Debate Abierto

La burbuja del buen gobierno

La ética empresarial se ha convertido en el activo de moda en el mundo de los negocios. Se mire donde se mire, nos encontramos con una avalancha de seminarios, conferencias y foros en los que las empresas debaten sobre la buena gobernanza y hacen gala de su responsabilidad social corporativa (RSC). Toda empresa que se precie tiene ya en sus estanterías algún premio a la transparencia informativa, a la responsabilidad social o al buen gobierno, otorgado por alguna de las muchas asociaciones y fundaciones especializadas en este asunto surgidas en los últimos tres años. Pero ¿cuánto hay de verdad en esta ola del buen gobierno? ¿Están convencidas las empresas de la importancia del comportamiento ético o simplemente actúan movidas por temor a sanciones administrativas o al castigo impuesto por los mercados? En definitiva, ¿es la responsabilidad social una exitosa herramienta de márketing o responde a un compromiso real por parte de los ejecutivos de las empresas?

La ola de buen gobierno arrancó en España hace más de un lustro, pero el verdadero boom se produjo tras el estallido del 'caso Enron' a finales de 2001. Aquel escándalo, que removió los cimientos del mundo empresarial y minó la confianza de los inversores de todo el mundo, es considerado por juristas como Rodrigo Uría o Emilio Cuatrecasas como un episodio providencial. Fue el catalizador que obligó a empresas y reguladores a tomarse realmente en serio las normas de buen gobierno, como señala John C. Coffee, director del centro de gobierno corporativo de la Universidad de Columbia.

El Código Olivencia, que fue el primero en establecer unas pautas de lo que podríamos considerar como buen gobierno, ya existía en España en 1998. Aquel documento estableció 23 recomendaciones. Pero muy pocas empresas, ni siquiera las grandes, se preocuparon por cumplirlas. La propia la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) publicó en diciembre de 2002 un documento que desvelaba que sólo ocho de las 35 sociedades del Ibex cumplían con las recomendaciones de Olivencia.

El exceso de peso del buen gobierno puede provocar una pérdida de la perspectiva que haga olvidar otras reformas

Hay quienes piensan que los escándalos fueron providenciales para adoptar una nueva ética empresarial

La Ley de Transparencia de julio del año pasado intentó poner orden en esta materia, estableciendo una serie de obligaciones de transparencia para las sociedades cotizadas en Bolsa. Pero tanto los legisladores como los expertos son conscientes de que no se trata tanto de dictar normas como de cambiar la mentalidad de los gestores.

No existe ninguna ley que pueda prevenir el fraude si quienes están al frente de las sociedades no actúan con honestidad. El de la honestidad es un asunto que afecta a todas las empresas, sean del tamaño que sean, y coticen o no en Bolsa. Y los efectos del comportamiento de las empresas tienen hoy en día tal trascendencia, que incluso la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, declaró recientemente que 'se trata de una cuestión política que afecta al interés general y de una exigencia social de primera magnitud'.

Aunque los expertos advierten que hay un exceso de ruido en esta materia, también reconocen que hay directivos realmente comprometidos con el buen gobierno de sus empresas. Quienes creen genuinamente en la importancia del comportamiento ético cuentan con los catedráticos y expertos en derecho como sus mejores aliados en esta batalla.

Los más convencidos aseguran que se trata de mucho más que de una moda: 'Es una nueva forma de hacer negocios que se ha instaurado para quedarse'. æpermil;sta es la opinión compartida de numerosos expertos, consejeros y empresarios que están convencidos de que el buen gobierno no sólo es ineludible por razones éticas y normativas, sino que además aporta valor, contante y sonante, para la empresa. Sobre todo desde que los mayores fondos de inversión internacionales han empezado a tener en consideración el cumplimiento de normas éticas a la hora de decidir dónde colocan el dinero de los inversores.

También hay quienes en público apoyan cualquier tendencia relacionada con la transparencia y el buen gobierno, para reconocer en privado que no le dan la más mínima importancia a la hora de planificar sus estrategias. De hecho, empieza a ser habitual el debate en los consejos de administración sobre si lo más importante es cumplir escrupulosamente con las nuevas normas o basta con saber comunicar bien a la opinión pública lo poco o mucho que se hace al respecto. Como reconoce el catedrático en Derecho Mercantil de Esade, Miguel Trías, 'hay una doble moral en materia de buen gobierno' (Más información en la página 12).

A medio camino están quienes defienden honestamente la necesidad de impulsar el buen gobierno corporativo, pero se quejan de que un exceso de regulación en esta materia lastra a las compañías y no tiene por qué ser más efectivo.

Los expertos en derecho mercantil advierten, además, que el exceso de interés por este asunto ha hecho que se pierda la perspectiva sobre otras tareas importantes de cara a la modernización del mundo empresarial europeo. Como ejemplo citan la simplificación y puesta al día de las materias comunitarias en derecho de sociedades prevista por la agenda de Lisboa del año 2000.

Para aquella reforma se constituyó una comisión que elaboró el conocido informe Winter. Mientras se redactaba el documento, estalló el escándalo Enron, así que los expertos aprovecharon para añadir un capítulo relacionado con el gobierno corporativo. Un capítulo que terminó por anular todos los demás. Y ahora corremos el peligro de olvidar otras reformas absolutamente necesarias en el derecho de sociedades comunitario. 'Nos estamos perdiendo en los detalles y estamos olvidando la modernización necesaria del derecho mercantil en Europa si se quiere que éste sea realmente eficaz en un mundo cada vez más globalizado', señalan los más críticos con el exceso de atención empresarial en las medidas de buen gobierno.

En opinión de un catedrático de derecho mercantil que también asesora a diversos consejos de administración, las normas de buen gobierno son importantes, 'pero la transparencia, la honestidad y la protección de los inversores no pueden convertirse en la única pieza del puzzle de un derecho de sociedades que necesita modernizarse'.

Se trate de o no de una moda, la transparencia, el buen gobierno y la responsabilidad social corporativa están aquí para quedarse y se han convertido en herramientas imprescindibles para la empresa. Lo importante ahora es separar cuanto antes el trigo de la paja. Más importante que contar con una burbuja normativa en materia de buen gobierno es garantizar que las normas son las idóneas y, sobre todo, que se aplican a rajatabla.