Liderazgo y cambio industrial

La nueva Administración responsable de la política industrial y tecnológica está completando sus estructuras, cubriendo puestos y repartiendo funciones. Sin embargo, aún no ha dado mensajes claros al mercado de que vaya a reorientar sus actuaciones para provocar un cambio en el modelo de desarrollo. No es de extrañar que los sectores económicos comiencen a pensar en cierto continuismo, quizá con más medios y mejor gestionados, pero que difícilmente nos aproximará a los países avanzados de la UE.

El modelo actual se caracteriza por la falta de una política industrial con objetivos y programas de país, confiando en que las buenas condiciones ambientales hicieran rentables las propuestas de la iniciativa privada.

Lamentablemente, la iniciativa privada está generalmente dirigida por el mercado a corto plazo, por lo que ese modelo no garantiza una sostenibilidad del desarrollo. Los efectos más sustantivos están siendo: centrar las actividades empresariales en los eslabones bajos de la cadena de valor -distribución y comercialización, implantación e instalación y atención post-venta-, es decir, aquellos que generan menor valor; el déficit de productos y servicios avanzados exportables; la no apreciación empresarial de la rentabilidad del I+D; y, lo más grave a nuestro juicio, la no preparación para aprovechar las oportunidades que aparecerán a medio plazo.

La necesaria armonización europea no presupone que los países no puedan adoptar políticas propias

A esto se une una descapitalización de conocimiento, al reducirse su demanda en otros eslabones de la cadena; una desadaptación educativa entre el conocimiento aprendido y las habilidades requeridas en el mundo laboral, y un limite a los posibles aumentos de productividad y empleo por el uso de las tecnologías de información y comunicación (TIC), al no existir acciones complementarias y coordinadas sobre la demanda.

La acción política se ha limitado, casi exclusivamente, a la función regulatoria y normativa, convirtiendo ésta en un fin en sí misma en lugar de un dinamizador. Los efectos han sido: un excesivo dirigismo sobre los sectores y sus agentes; imprecisiones y zonas grises sobre los mercados; perdidas de rentabilidad de ciertos mercados, y de atractividad de inversiones en infraestructuras alternativas, etcétera.

La política regulatoria de la UE ha favorecido esa falta de iniciativa, ya que la actuación política se ha centrado en la transposición de Directivas, con orientación hacía un mayor control y, por tanto, más intervencionista.

Con este modelo no se está mejorando la convergencia real con la UE desde la perspectiva tecnológica y social, como se puede observar por nuestra persistente posición en las estadísticas por debajo de los promedios europeos (con la excepción de los servicios móviles y de la Administración electrónica). La necesaria armonización europea no presupone que los países no puedan adoptar políticas propias. Así, el principio de subsidiariedad permite a los Estados intervenir donde las fuerzas del mercado son insuficientes, ineficaces o dispersas.

Esto permite: prefijar orientaciones sobre sectores, tecnologías o mercados de actuación preferente, contribuir a la extensión de las redes avanzadas donde falta el interés privado o facilitar la coordinación de las actuaciones empresariales en I+D buscando complementariedad e interoperatividad y evitando solapes. Igualmente, estimular actuaciones de desarrollo en productos, servicios, aplicaciones y contenidos que dinamicen la aplicabilidad y uso de las ofertas empresariales. Y, en su caso, realizar esos desarrollos en el sector público si el privado no responde eficazmente. También establecer mecanismos eficaces de estandarización, facilitar la participación en las organizaciones normalizadoras internacionales, y potenciar la adopción de estándares abiertos. Así como promover, y liderar si fuera necesario, la educación y formación de usuarios y consumidores para que acepten y adopten las nuevas ofertas, y también divulgar los mecanismos de financiación y ayuda, nacionales y comunitarios, a I+D+i, etcétera.

Todo lo anterior muestra la factibilidad de la necesaria revisión de la política industrial. La Administración es una maquinaria poderosa, programada por muchos años para actuar de una cierta forma neutra y sin riesgos que quizá convenga cambiar. Evitar el continuismo requiere de una asunción de liderazgo que sus nuevos responsables podrían asumir, con una política más proactiva y más autónoma de las orientaciones generales de la UE. Estoy seguro de que las empresas responderían muy favorablemente a la llamada de una acción política para diseñar y hacer el futuro.

Analista del sector de tecnologías de información [e-mail]