Los expertos quieren que el gobierno ceda la decisión final

El máximo organismo encargado de la Defensa de la Competencia debe tener la última palabra en el control de las concentraciones empresariales, en contra del modelo vigente que deposita esta responsabilidad en el Gobierno.

El máximo organismo encargado de la Defensa de la Competencia debe tener la última palabra en el control de las concentraciones empresariales, en contra del modelo vigente que deposita esta responsabilidad en el Gobierno. Esta es una de las propuestas que hacen el eurodiputado socialista Luis Berenguer y el profesor José María Jiménez Laiglesia, en sendos informes para la Fundación Alternativas, a pocas semanas de que se presente el Libro Blanco que servirá de base para la reforma de la Ley de Defensa de la Competencia. En sus propuestas, que guardan buena sintonía con las que se barajan en estos momentos en el Ministerio de Economía, abogan por reforzar la independencia del Tribunal para orientarlo a una mejor provisión de bienes y servicios y a la obtención de mejores precios.

En la regulación que afecta al control de las concentraciones empresariales sólo se admite la posibilidad de reservar al Gobierno la capacidad de aprobar una operación, a instancia de parte, en los casos en que la autoridad de Competencia haya decidido prohibirla. En este supuesto, el Ejecutivo sólo podría obrar conforme a criterios de transparencia relacionados con el interés público. La supresión de la facultad del Gobierno de decidir sobre un caso concreto no es incompatible, sostiene el profesor Jiménez, con el mantenimiento de la posibilidad de instar a la autoridad de Competencia a examinar un mercado concreto e informar de sus condiciones.

En el contexto de una reforma general del sistema de control de las concentraciones empresariales, Jiménez recomienda que la Administración acuda a la jurisdicción cuando pretenda prohibir una determinada operación. Como prioridad, agrega este experto, 'habría que evitar dos graves errores: prohibir lo que se debía aprobar y aprobar lo que se debía prohibir'.

En su informe apuesta por mantener la exigencia de dictamen previo de la Comisión Nacional de la Energía y de la Comisión de las Telecomunicaciones en concentraciones que afecten a los mercados energéticos y de telecomunicaciones, pero respetando el trámite de las autorizaciones que corresponde otorgar a los órganos reguladores sectoriales.

A juicio de este experto, sería recomendable prever de forma expresa el derecho de las autoridades autonómicas de Competencia a participar en el procedimiento de control en aquellos casos en los que haya efectos locales. La participación debería extenderse a procedimientos en los que el Gobierno examina por razones de interés público la petición de aprobación de una operación de concentración prohibida por la autoridad de Competencia, mantiene Laiglesia.

Papel de las comunidades

Luis Berenguer, ex vicepresidente del Tribunal de Defensa de la Competencia, también es partidario en su informe de dar el juego correspondiente a las comunidades autónomas. Ante la perspectiva de que se constituyan órganos encargados de la Competencia en buen número de comunidades, siguiendo el ejemplo de Cataluña, este experto aboga por una buena coordinación de todos ellos mediante la creación de una red española, ya que los mecanismos de coordinación creados en la norma vigente son 'del todo insuficientes'.

Berenguer acentúa en su informe el necesario control de las ayudas públicas. Propone establecer, al igual que ocurre en el texto del Tratado de la Comisión Europea, cuáles son las ayudas prohibidas por ser contrarias a la competencia. Una vez delimitadas, sería necesario establecer un sistema para la declaración de nulidad.

No parece adecuado, señala Berenguer, que tal declaración la pueda realizar directamente el órgano encargado de la competencia. Sería más adecuado, a su juicio, poner esta facultad en manos de un órgano jurisdiccional como es la Audiencia Nacional, en el caso de las ayudas concedidas por el Gobierno central, y el Tribunal Superior de Justicia correspondiente en los supuestos de ayudas autonómicas o municipales.

Recomendaciones para la próxima reforma de la ley

l La decisión final sobre una operación de concentración debe recaer en un único órgano administrativo independiente del Gobierno.l Las autoridades autonómicas de competencia deben ser escuchadas siempre que una operación tenga efectos locales.l Es recomendable mantener la exigencia de dictamen previo de la Comisión Nacional de la Energía y de la Comisión de las Telecomunicaciones.l Es conveniente conservar la obligación de suspender la ejecución de una operación de concentración durante un mes, mejorando el filtro para aquellos casos en los que no se presenten problemas.l Competencia podrá rechazar notificaciones de operaciones incompletas para no depender sólo de la información inicial.l Hacen falta nuevas reglas de procedimiento administrativo que garanticen los derechos de todos los interesados.

Un Consejo independiente del Gobierno

El nuevo Consejo de la Competencia propuesto por los expertos quedaría formado por un presidente, un órgano instructor, que podría mantener el nombre de Servicio de Defensa de la Competencia, y otro órgano encargado de las decisiones, que podría ser el propio Tribunal. Este tendría un presidente, que sería a la vez vicepresidente del Consejo, y dos secciones: una encargada de resolver sobre las conductas y otras sobre ayudas y concentraciones.El presidente del Consejo, el del Tribunal y los miembros de éste serían nombrados tras haber sido sometidos a la audiencia del Parlamento, previsiblemente en la comisión de Economía del Congreso.El esquema responde, básicamente, al que formuló el PSOE en su programa electoral. Durante la campaña, el hoy presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, hizo hincapié en la necesaria independencia del Tribunal, para alejarlo del 'intervencionismo político en las decisiones'. A su juicio, hasta entonces el Tribunal había visto 'limitada su actuación por su escasa dotación de medios tanto materiales como personales'.'No es necesario sólo disminuir su arbitrariedad en las decisiones incrementando su independencia, sino también integrar el Servicio de Defensa de la Competencia en dicho Tribunal', afirmó, en coincidencia con las tesis que defiende ahora en su informe Luis Berenguer.