De nuevo la inmigración
El autor analiza el anuncio realizado por el Gobierno para la regularización de los inmigrantes que tengan trabajo y lleven un tiempo 'importante' en España. En su opinión, este tipo de declaraciones producen unas consecuencias que conviene prever
El pasado domingo la secretaria de Estado de Inmigración y Emigración declaró que normalizaría, por vía reglamentaria, la situación de los inmigrantes irregulares que reunieran dos condiciones: demostrar una relación fehaciente con el mercado de trabajo y llevar en España un tiempo importante. Añadió que la cifra final de los afectados dependería de los 'empresarios y empleadores' que estuvieran dispuestos a colaborar y acabar con la pertenencia de algunos trabajadores a la economía sumergida. Tras estas declaraciones, que incluían afirmaciones correctas, como que la inmigración laboral 'es una necesidad', y otras discutibles, como que el verdadero efecto llamada lo tiene la economía sumergida, así como advertencias en el sentido de que nadie podría comprar un contrato de trabajo, se suscitaron varias polémicas en las que la afirmación más clara fue la de UGT calificando de inmaduro e imprudente el anuncio del Gobierno.
El tema de fondo es que, en general, la emigración favorece al emigrante y al país de acogida. Al primero porque le ofrece oportunidades de las que carece en su país natal y al segundo porque la aportación que realiza supera su coste. El emigrante tiene derecho a desplazarse y motivos para hacerlo. Ese derecho, como todos, tiene límites, su ejercicio supone requisitos y como contrapartida impone obligaciones. Del modo que el derecho a desplazarse por el territorio nacional no permite hacerlo a través del huerto y la vivienda del vecino, el emigrante ha de cumplir con la normativa vigente sobre entradas y estancias.
El problema aparece cuando las dificultades administrativas impiden regularizar situaciones que, en sí mismas, son legítimas pero proceden de una entrada irregular o de la realización de actividades laborales sin formalización adecuada, y no por voluntad propia o deseo de ahorrar costes (como cotizaciones a la Seguridad Social) sino por imposibilidad.
Es necesario resolver esas situaciones y es conveniente hacerlo pronto y sin dar lugar a que se generen más casos como los que se desean corregir. En lo primero la secretaria de Estado hace su papel, en lo segundo, probablemente, crea nuevos problemas.
Las Administraciones públicas deben explicar su posición y propósitos, pero no siempre han de informar por anticipado para prevenir que se desnaturalicen sus acciones ni, tampoco, diluyen su responsabilidad en terceros. Lo primero ocurre a veces con la política monetaria y con los planes de inspección fiscal. Si se informa ha de ser de modo preciso para evitar confusiones y tensiones como las que deberán de soportar los funcionarios asediados a preguntas sobre un reglamento que desconocen, o la creación de expectativas infundadas para personas que ya están en el país o a las que se traducen las declaraciones en términos de '¡a qué esperas!'. En cuanto a lo segundo, el volumen de regularizaciones no puede dejarse al albur de 'empresarios y empleadores' que están y llevan un tiempo importante en situación irregular, sino que, sin dejar eso de lado, debe deslindarse entre las distintas figuras que hay entre la plena legalidad estable, la legalidad transitoria y la irregularidad total, priorizando a las intermedias.
La posibilidad real de resolver buena parte de los problemas existentes por simple silencio administrativo ya existe, y sus resultados se aprecian en la cifra de afiliados a la Seguridad Social. En cualquier caso, especialmente en temas de sensibilidad exacerbada, la información ha de ser rigurosa e inequívoca y las decisiones han de contar con la opinión de los afectados. A este respecto es relevante la opinión del Consejo Económico y Social (CES) y también lo es la de los sindicatos y organizaciones empresariales que, justamente, ven cómo hay competidores (voluntariamente o por fuerza desleales) que se han beneficiado de situaciones penalizables que ahora son amnistiadas, lo que plantea situaciones de falta de equidad. Escuchar a los afectados suele ser fuente de ideas, colaboración y, si no aporta compromiso, al menos reduce oposición.
Las declaraciones de la Administración tienen consecuencias que deben anticiparse por prudencia. Entre otras se deriva que habrá un intenso seguimiento de los empleos aflorados, que absorberán la actividad de centenares de funcionarios que no estarán disponibles para otras funciones. Sin haber visto siquiera el reglamento de la Ley de Extranjería puede cuestionarse la amplitud y eficacia de la preparación, lo que, aún aceptando las buenas intenciones, completa una imagen de improvisación.