Libertad de mercado y regulación
El gobierno y las empresas La línea divisoria entre la legítima regulación de los mercados y el excesivo intervencionismo es difusa. ¿Cuándo se sobrepasa la raya? Probablemente cuando un Gobierno no puede declarar públicamente que ha intervenido a favor o en contra de una operación y explicar por qué
La economía española ha registrado desde el inicio de la democracia unos profundos cambios que han colocado a nuestro país entre los más desarrollados del mundo, lo que se ha traducido en un aumento de los niveles de riqueza y bienestar de los españoles. El hecho de que hoy España sea un país mucho más rico que hace tan sólo unos decenios, merece un análisis que exponga siquiera someramente las causas de este fenómeno que ha cambiado por completo la faz de este país.
Dentro de este análisis se inserta la importancia de una economía de libre mercado, impulsora de las iniciativas empresariales, junto con una regulación de aspectos básicos de las actividades por parte de las Administraciones públicas, donde el sector eléctrico se configura como uno de los principales agentes protagonistas de esta relación.
En este contexto, es preciso subrayar el dinamismo y esfuerzo mostrado por la sociedad española a la hora de asumir los avances tecnológicos y los retos de una economía globalizada, abierta a la competencia y sometida a un entorno en continua transformación. Hay que destacar también la estabilidad política y social de la que ha gozado España desde el inicio de la democracia y su plena integración en la Unión Europea, que le ha permitido ser beneficiaria de importantes fondos comunitarios con los que configurar su red de infraestructuras y aumentar su cohesión territorial, aspectos ambos vitales para el desarrollo de una sociedad.
Dentro de este análisis es preciso ahondar en lo ya apuntado al inicio. Si España es una economía abierta, que afronta y apuesta con creciente eficacia por la globalización y liberalización de sus mercados, es preciso delimitar cuál debe ser la relación de las Administraciones públicas con las empresas cuya actividad está regulada y, a la vez, compiten en un mercado libre, como es el caso del sector energético.
Creemos que un exceso de regulación daña a la libre competencia, pero una desregulación excesiva en la ordenación normativa de un bien esencial como el gas o la electricidad puede dañar unos intereses sociales legítimos que son además garantía de progreso y bienestar para los ciudadanos. Por tanto, apostamos por la estabilidad y previsibilidad regulatoria que, además, garantice la libre competencia entre los agentes económicos de los sectores estratégicos.
Esta estabilidad regulatoria, con normas claras, precisas y dictadas para ser cumplidas, debe ser fruto del diálogo y la lealtad de los agentes con las Administraciones. En este sentido, Iberdrola mantiene un cauce fluido de diálogo con los organismos e instituciones responsables de la regulación energética y del correcto funcionamiento del mercado. Para ello, Iberdrola dispone de un equipo de expertos en regulación que se integran y coordinan tanto a nivel corporativo, con una visión general del Grupo, como en cada una de las actividades de sus negocios. También contamos con una oficina permanente en Bruselas, desde la que se mantienen contactos habituales con responsables de la UE.
Asimismo, Iberdrola mantiene un diálogo fluido con el resto de las Administraciones: nacional, autonómica y local, y con los organismos reguladores, que son en el ámbito energético, entre otros, los Ministerios de Economía, Industria y Medio Ambiente y la Comisión Nacional de la Energía (CNE).
En consecuencia, resulta difícil cuestionar la apuesta de Iberdrola por la liberalización y la competencia, y nos congratulamos de que el nuevo Gobierno del PSOE apueste también por una economía en que la necesaria regulación no sea un obstáculo para la libertad de mercado y para la toma de decisiones en un marco de igualdad de oportunidades para todas las empresas. La adopción de estas premisas, incluidas en el propio programa electoral del partido en el Gobierno, es una garantía para que España pueda contar con las herramientas apropiadas que impulsen su desarrollo económico.
En este sentido, nuestra apuesta por el cumplimiento del Protocolo de Kioto es una nueva prueba del firme compromiso de Iberdrola con la liberalización y el mercado. Creemos en un modelo energético que asegure el suministro con unos adecuados niveles de calidad y premie a las energías más limpias, dentro de un marco de desarrollo continuo de sus trabajadores y, con todo ello, conseguir una razonable retribución a nuestros accionistas para continuar el actual proceso inversor, uno de los más importantes de la reciente historia de España.