Transparencia para los créditos

Los clientes de la banca están de enhorabuena. Tanto el Gobierno español como el Ejecutivo comunitario han anunciado un conjunto de modificaciones legales en estudio que rebajan los costes de los préstamos hipotecarios y que refuerzan los mecanismos de protección y de información al consumidor.

En el caso español, las modificaciones que analiza el equipo del vicepresidente segundo y ministro de Economía, Pedro Solbes, se centran en el ámbito hipotecario. El objetivo es rebajar los costes que intervienen en la concesión, la subrogación o el traspaso de estos préstamos. Es decir, desde comisiones (de apertura, cancelación o amortización anticipada) a gastos notariales o registrales.

Esta medida incentivaría la competencia y facilitaría que el consumidor eligiese un tipo fijo o un tipo variable en función de las condiciones y las perspectivas del mercado en cada momento, sin trabas ni costes adicionales. En la actualidad, se firman en España unas 100.000 hipotecas al mes. La reforma, que podría entrar en vigor a lo largo de 2005, cuenta con el beneplácito, al menos en principio, de la banca.

La segunda oleada de cambios sobre créditos proviene de Europa y se centra en los destinados al consumo. La filosofía de la directiva en debate es aumentar la información respecto a los costes, cláusulas y condiciones de un préstamo al consumo, con el fin de que los usuarios puedan comparar ofertas en el conjunto del mercado comunitario.

La norma recogerá que el cliente tendrá derecho a retractarse del préstamo suscrito en un plazo máximo de 14 días sin coste adicional alguno. Los cálculos de las autoridades comunitarias apuntan a que la nueva normativa estará lista el año próximo.

Ofrecer la máxima transparencia a la hora de tramitar un préstamo ha de ser un deber de las entidades financieras y un derecho de los ciudadanos. Y a los Gobiernos les corresponde preservar que se cumplan las obligaciones y que se respeten los derechos.