EE UU comienza a decidir
Cuando se celebren las elecciones presidenciales en EE UU el próximo noviembre, gran parte de la decisión ya habrá sido tomada porque, según el sistema electoral de la práctica totalidad de los Estados americanos, sólo podrán votar aquellos que se hayan inscrito para hacerlo y esta circunstancia anticipa en buena medida lo que habrá de ser el resultado electoral.
En principio, los defensores del sistema americano pueden argumentar que la preinscripción no vulnera el derecho universal al voto, puesto que los ciudadanos americanos, sin excepción, pueden optar por incluirse en el censo electoral del Estado en que residen. No obstante, la decisión de votar masivamente y en determinado sentido no tiene por qué producirse, al menos, con el mes de anticipación que se determina en EE UU, como se tuvo buena prueba en las últimas elecciones generales españolas, que posiblemente hubieran registrado un resultado muy distinto si no hubieran podido votar muchos de los electores que, a la vista de cuanto aconteció tras los atentados de Madrid, decidieron acudir a las urnas muy a última hora.
La obligación de inscribirse en un registro electoral en cada consulta prima a los partidos conservadores, puesto que los colectivos menos previsores son los que con mayor frecuencia dejan de inscribirse. Esto se aprecia, por ejemplo, en la menor propensión de los jóvenes a incorporarse al censo electoral, como se puede comprobar con datos de la Oficina de Censos de EE UU, que señala cómo en las elecciones que llevaron al poder a Bush en noviembre de 2000, se habían registrado para votar el 45,4% de los ciudadanos de 18 a 24 años, algo menos del 60% de los que tenían de 25 a 44 años y porcentajes siempre crecientes con la edad hasta llegar al 76,1% de los mayores de 74 años.
En las próximas elecciones se repetirá la desigualdad en el derecho al voto entre los estadounidenses
Abundando en cómo la preinscripción puede vulnerar el derecho al voto, cabe añadir otras consideraciones, como la desigualdad que existe en el apoyo económico para las campañas de inscripción, donde se sabe que los conservadores encuentran la financiación de los grandes grupos económicos, o como la resistencia que, de hecho, se suele oponer a la inscripción de determinados grupos sociales.
Precisamente, esta resistencia encuentra un complemento extraordinariamente beneficioso a los intereses conservadores en la legislación de muchos Estados americanos, debido a la privación del derecho a sufragio en función de la información facilitada por los correspondientes registros judiciales y policiales.
También en este caso, la comparación con lo que ocurre en España resulta ilustrativa. Aquí, hasta la reforma del Código Penal que rige desde 1996, se eliminaba del Censo electoral sólo a aquellos que habían sido privados explícitamente del derecho a sufragio por sentencia judicial. El Código Penal vigente impide que se pueda privar a los ciudadanos del sufragio activo, por lo que en la actualidad la Oficina del Censo Electoral ni siquiera recibe del Registro de Penados y Rebeldes listas de condenados con sentencias anteriores a la citada reforma de 1996.
Pero en EE UU, parece que las posibilidades de eliminación de personas de sus registros electorales son de muy superior calibre a las que se seguían en España y, en lugar de afectar a poblaciones anecdóticas, tienen una amplia incidencia. Así, en la película de Michael Moore, Fahrenheit 9/11, mientras se observan las manifestaciones de protesta de miles de manifestantes afroamericanos privados de su derecho al voto en noviembre del 2000, se escucha a miembros de la Cámara de Representantes denunciar la estrategia seguida por los republicanos consistente en 'borrar de las listas a los que posiblemente no te voten Los conocerás por su color'.
La privación del derecho a figurar en los registros electorales a quienes hayan cumplido penas por un delito mayor se amplía en algunos Estados, tan claves como Florida, a quienes tengan antecedentes penales, lo que afecta principalmente a poblaciones negras e hispanas que, como se sabe, suelen optar por el Partido Demócrata. Quizás por ello, los niveles de inscripción según la Oficina de Censos de EE UU variaron en las elecciones del 2000 desde el 71,8% de los ciudadanos blancos nativos de origen no hispano hasta el 44% de los ciudadanos de origen africano, estando registrados los norteamericanos nativos negros en un 67,7%, los de origen hispano en un 57,2% y los de origen asiático e islas del Pacífico en un 53,5% de casos.
Sin los cambios, tantas veces prometidos, en las leyes electorales, todo indica que en las próximas elecciones se repetirá la desigualdad en el derecho al voto, a pesar de las movilizaciones que ya se han iniciado de la sociedad americana, con Moore como uno de sus protagonistas.