Un plan para la competitividad
El Gobierno prepara un plan para mejorar la competitividad de la economía española. El autor sostiene que, aunque la situación aún es buena, hay datos que indican una senda de deterioro que conviene revertir y propone una serie de medidas para eliminar las ineficiencias acumuladas
Convienen medidas que eliminen las ineficiencias acumuladas sobre la economía del país. La situación aún es buena, pero hay datos que indican una senda de deterioro que conviene revertir. Las medidas deben ser compatibles con el marco de la UE, tener coherencia interna y no ser cuestionadas por otras actuaciones simultáneas de signo contrario. Aquí se considera la necesidad, el contenido y los condicionantes adicionales de ese plan.
La demanda interna en 2004 creció un 4,4%, pero el PIB sólo un 2,7%. Es mejor que la media de la UE, pero no se ha sacado mucho provecho del aumento del gasto, y la oportunidad se filtró al exterior en forma de déficit y de endeudamiento. En 1983-2002 el saldo exterior contribuyó con una media anual de -0,4 puntos porcentuales al crecimiento. En 2003 esa aportación negativa llegó a -1% y en 2004 a -1,5%. Las exportaciones aumentaron un 4,5% real en 2004, frente al 2,6% del año anterior, las importaciones pasaron del 4,6% al 9%. El déficit afectó también a las manufacturas donde suele haber superávit. La entrada neta de capitales no cubre el déficit por cuenta corriente y la diferencia eleva la deuda del país en casi 37.000 millones de euros (4,6% del PIB), cuando en 2003 fue de 16.000 millones (2,1% del PIB). En la UEM es soportable; fuera ya habría presiones para devaluar la peseta.
La flexibilidad laboral es una ventaja que se ha convertido en necesidad imperiosa y no debería requerir contrapartidas
Parte de lo expuesto se explica por factores incontrolables, como la apreciación del euro que dificulta las ventas; el aumento del precio del petróleo, que encarece las importaciones, y el poco crecimiento de nuestros clientes tradicionales en la UEM. Una demanda que crece más que la producción ayuda a elevar precios y perjudica a la competitividad. También hace patente que no se generan mercados alternativos y que los nuevos países industrializados penetran en el nuestro con facilidad. Una primera acción la sugirió en 2003 el Tribunal de Defensa de la Competencia en respuesta a pregunta del Gobierno.
El Plan de Estabilidad y Crecimiento es un referente obligado. Cuando se fue coherente con él hubo más crecimiento que cuando se optó por el déficit, del mismo modo que en la UE los países con equilibrio presupuestario tienen mejores resultados que los que lo vulneran. Si alguien postula más gasto recuerde que el gasto en consumo de las Administraciones públicas creció un 4,9% en 2004.
Las empresas deben producir. Eliminar trabas y costes innecesarios permite que se centren en sus clientes. Acabar con impuestos societarios y de actos jurídicos documentados (en lo que les toca) reduce pagos fiscales y costes de transacción. Reducir cuotas a la Seguridad Social subiendo la proporción adecuada de IVA facilita el crecimiento, equilibra algo las condiciones de las importaciones y, pactado con los sindicatos, puede evitar el impacto en precios.
En Alemania grandes empresas incrementan significativamente la jornada y reducen sueldos. Sin llegar tan lejos, pueden estudiarse las jornadas anuales recolocando las fiestas nacionales. Los horarios laborales y escolares podrían rehacerse de forma que fueran compatibles y se evitaran jornadas partidas para así ahorrar tiempo y coste de desplazamiento y favorecer la vida familiar.
La flexibilidad es una ventaja que se ha convertido en necesidad imperiosa que no debería requerir contrapartidas. Pactar en ese sentido evitará pérdidas de pedidos, incentivará la contratación y favorecerá, en caso de cambio de función o geográfico, la empleabilidad de las personas al aportar más experiencia.
La simplificación de la licitación pública vía un registro de empresas calificadas válido para todas las Administraciones y que permita prescindir del aval de licitación (no del de cumplimiento), la rápida devolución de avales una vez cumplido el plazo que le corresponde y medidas afines, evitarían el trasiego de poderes, las peticiones y devoluciones de avales, el uso de límite de riesgo y los pagos pertinentes por comisiones y otros, lo que redundaría en mejores ofertas al eliminar trabajo innecesario.
El absentismo perjudica la organización de la producción, es un coste para las empresas y el erario público. Cuando está originado por comportamientos oportunistas también es una afrenta a los compañeros. Reducir la Incapacidad Laboral Transitoria requiere que el estamento obligado al pago no esté separado de quien da las bajas, que éstas se justifiquen, se supervisen y se exijan reparaciones por las conductas abusivas.
Lo expuesto incide en un plazo inmediato. Para ir al fondo se requiere innovación, formación profesional, cooperación entre empresas, calidad de la educación general y universitaria, adecuación de las infraestructuras y un largo etcétera donde pesa el acotar la solidaridad mal entendida. æpermil;sta va sólo en una dirección, perjudica, desmoraliza y frena al que paga, sin arreglar los problemas del que recibe; es insaciable; genera oportunismo y burocracia. La solidaridad bien entendida compromete al beneficiario a salir de la situación de dependencia, tiene seguimiento y fecha de caducidad.
La coherencia exige evitar costes innecesarios, como los que se proponen al regular la responsabilidad social corporativa, que es una recopilación de contradicciones que olvidan (o desconocen o no les importa) que la ética corresponde a personas físicas, que no se exhibe ni se impone y que deja de serlo cuando se presenta como herramienta para ganar cuotas de mercado, aunque contribuye a conseguirlo si es un ejercicio real y no coartada hipócrita. Por el contrario se define como voluntaria pero se regula, se le hace una ley pero (dicen los que la proponen) que no exige cumplimiento aunque, eso sí, se certifica pagando, claro.