El secreto mejor guardado de Kioto
El cumplimiento de los compromisos de Kioto supone el mayor reto medioambiental para los españoles en el nuevo siglo. Históricamente, otros grandes problemas como la depuración de aguas residuales o la introducción de plantas avanzadas de reciclado se han financiado con fondos europeos. En otras palabras, la inversión en nuevas instalaciones medioambientales salía casi gratis. La política para la lucha frente al problema del cambio climático se presenta radicalmente distinta. Ahora nos toca pagar a nosotros.
Para alcanzar el ambicioso objetivo de la UE de reducir las emisiones de los gases de efecto invernadero un 8%, vamos a establecer mecanismos que tienen su base en el comercio de derechos de emisión. Cada país debe demostrar que ha cumplido su compromiso con reducciones reales con respecto a 1990 o bien adquiriendo derechos de emisión o algún otro título similar considerado 'válido' por la UE.
En lo que respecta a las instalaciones reguladas por la Directiva Europea de Emisiones, las plantas afectadas recibirán en el Plan Nacional de Asignación de su país un número de derechos gratuitos que le permitirán compensar sus emisiones. Si sus emisiones reales están por debajo de los derechos gratuitos recibidos se convertirán en vendedores de éstos. Si no disponen de suficientes derechos deberán comprarlos a los excedentarios en el nuevo bien. En esto consiste el comercio de derechos de emisión.
España está por encima de la media europea de ecoeficiencia en siderurgia o en producción de electricidad con carbón
Parece obvio advertir que no todos los países tienen los mismos objetivos de política industrial y medioambiental, ni tampoco utilizan los mismos criterios al repartir de manera gratuita los derechos de emisión. Veamos como funciona este proceso.
Cada país decide los derechos que otorga a su industria. Si decide dar a sus sectores industriales derechos más que de sobra para sus necesidades previstas se convertirán en vendedores netos de derechos. Este país estaría subvencionando de manera encubierta a su industria de una manera curiosa, ya que la subvención procedería de otros sectores industriales de otros países europeos con los que es posible que compita en los mercados internacionales. Hay más de un país que parece estar en esa senda, como Italia y buena parte de los del Este.
Es un hecho que tras anunciarse los primeros planes de asignación así como la flexibilidad de Bruselas sobre utilización de derechos baratos procedentes de países en vías de desarrollo, el precio de los derechos en el mercado de futuros ha caído de manera espectacular (de 15 a 7 euros la tonelada). ¿Es esto una buena noticia? Precios por debajo de los 20 euros/tonelada no hacen rentable el cambio de tecnología y se convierten por tanto en meros impuestos. Impuestos que no sirven para financiar mejoras ambientales en España sino para subvencionar a la industria de los países 'generosos' en el reparto de derechos.
Lo significativo es que desde España poco podemos influir en el precio de los derechos, que se reparten en otros países y luego se negocian en una bolsa común. El mecanismo, como está diseñado, no funcionará en la dirección deseada. Un mecanismo que funcionase debería basarse obligatoriamente en la ecoeficiencia (reducir las emisiones por unidad de producto para cada tecnología). ¿Por qué nadie maneja la información sobre ecoeficiencia en los países europeos, cuando es obvio que las empresas ineficientes deberían comprar derechos y las eficientes venderlos? Este es el secreto mejor guardado por la patronales europeas de la industria que sí disponen de los datos para los distintos países.
En los pocos casos en los que estos datos se han hecho públicos, como siderurgia o producción de energía eléctrica con carbón, estamos por encima de la media europea en eficiencia. Los motivos son simples, nuestro crecimiento industrial es más reciente que el de otros países europeos y por tanto nuestras instalaciones son más modernas. No hay muchos más secretos. Si España decide ir por la línea dura en el reparto de derechos gratuitos, se dará el caso de que instalaciones españolas que superan la media europea de ecoeficiencia comprarán derechos a instalaciones ineficientes de países más generosos en el reparto. No le va a faltar trabajo en el futuro a Mario Monti, comisario de la Competencia.
Un reciente informe del Instituto Fraunhofer analizando los planes de asignación de los países concluye que los Estados europeos no han utilizado el reparto de derechos como herramienta para alcanzar los objetivos de Kioto. Una cosa sí parece clara, España debería seguir muy de cerca los planes de asignación de otros países y no pretender ser el primero de la clase, más si tenemos tanto que perder y desgraciadamente para los que nos preocupamos por el medio ambiente, tan poco que ganar.