El déficit de las autonomías supera los 2.400 millones
El déficit de las comunidades supera ya los 2.400 millones de euros, lejos del objetivo de equilibrio pactado con el Gobierno central. Las comunidades han recibido con satisfacción la reforma de la Ley de Estabilidad a la que está dispuesto el vicepresidente Solbes.
Las comunidades autónomas, lejos de haber alcanzado el equilibrio presupuestario marcado como objetivo en el Consejo de Política Fiscal y Financiera del pasado jueves, acumulan globalmente en la actualidad un déficit público superior a los 2.400 millones de euros, más del 0,4% del PIB nacional.
A la cifra inicial que barajaba el Ministerio de Hacienda en febrero (1.332 millones de euros) sobre el ejercicio de 2003 y que envió como documentación a Bruselas, se deben sumar ahora los desfases adicionales de algunas comunidades autónomas. Entre ellas está la catalana y la balear. La primera acaba de hacer público un déficit de 1.177 millones en 2003, tras la auditoría de cuentas practicada al anterior Ejecutivo regional de CiU. De hecho, la Generalitat, gobernada por el tripartito, hará publica hoy la revisión del Presupuesto regional de 2004, en la que prevé una reducción del déficit, aunque de escasa cuantía (el mayor esfuerzo corresponderá a ejercicios posteriores).
Las cifras definitivas de déficit de todas las comunidades, referidas a 2003 se conocerán en julio, una vez que el Gobierno central haya hecho acopio de toda la información. Pero con independencia de ello, ya se ha anunciado que la situación deficitaria continuará en los próximos años en algunas de ellas, en contra de lo previsto en la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Canarias, Baleares, Cataluña y Galicia comunicaron el jueves que no podrán cerrar sus cuentas en equilibrio en 2005. En el caso de Cataluña, no se prevé alcanzar el déficit cero hasta 2006 o 2007.
Ello ha provocado el recelo de otras que sí han cumplido el requisito de equilibrio o superávit en 2003. 'No dejaremos que el desequilibrio de otras comunidades afecten a la nuestra', dijo ayer el consejero de Hacienda de La Rioja (PP), Juan José Muñoz, recordando que el objetivo es 'cero para todas'.
No obstante, lo que sí se ha recibido con satisfacción, sobre todo por las regiones gobernadas por el PSOE, es la intención del vicepresidente económico, Pedro Solbes, de mejorar la Ley de Estabilidad, abriendo un proceso de diálogo con ellas. Aún así, los recursos presentados ante el Tribunal Constitucional contra la norma no se retirarán hasta ver cómo se produce la reforma. 'La ley necesita de mayor flexibilidad, como un mayor recurso al endeudamiento para las comunidades o la eliminación de la obligación de presentar planes de saneamiento en el caso de que los déficit regionales sean muy pequeños. También es conveniente que al Estado se le exija lo mismo que a las comunidades, de forma que no pueda compensar su déficit con el superávit de la Seguridad Social, como hace ahora', indicó a Cinco Días el consejero de Economía de Aragón, Eduardo Bandrés.
Aragón cumple
Aragón es un ejemplo de región que ha cumplido los deberes, registrando equilibrio fiscal en 2003 (también lo prevé para este año), y con una deuda del 4,8% del PIB, por debajo de la media nacional. No obstante, Bandrés reconoce 'tensiones en el gasto sanitario', habiendo tenido que inyectar en este epígrafe 33 millones extras.
Baleares 'aflora' 360 millones
Baleares, por su parte, acumula un déficit de 360 millones de euros, el 20% de su presupuesto actual y el 1,5% del PIB regional, debido a la insuficiente financiación de las competencias de sanidad y educación, según avanzó ayer a Cinco Días el consejero de Economía, Lluís Ramis de Ayreflor. El consejero explicó que la comunidad aflorará este 'déficit oculto' de años anteriores, en los presupuestos de 2005. Se recurrirá a créditos extraordinarios para hacer frente a las deudas. La comunidad recibió las competencias en educación en 1998, en la primera época del ahora presidente Jaume Matas. Las de sanidad llegaron en la anterior legislatura, cuando el PSOE gobernaba las islas.La deuda viva de la comunidad alcanza sólo 560 millones de euros, por lo que Baleares 'se encuentra en condiciones óptimas para hacer frente a este crédito extraordinario', sin que suponga un quebranto para sus finanzas. Las afirmaciones Ramis (PP) contrastan con los datos que ofrece el anterior consejero, Joan Mesquida (PSOE). Mesquida sólo ve posible un déficit de 150 millones de euros, derivado de la sentencia de Tribunal Constitucional que anuló el impuesto sobre instalaciones que inciden en el medio ambiente, y que obligó a Baleares a suscribir un crédito para devolver los 150 millones cobrado a las empresas afectadas.