La Unión Europea armoniza la normativa bursátil
La Unión Europea puso fin ayer a un esfuerzo normativo de cuatro años que aspira a facilitar la integración de los mercados financieros. El Parlamento aprobó en Estrasburgo las nuevas normas sobre firmas de inversión y sobre obligaciones de información para las empresas cotizadas en mercados bursátiles.
La Unión Europea puso fin ayer a un esfuerzo normativo de cuatro años que aspira a facilitar la integración de los mercados financieros. El Parlamento aprobó en Estrasburgo las nuevas normas sobre firmas de inversión y sobre obligaciones de información para las empresas cotizadas en mercados bursátiles. Con estas dos directivas, las últimas de la presente legislatura, y la de ofertas públicas de adquisición (opas) que aprobó ayer también el Consejo Europeo, la UE ha concluido 39 de las 42 medidas previstas en el Plan de Servicios Financieros adoptado en marzo de 2000.
Banca, seguros y mercados bursátiles deberán ahora digerir este aluvión legislativo. Según los cálculos de la Comisión Europea, cabe esperar que la integración de los mercados financieros redunde en un crecimiento del PIB comunitario del 1,1% (unos 130.000 millones de euros). Los mismos análisis hablan de un aumento del empleo del 0,5%, una reducción de medio punto en los costes para las empresas de su salida y permanencia en Bolsa y un abaratamiento del 0,4% en la financiación empresarial a través del mercado de bonos.
En el tintero de la presente Comisión, cuyo mandato expira en octubre, se ha quedado por ahora el proyecto de directiva para facilitar la transferencia de un país a otro del domicilio social de una empresa. El Parlamento que salga de las urnas el próximo mes de junio deberá también rematar la nueva directiva sobre fusiones transfronterizas. El Plan de Servicios Financieros se completará además con un seguimiento, previsiblemente no normativo, de las nuevas tendencias sobre el buen gobierno de sociedades.
Pero la integración definitiva de los mercados bursátiles quedará pendiente de un aspecto crucial de índole legal pero sobre todo técnica: la creación de un sistema transnacional eficiente para la compensación y liquidación de valores. El inversor europeo paga todavía 11 veces más por la liquidación de una operación en otro país que por la misma compra o venta de acciones realizada en su país de residencia.
En otros terrenos, en cambio, se ha avanzado mucho más. Los fondos de inversión y de pensiones ya pueden operar libremente en toda Europa; la armonización contable (basada en las normas IAS) será una realidad en 2005 y la persecución de las prácticas fraudulentas se ha reforzado con la directiva sobre manipulación de los mercados.
Lamfalussy
Las piezas legislativas del Plan que afectan a los mercados bursátiles recibieron el acelerón definitivo con el método propuesto en el año 2001 por un grupo de expertos (del que formó parte Luis Ángel Rojo) dirigido por Alexandre Lamfalussy. Desde entonces, las directivos europeas sólo abordan los principios legislativos, dejando la regulación precisa y detallada a dos comités creados al efecto. 'El sistema está funcionando, y ha mejorado sobre todo en cuanto a la transparencia y la consulta con los mercados', indicó Lamfalussy el mes pasado ante el Parlamento Europeo. 'Pero hace falta todavía un par de años para poder hacer una evaluación definitiva'.
Pero el método de Lamfalussy se va a extender ya a la regulación de banca y seguros, aunque primero habrán de superarse las reticencias del Parlamento, que teme una pérdida de la legitimidad democrática de las nuevas regulaciones. Y los ministros de Economía de la UE abordarán este fin de semana en Irlanda la posibilidad de un segundo plan de servicios financieros a partir de 2005. La opinión del sector, sin embargo, es que de momento no hacen falta nuevas iniciativas legislativas, sino que conviene esperar para verificar el impacto de las recién adoptadas. El atracón de estos cuatro años ha saciado el apetito legislativo incluso de los más voraces reguladores.
Nuevas directivas. Pasaporte único para las firmas de inversión
Las dos directivas aprobadas ayer en Estrasburgo, sobre firmas de inversión y transparencia, han sido objeto de una larga batalla entre las dos concepciones del mundo financiero que conviven en Europa. Los países cercanos a la tradición anglosajona defienden una competencia abierta entre todas las plataformas bursátiles existentes actualmente y defienden la primacía de la legislación del país de origen de la firma de inversión sobre la del país de residencia del inversor. El Parlamento Europeo y el consejo de Ministros han alcanzado finalmente un punto medio en ambas directivas, que en el caso de la de transparencia eximirá a las sociedades cotizadas de la obligación de presentar informes financieros trimestralmente.1 Las directivas sobre servicios de inversión supone la instauración de un verdadero 'pasaporte europeo' para las firmas que ofrecen ese tipo de servicios. La nueva ley les permitirá operar en toda la UE acogiéndose a la normativa de su país de origen.2 La misma directiva pone fin a la llama norma de concentración, que en algunos países obliga todavía a que todas las operaciones de compraventa de acciones se realicen a través de las Bolsas tradicionales. Los bancos de inversión, sobre todo, podrán ahora internalizar una parte de las operaciones de sus clientes, conjugando órdenes de compra y de venta sin pasar por los mercados públicos.3 La ley obligará a estos bancos de inversión a comunicar al mercado los términos de sus operaciones internas. Pero sólo cuando se encuentren por debajo de un cierto volumen, que se fijará posteriormente, pero que previsiblemente eximirá de la obligación de transparencia a las grandes operaciones.4 La segunda directiva aprobada ayer, la de transparencia, aspira, según la Comisión Europea, 'a hacer más atractivo los mercados europeos mejorando la información que se ofrece a los inversores'.5 El texto no prevé, sin embargo, la imposición de informes trimestrales, una práctica habitual en mercados como el estadounidense. El Parlamento Europeo y varios países, con Francia a la cabeza, se han negado a introducir ese requisito, aduciendo que la obligación de presentar resultados en tan corto plazo puede aumentar entre las cotizadas la tentación de maquillar o falsear resultados y dar lugar a escándalos financieros como los vividos en los últimos años.