De la inmigración, sus ventajas y costes

El proceso de regularización de inmigrantes iniciado este lunes debe resolver también las causas de una situación que el autor califica de anómala. Para anular el riesgo de que se reproduzca, en su opinión, tienen que aplicarse las medidas que explica

Si la inmigración es voluntaria y se hace con voluntad de trabajo e integración, salen ganando las tres partes: inmigrantes, país receptor y país emisor. Los primeros porque encuentran empleo que mejora sus ingresos y expectativas. El segundo porque puede contar con personas que hagan lo que los naturales del país no quieren hacer o no saben hacer. El tercero porque se libra de parte de su problema de paro, mejora, a corto plazo, su balanza de transferencias y puede, a largo plazo, recibir de nuevo a una parte de los que marcharon y retornan con sus ahorros e iniciativas.

El condicional que inicia el párrafo anterior es importante, porque si hay voluntad de aislamiento, de beneficiarse de prestaciones gratuitas de tipo sanitario, educativo o cualquier otra especie, sin aportar contrapartida alguna, entonces habrá dificultades de convivencia, que serán mayores si se acompañan de pautas de comportamiento público y se procuran imponen valores ajenos a los usos y costumbres del país receptor.

Hay que añadir que junto con la forma de estar en el país, cuenta la forma de entrar. Si la entrada de hace con irregularidad deliberada (distinto de la impuesta) cabe anticipar que la estancia se ajustará al mismo patrón. Esta es una de las razones por las que la normativa debe ser respetada, ser estable, aplicarse y exigirse para todos.

Hay que evitar que la situación anómala existente se reproduzca. Lo que ocurrirá si persisten las causas que la han creado. La mera regularización de lo existente da lugar a pensar que, si se produce una acumulación de casos semejantes, se volverá a aplicar una medida similar en el futuro, con lo que, se generará otra vez lo que ahora se quiere llevar a un cauce de normalidad. Para anular este riesgo hay que:

l Establecer un modo sencillo y habitual para obtener, con fundamento, permisos de residencia y trabajo sin que se lesionen derechos de nadie.

l Con esa normativa los contratos deben poder hacerse en origen, en función de la cualificación y experiencia de candidatos solicitados y, también, hay que fijar criterios de entrada en función de las demandas con compromiso real de emplear cumpliendo con toda la normativa exigible, siempre sin imponer a nadie la obligación de emplear a personas que no se consideran apropiadas.

l La presencia irregular debe cesar de la forma menos perjudicial para los afectados, que suele ser la más rápida.

l La regularización en curso ha de hacerse con el rigor exigido y conllevando información que permita, en plazos prefijados, por ejemplo, uno y dos años, permitir una evaluación (basta con una muestra adecuada) de lo ocurrido en cuanto a permanencia en el empleo presentado y en el país, efecto de arrastre producido sobre familiares y allegados, efecto llamada etcétera.

l Los resultados deberían hacerse públicos para general conocimiento y eliminar equívocos.

La regularización producirá otros efectos estadísticos. Subirá el valor estimado del PIB, el número de personas empleadas y el de cotizantes a la Seguridad Social y el de contribuyentes, con la consiguiente mejora -al menos inmediata- de las arcas públicas, pero bajará la productividad por persona porque parte de su aportación ya está recogida en la estimación del PIB.

La presión actual en demanda de papeles se relajará transitoriamente, pero quienes no hayan podido acogerse a la posibilidad actual, seguirán en el país y considerarán que el hecho de haber estado empadronado el 8 de agosto en lugar del 10 del mismo mes o el 20 del siguiente no es criterio suficiente para discriminar. Esa valoración la sostendrán también los valedores de la apertura sin limitaciones y, de no marcarse una orientación diferente, con el tiempo, se planteará la vuelta a medidas como la que está en curso de aplicación.

La información disipa preocupaciones. Sería útil contar con un informe que, con marchamo oficial, recogiera la realidad de la inmigración desglosando su naturaleza en cuanto a finalidad (empleo, estudio, reunión familiar, retiro…), origen, cualificación, sector productivo, actividad realizada y modalidad (trabajo dependiente o autónomo…), empresas creadas, renta generada, ingresos tributarios directos e indirectos que se les pueden atribuir, contribución a financiar la Seguridad Social, acceso a los servicios públicos de enseñanza, sanidad, justicia y otros, condiciones de alojamiento y sugerencias de actuación para las autoridades centrales, autonómicas y locales así como para los consulados de los países más afectados.

Puestos a hacer las cosas bien, conviene llamar a empleadores de trabajo doméstico o a agricultores y otros autónomos que contratan empleados por sus nombres sin usar el genérico de empresarios, pues la reticencia a contratar legalmente es rara en las empresas de la economía formal que contratan legalmente, tienen representación sindical y están controladas por la Inspección de Trabajo.