TRIBUNA

¿Es sostenible el crecimiento chino?

El fuerte crecimiento de China está conmocionando la economía internacional. La autora advierte, sin embargo, sobre los riesgos que presenta la combinación de su estructura fiscal ineficiente, unas empresas estatales incapaces de generar beneficios y un sistema bancario insolvente

Nadie duda de la actual importancia económica de China. Su creciente demanda exterior se ha convertido en locomotora del crecimiento de las exportaciones en muchos países, especialmente en las economías de su entorno y en muchas latinoamericanas. Los recientes acuerdos de comercio firmados con Colombia, Argentina, Chile o Brasil, son una muestra de este hecho y de la cada vez mayor dependencia de estas economías de la evolución de la demanda china.

Esto plantea una pregunta crucial: ¿Es el crecimiento económico de China sostenible? A simple vista, parecería que sí. La industrialización del sector rural, clave en el proceso de modernización, no ha culminado. El 50% de la fuerza laboral está en zonas rurales. Más de la mitad representa un importante excedente que podría emigrar a zonas industrializadas. Dada la abundancia de mano de obra, los incrementos de productividad se traducirían más en aumentos de beneficios empresariales que en subidas de costes laborales.

También el factor capital es abundante. Cuenta con una de las más elevadas tasas de ahorro doméstico, en torno al 40% de su PIB en 2003, más que suficiente para financiar la inversión interior. Aún así, el país recibió el mayor volumen de inversión directa extranjera del mundo en 2003 y se espera que reciba unos 100.000 millones de dólares en el periodo 2006-2010.

El cada vez más necesario proceso de liberalización financiera es un reto para la economía de China

Sin embargo, existen riesgos que podrían hacer que la economía se desviara de su actual tasa de crecimiento. Uno de los principales proviene de la debilidad de su sistema bancario, dominado por cuatro bancos estatales líquidos pero insolventes. La liquidez está garantizada por los elevados niveles de ahorro doméstico que, con escasas alternativas de inversión, se han materializado en depósitos (más del 90% del total de activos en 2003).

La insolvencia tiene su origen en la elevada proporción de préstamos fallidos, tras la cual está la estrecha relación entre Estado, bancos y empresas estatales. Los bancos estatales conceden el 70% del total de préstamos, de los que más de tres cuartas partes van a parar a empresas estatales. La ineficiencia y escasos beneficios de éstas se han traducido en la imposibilidad de devolver esos préstamos. Las cifras oficiales sitúan la proporción de préstamos morosos en un 25% del total para 2003. Las no oficiales oscilan entre un 50% y hasta un 90%. Pero lo más preocupante es el continuo crecimiento de dichos préstamos. Dado el relevante papel social de las empresas estatales, es difícil terminar con esta corriente de financiación, en la que los bancos se han convertido en una especie de presupuesto secundario.

Además, los bancos estatales son prestamistas forzosos del Gobierno central. Alrededor de la mitad de los gastos anunciados se financian con la emisión de bonos del Estado, que los bancos están obligados a comprar. Cuando los bancos sufren tensiones de liquidez, el Banco Central se encarga de inyectar nuevos fondos al sistema, de forma que el dinero circula en un sistema cerrado en el que las distintas partes del Estado se financian unas a otras. Esta estructura hace que el problema de los préstamos morosos sea, en la práctica, un problema fiscal.

¿Puede un sistema así sostenerse indefinidamente? La respuesta sería afirmativa siempre que sigan sin existir otras alternativas de ahorro atractivas, los depositantes sigan confiando en el sistema y los Gobiernos sigan actuando como lenders of last resort. Pero el propio Estado fomenta nuevas formas de ahorro, que serán bienvenidas dados los bajos -negativos en 2003- tipos de interés de los depósitos. Además, a partir de 2007, los bancos extranjeros podrán tomar depósitos en moneda local, lo que reducirá el flujo de fondos a los cuatro estatales. Por otro lado, la financiación del sistema con recursos estatales también tiene límites: la sostenibilidad de las finanzas públicas.

La deuda pública china ha sido relativamente pequeña, en torno al 20% del PIB. Pero al dato habría que añadirle los pasivos del sistema bancario (gastos de recapitalización y garantía de depósitos), lo que lo elevaría a más de un 100% del PIB. La alta tasa de crecimiento ha hecho que esta proporción no sea preocupante. Pero hoy China tiene la necesidad de enfriar su economía. Su respuesta a las políticas de enfriamiento será crucial para la evolución de las finanzas públicas.

A esto hay que añadir que, desde 1998, el superávit primario ha seguido una tendencia a la baja, convirtiéndose en déficit a partir de 2000, alcanzando 1,5% del PIB en 2002. Finalmente, la evolución de los ingresos y gasto públicos ha llevado a un progresivo empeoramiento del déficit público (3% del PIB en 2002). Si a esta cifra se añaden los préstamos de los bancos estatales a empresas públicas el déficit alcanzaría el 15% del PIB.

Entre las posibles soluciones, la necesaria reforma del sistema fiscal no parece tener prioridad en la agenda de las autoridades. La recapitalización del sistema bancario con inyección de fondos gubernamentales no ha dado resultados hasta ahora. Tampoco la privatización de empresas se presenta como una solución inminente, dada su importancia social y la reducida capacidad del Gobierno para hacer frente a los posibles costes derivados de la privatización.

Aunque todavía exista un margen de maniobra, la combinación de un sistema fiscal ineficiente, empresas estatales incapaces de generar beneficios y un sistema bancario insolvente, sugiere que el sistema no podrá seguir sosteniéndose sobre las actuales bases indefinidamente, convirtiéndose en una clara amenaza al crecimiento sostenible. El cada vez más necesario proceso de liberalización financiera supone también un reto para la economía china. La historia demuestra que la mala gestión de tal proceso ha sido la causa de crisis financieras y de tipos de cambio y, en definitiva, de crisis económicas reales.