veces explícito y muchas más implícito, ha sido que los de más renta no tienen por qué contribuir más; que la riqueza no debe gravarse porque eso resta competitividad...

Que el Estado del bienestar necesita adaptación constante no se discute, pero hay que señalar que la ideología más a la derecha ha socavado consistentemente la idea de solidaridad y ahora quiere, al menos en el caso de España, utilizarla, como si estuviera intacta, para impedir la desmembración. El argumento es difícil de sostener: si desaparece la solidaridad entre clases ¿por qué tendrían las regiones más afortunadas que ser solidarias con las menos?

Pasemos a la cuestión de la responsabilidad fiscal. Baste con decir que el gasto público a cargo de las autonomías se situaba, en 2002, en el 19,6% del total y el de la Administración Central en el 24,3%. Se tendrá una idea de la evolución seguida si se observa que en 1998 esos porcentajes eran 16% y 29,8%, respectivamente. Esto significa que los entes autonómicos y locales gestionan ya más recursos que la Administración central (32,5% frente al 24,3% mencionado arriba) y que ello ha ocurrido durante las dos últimas legislaturas.

¿Cómo se fiscaliza ese gasto?, ¿cuál es la actividad de los tribunales de cuentas autonómicos?, ¿dónde puede obtenerse información sobre estos y otros aspectos?, ¿cómo se garantiza que los datos de unas comunidades y otras sean accesibles y comparables?

Vamos a permitir un poco de insistencia: el porcentaje de impuestos percibidos por las autonomías ha pasado de 12% en 1998 al 28,7 % en 2002. Es casi imposible concebir una marcha atrás en este proceso, pero se puede hacer mucho para ordenarlo, zanjar el solapamiento de competencias, aclarar la línea de responsabilidades, ¿establecer una Administración única?

Si las autonomías quieren mayor capacidad financiera y fiscal puede que lo más sensato sea discutir esa propuesta, y con ella los mecanismos por los cuales se eviten las pérdidas de información y se garantice la supervisión y el control del gasto público, es decir el derecho de la ciudadanía a saber lo que se hace con sus dineros.

Ello pudiera ser más efectivo para mantener una cohesión territorial que el trompeterío sobre la desmembración de la patria o sobre el centralismo opresor, que sólo consiguen hacer girar la discusión como una noria.

Europa es un espacio magnífico, con densidad cultural envidiable, por el que moverse con soltura y tranquilidad. En ella son muchas las posibilidades de desarrollo social, cultural y político. Es chocante que sólo haya una iniciativa que trata de aprovechar esa oportunidad, la llamada Eurorregión Mediterránea.

Europa ofrece también ejemplos de los que aprender. El Gobierno federal alemán intenta desde hace años introducir algunas reformas que se enfrentan una y otra vez a la resistencia que oponen los länder, que son los que ostentan las competencias en cuestión. Puede que interese llegar tan lejos como Alemania en el camino federal, pero puede que también interese tomar nota de sus dificultades actuales y establecer organismos cogestionados desde los que garantizar que la Administración central y las autonómicas puedan actuar conjuntamente cuando los tiempos así lo requieran.