Garantizar la competencia

El Libro Blanco sobre la Reforma de la Ley de Defensa de la Competencia verá la luz a principios del año que viene con la intención por parte del Gobierno de abrir un periodo de consulta pública para poder pulsar así la opinión de los expertos. Algunos de ellos ya se están empezando a pronunciar al respecto, aplicando las reglas que establece el sentido común, esto es, respetando tres principios básicos: la transparencia en el procedimiento, el fortalecimiento de la independencia y el refuerzo de la seguridad jurídica, que garantizaría al mercado que no existen trabas al funcionamiento de los operadores económicos.

En la pasada campaña electoral fue el PSOE el partido que más hincapié hizo en la reforma del actual modelo de defensa de la competencia. El evidente intervencionismo del anterior Gobierno en operaciones empresariales que descansan en las hemerotecas, como las que protagonizaron de forma frustrada, por ejemplo, Gas Natural e Iberdrola, llevó al actual presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, a exigir públicamente un órgano independiente del Ejecutivo que vele por la competencia, como un eslabón más que necesario para que el poder político no interfiera en el poder económico. En esta línea van, precisamente, los primeros trabajos sobre esta reforma que acaba de publicar la Fundación Alternativas, en los que se apuesta con claridad por la creación de un consejo independiente que englobaría al actual Tribunal y al Servicio de Defensa de la Competencia y trabajaría de forma coordinada con los órganos que ya existen en algunas comunidades autónomas.

Acabar con el intervencionismo del Gobierno en las decisiones empresariales, en todos los niveles, es un requisito imprescindible para alcanzar una economía y una sociedad más dinámica y debería ser un objetivo compartido por parte de todos los grupos políticos. Cada uno de ellos se retratará durante el trámite parlamentario de la reforma y es de esperar que lo hagan con el tino que requiere la ocasión.