De la sanción al compromiso

Las medidas voluntarias son más eficaces que las multas para concienciar a las empresas, según el informe de Recursos Mundiales 2004, pero aún deben mejorar

Con motivo del día mundial del Medio Ambiente, que se celebró el pasado sábado 5 de junio, el Ministerio ha publicado la versión española del informe Recursos Mundiales 2004, 'Decisiones para la Tierra: equilibrio, voz y poder'. El Banco Mundial, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y el Instituto de Recursos Mundiales han realizado este estudio.

El informe, que hace un llamamiento para detener el acelerado deterioro del medio ambiente y la pobreza mundial, se detiene especialmente en el papel de las empresas como un factor determinante para que las políticas ecológicas sean realmente efectivas. La principal conclusión del estudio es que la responsabilidad social ya no sólo se consigue con medidas de coacción, sanciones o multas. Las políticas que inducen a un compromiso por medio de la divulgación voluntaria de información como son el fomento de los informes de sostenibilidad, las certificaciones o los etiquetados ecológicos están resultando más efectivos, aunque aún tienen muchos puntos por mejorar.

Difusión: Registros de contaminación

Las medidas de difusión nunca pueden sustituir a la legislación, pero mejoran su eficacia y resultan especialmente útiles para que los ciudadanos puedan pedir cuentas a las empresas. Las medidas más extendidas en este ámbito son la creación de registros de contaminantes. El más conocido es el Inventario de Emisiones Tóxicas (TRI) de Estados Unidos, que controla la relación de las empresas contaminantes sector a sector. El inventario se publica cada año en internet y en informes impresos para que esté a disposición de los ciudadanos. Entre 1998 y 2000, el TRI consiguió que los contaminantes químicos que rastrea se redujesen un 48%, y logró que muchas empresas disminuyesen su contaminación más allá de las exigencias legales.

Hoy en día unos 60 países han desarrollado registros similares o están haciéndolo. España participa en el Inventario Europeo de Emisiones Contaminantes (EPER), que debería haber empezado a publicar sus datos a finales de 2003, pero que aún no se ha hecho público.

Las experiencias en países como EE UU, Canadá, Holanda, Noruega y el Reino Unido demuestran que estos registros pueden ser efectivos, pero tienen sus limitaciones. El informe echa de menos unas definiciones comunes o legales para presentar los datos pues los gobiernos suelen tener dificultades para casar su información con la facilitada por las compañías. Además, aseguran, que los registros sólo muestran una parte pequeña de los 210.00 sustancias reguladas, y denuncia que no se ocupan de las empresas pequeñas ni de las emisiones tóxicas de productos de consumo como los coches.

El protocolo PRTR, que el año pasado firmaron la UE y otros 36 países, ha tenido en cuenta estas limitaciones. Según los autores, ésta es la expansión más significativa hasta la fecha de los requisitos para difundir información.

Voluntarios: Informes verdes y códigos

Desde los ochenta miles de compañías han publicado voluntariamente informes sobre su actuación ambiental, o se han comprometido con códigos de conducta, o han acudido a terceros para que les certifiquen. El estudio considera que a pesar de que cada vez hay más de iniciativas voluntarias, el número de empresas y sectores que se involucran aún es pequeño. Los sectores industriales y las multinacionales con un perfil público alto son los que más informan, mientras que las empresas más pequeñas no pueden afrontar el coste de preparación de un informe.

El gran problema es que estos informes son tan heterogéneos que resultan difícil de comparar, por lo que el estudio alaba la creación de directrices comunes como el Global Reporting Iniciative.

En cuanto a los códigos de conducta y los sistemas de certificación ecológica critica que carecen de objetivos claros, de resultados mesurables y fechas tope para implantarlos. Pero el principal fallo está en la falta de mecanismos de supervisión y sobre todo, los autores reclaman que sea una empresa independiente quien la lleve a cabo. La OCDE halló que sólo un 10% de los 246 códigos que inspeccionó contenía cláusulas para su supervisión por externos.

El riesgo que se corre cuando no existe la verificación de terceros es que los códigos se conviertan en meras tácticas de relaciones públicas, advierte el informe. Los Gobiernos, incluido el español, se han comprometido a establecer Puntos de Contacto para investigar el incumplimiento de las medidas que se describen en los informes. La falta de credibilidad es también uno de los problemas que encuentran los informes de sostenibilidad.

La adopción del Sistema de Gestión medioambiental, conocido como SGMA, que marca los procedimientos a seguir para manejar los impactos ambientales, y la certificación ISO 14001 y la europea EMAS pueden ayudar a dar veracidad a los compromisos de la compañía. A pesar de todo, el informe cree que la ISO 14001 no define las metas ambientales ni qué medidas se deben adoptar, ni si quiera exige que se publique un informe, y considera que esta certificación sólo requiere que la empresa tenga un sistema organizado para examinar los impactos ecológicos, que se pueda mejorar continuamente.

Presión social: Consumidores bien informados

El factor más innovador es, para los autores, la intervención directa de los consumidores, inversores y grupos sociales en los asuntos empresariales. Los dos ejemplos que mejor ilustran son los fondos de inversión responsable y la generalización de ecoetiquetas.

La inversión responsable todavía es un nicho de mercado, pero pone en evidencia la influencia económica del accionista. Su mensaje es claro: las políticas de ética y transparencia pueden incidir en el precio de las acciones. Según este informe, un mal comportamiento ambiental puede depreciar un valor entre un 4% y 15%, y por el contrario, la noticia de una conducta correcta han hecho subir valores hasta un 20%. La solidez en el plano ambiental se empieza a considerar un factor de que la empresa está bien administrada. El informe señala la cada día mayor popularización de este tipo de fondos.

El etiquetar géneros producidos con prácticas sostenibles es otra iniciativa que deja el poder en manos del consumidor. En 2002, las ventas de agricultura ecológica alcanzaron los 20.000 millones dólares, y este segmento crece a un ritmo de un 25% anual. Todo indica que el consumidor está dispuesto a pagar más por alimentos que se cultivan respetando los ecosistemas.

La ecoetiqueta europea ha sido adoptada por 135 fabricantes y proveedores de servicios. Pero todavía hay que evitar la confusión e incrementar la confianza en estas etiquetas con medidas que van de la estandarización a la certificación de terceros.

Sin la verificación de terceros se corre el riesgo de caer en meras relaciones públicas

Transparencia y leyes globales

'No podremos aliviar la pobreza sin ejercer una gestión sostenible de los ecosistemas. Y tampoco podremos proteger los ecosistemas si no logramos que los ricos y poderosos rindan cuentas de sus acciones', aseguró Jonathan Lash, presidente del Instituto de Recursos Mundiales durante la presentación de su informe en Madrid.Lash advirtió que un gobierno sin transparencia y sin participación de la sociedad civil es una hipoteca para las generaciones futuras.Esta es una de las principales conclusiones del informe de Recursos Mundiales que precisamente destaca la importancia de que los gobiernos proporcionen a los ciudadanos la suficiente información sobre medio ambiente para que puedan participar en la toma de decisiones. El informe asegura que todavía hay mucho qué hacer en este área.También queda mucho qué hacer en el terreno de lo judicial, que no está siendo eficaz en materias medioambientales ya que las leyes medioambientales se están viendo superadas por el creciente poder del sector privado y la globalización.