Política científica y pacto por la ciencia
El decidido impulso de la política científica propuesto por el Gobierno debe abordar el problema del déficit tecnológico en España en la doble vertiente cuantitativa y cualitativa, según el autor, que cree necesario articular un pacto por la ciencia en el que se involucre a toda la sociedad
La investigación, científica y tecnológica, sigue siendo un problema en España. En 2002, España, sumando el esfuerzo público y el privado, invirtió oficialmente el 0,97% del PIB en I+D, cifra que, excluidas las inversiones en fabricación en serie de equipos militares, queda en un 0,85%. Dado que existe una relación PIB/habitante-esfuerzo en I+D a nivel mundial, lo esperable hubiera sido una inversión cercana al 1,4%, distante aún de la media europea, cercana al 2%. Por otra parte, la tasa de cobertura de la balanza tecnológica fue en 1998 del 19%, la más baja de la UE.
Frente a una asunción del 65% del esfuerzo investigador de media en la UE por parte empresarial, en España tenemos el 52%. Aunque la eficiencia de esta inversión empresarial española en consecución de renta per cápita es superior a la media europea, también es una causa importante de la pobre competitividad española que reflejan los estudios del World Economic Forum, del estancamiento de la productividad y del enorme desequilibrio de la balanza tecnológica, ya que la innovación procedente de investigación, la más competitiva y sostenible, es insuficiente.
El Gobierno surgido de las urnas el 14 de marzo, consciente sin duda del problema, ha decidido, de acuerdo con el programa electoral socialista, duplicar la inversión pública en I+D+i. Pero al lado de los problemas cuantitativos también los hay cualitativos.
A nivel de investigación científica, campo propio de la acción pública, a pesar de la alta productividad de nuestros científicos, existen problemas. Nuestros institutos y centros públicos, con múltiples duplicidades que reclaman procesos de integración orgánica políticamente valientes, vertebración que por lógica debería gravitar en torno al CSIC, concebido como casa común, adolecen de falta de tamaño que les permita competir mejor a nivel internacional. Parte importante de los problemas de financiación de los grupos de investigación, problema endémico, puede ser resuelto creando la Agencia Nacional de Financiación de la Investigación contemplada en el programa electoral socialista.
Por otra parte, la investigación científica y la tecnológica son poco sinérgicas, en parte significativa por la insuficiente apuesta investigadora de las empresas, materializada en la falta de doctores en sus plantillas. El problema de la transferencia de investigación generada en instancias públicas a las empresas es más un problema de política económica, de apertura y liberalización que obligue a la investigación e innovación, que de política científica. Si las empresas sintieran esa necesidad, ellas mismas succionarían con avidez los resultados de la investigación pública, como sucedió con la investigación petrolífera en el periodo 1955-1965.
Cualquier política científica debería, por tanto, atacar el problema en esta doble vertiente, cuantitativa y cualitativa, tanto en la esfera pública como en la privada. Por ello, las reformas cualitativas deberían ser al menos simultáneas a las reformas cuantitativas, a la inyección de más dinero en el sistema, si se quiere que las inversiones sean efectivas. Algo que sabe muy bien cualquier empresario: cuando hay problemas, la reorganización debe preceder o acompañar a la inversión.
Dentro de lo cualitativo hay una dimensión política fundamental: es necesario articular un pacto por la ciencia, algo insistentemente pedido por la comunidad científica que se aviene bien con la mentalidad pactista y participativa que hasta ahora parece animar al actual Gobierno en agudo contraste con el anterior.
Pero no se trata solamente -y es importante- de otro estilo de hacer política, sino de una necesidad intrínseca a la naturaleza de las cosas. Sin involucrar desde el Gobierno de la nación a la oposición, al sector empresarial y al financiero -especialmente las cajas de ahorros-, a los sindicatos, a las comunidades autónomas y a las sociedades científicas, es inviable una acción que consiga un desarrollo sostenido y equilibrado en el cual poderes públicos y agentes sociales, además de los principales partidos, asuman la parte que les toca. Que evite el coyunturalismo que ha presidido la política científica. Que lleve a las empresas a asumir que si el Estado duplica su inversión ellas deberían hacer lo mismo.
En ausencia de pacto, especialmente con los empresarios, habrá voluntarismo arbitrista, bienintencionado, pero a la postre ineficiente en generación de riqueza. Los resultados no se verán a corto plazo: los estudios empíricos muestran que no hay relación a corto plazo entre tasa inversora en I+D y crecimiento económico. La investigación es condición necesaria para lograr una mayor renta per cápita y un empleo de calidad, pero no suficiente.
Estamos ante una carrera de fondo, ante un problema estratégico, de Estado, de solución nada fácil, que requerirá un amplio y sostenido consenso inalcanzable sin debate y sin generosidad -pública, privada y de grupo- y sentido de país y Estado.