Prohibido desafiar al viento

En Estados Unidos, una agencia regulatoria prohibió a los agricultores caerse mientras trabajaban. En España, una agencia regulatoria vetó la opa de Gas Natural sobre Iberdrola.

Lo primero ha quedado en los manuales de economía como ejemplo de regulaciones innecesarias, al igual que normas como las que prohibieron en Pittsburgh dormir en cámaras frigoríficas, en Arkansas abandonar vacas en la autopista con los ojos vendados o en Sault Ste Marie escupir contra el viento. Lo segundo posiblemente pase a la posteridad como una muestra del intervencionismo de un Gobierno que se declaraba liberal.

El Ejecutivo de Aznar situó a hombres cercanos al frente de las grandes empresas públicas o privatizadas y con esa cercanía tejió una red de relaciones que permitía un intervencionismo difuso y opaco en el que los lobbies florecieron. En departamentos ministeriales había artículos de leyes -en particular de carácter fiscal- a los que se conocía por el nombre de la empresa que lo había promovido, según el testimonio de funcionarios de carrera. Seguir la pista de a quién favorece una norma u otra no es fácil, pero la legislación a la carta alcanzó quizá su exponente más claro en el borrador de decreto que eximía a Repsol de lanzar una opa sobre Gas Natural para superar el 25% de participación. Los requisitos eran tan precisos que sólo se aplicaban a ese caso. La redacción final maquilló algo las apariencias, pero no el resultado: Repsol se libró de presentar una incómoda opa en su pulso frente a La Caixa.

'No basta que en el BOE aparezca un decreto declarando independiente a una agencia para que lo sea'd

La clave de la independencia de los reguladores está en su método de selección y en las condiciones de su cargo

El Gobierno del PP impulsó agencias reguladoras clave como la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) o la Comisión Nacional de la Energía (CNE), pero no logró vencer la percepción de que están sujetas al poder político. El hito más relevante en este sentido fue el veto a la opa de Gas Natural sobre Iberdrola, en el que el consejo de la CNE contradijo el criterio de sus propios técnicos en una votación en la que aparentemente pesó la adscripción política de sus miembros. Que se bloquease desde Madrid una operación diseñada desde Cataluña salpimentaba el problema con agravios territoriales.

En clave territorial fue también la primera propuesta de Zapatero en la materia. A principios de año, en su primera aparición pública tras la convocatoria de las elecciones, prometió en el Círculo de Economía descentralizar los organismos reguladores, en un acto en el que el anfitrión no era otro que Antoni Brufau, presidente del Círculo y también de Gas Natural.

Zapatero criticó entonces no sólo 'la concentración geográfica de los centros de decisión económica' sino también las fuertes conexiones entre poder político y empresarial y la insuficiente independencia de los organismos reguladores. Tras el vuelco electoral, el equipo económico socialista ha insistido en su voluntad de no interferir en las decisiones de las empresas privadas (privatizadas incluidas) y de dotar de más independencia a los entes reguladores. De nuevo, una proclama de tono liberal.

Pero la tarea no es sencilla. 'No basta que en el BOE aparezca un decreto proclamando que una agencia es independiente para que lo sea', sentencia Jordi Gual, profesor del IESE. En su opinión, la descentralización geográfica puede ayudar a ponérselo un poco más difícil a los grupos de presión, pero hay cuestiones de fondo más importantes.

Así, los organismos regulatorios deben disponer en primer lugar de recursos suficientes. Enfrente tendrán a grandes empresas con un ejército de los mejores abogados y economistas, de modo que no es asunto baladí. Junto a medios, necesitan competencias. El razonamiento es que las competencias dan poder y el poder, independencia. Pero para que esto sea así, sus decisiones no deben estar sujetas al ministro de turno o al refrendo del Gobierno. El objetivo sería que los organismos sectoriales asumieran funciones tales como la fijación de las tarifas. Hasta ahora 'se han utilizado las tarifas no como instrumento de regulación sectorial sino de política macroeconómica', critica Gual. Sin embargo, según fuentes de la Administración actual la pretensión es fortalecer primero la independencia del regulador y otorgarle después mayores poderes.

El razonamiento se extiende al terreno de la competencia. Lo importante no es si el Servicio y el Tribunal de Defensa de la Competencia (TDC) están fusionados o no. La clave es que haya una separación clara con respecto al poder político. El óptimo sería que las decisiones del TDC fueran vinculantes. Si el Gobierno no se atreve a tanto, que al menos deba justificarse por escrito si se separa del criterio del tribunal, de modo que eso tenga coste político y siente precedente.

Pero la cuestión clave para la independencia acaba residiendo en la selección de los consejeros de los organismos reguladores. Se trata de desvincularla tanto del ciclo como de la adscripción política. Mandatos de larga duración, elección parlamentaria (incluso sujeta a comparecencia previa) con mayoría cualificada y la selección de candidatos con un perfil profesional de prestigio. Francisco Marcos, profesor del Instituto de Empresa, recuerda que las vocalías del TDC eran inicialmente vitalicias. Sin llegar a ese extremo, considera que el mandato de cinco años renovable una sola vez es muy corto: 'Les hace estar demasiado pendientes de si van a ser reelegidos'.

Y tampoco con eso basta. 'Además, hay que dar un paso cultural. Hace falta que los políticos sepan renunciar a ese poder regulatorio y la sociedad española saldrá beneficiada', indica Jordi Gual. El profesor del IESE subraya que eso se ha conseguido en otros países y que también aquí hemos conseguido dar ese paso en el Banco de España, el ejemplo a seguir.

La tarea es urgente porque todo lo anterior es sólo el principio del camino. Puestas las condiciones para la independencia, la agencia ha de ganarse día a día la credibilidad. A juicio de los expertos ha sido la propia falta de autoridad de entes como el TDC la que ha hecho proliferar mecanismos intervencionistas difusos que recuerdan a la economía franquista.

Nadie puede garantizar que las agencias no acaben dictando regulaciones equivocadas e incluso absurdas. Pero ha llegado la hora de dar el paso definitivo a favor de su independencia. Los organismos reguladores necesitan recursos suficientes, poderes importantes y un mecanismo de selección adecuado que impida su sometimiento al poder político.

Antes de que una ley lo prohibiese, Nietzsche ya lo había dicho: 'Un viento fuerte es Zaratustra; y este consejo da a sus enemigos y a todo lo que esputa y escupe: ¡Guardaos de escupir contra el viento!'. Pero si alguien se atreve a desafiar al viento con una opa, no ha de ser una ley o un veto del poder político lo que lo impida.