Modificaciones del PEC
El pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC) está herido de muerte por las razones expuestas en mi artículo de este diario el pasado día 7. Siendo necesaria la coordinación de las políticas monetaria y fiscal dentro de la Unión Monetaria Europea, función regulada hoy en el PEC, han sido muchas las propuestas para sustituirlo. Las hemos agrupado en seis, en dos grandes apartados, según que sustituyan el PEC o introduzcan modificaciones. Tienen en común que inciden negativamente en la equidad intergeneracional al permitir déficit público continuado. Ello daría lugar a que la deuda de un país aumentase, trasladando la carga financiera a las generaciones futuras, originando un cambio de riqueza de una generación a otra, que los políticos no quieren poner de manifiesto. A los déficit actuales se unirán las obligaciones del envejecimiento de la población, con su efecto sobre las pensiones públicas, la sanidad y los servicios sociales, cuyo valor actualizado supera el 150% de la deuda explícita de las administraciones públicas. Por ello las exigencias estrictas del PEC para un equilibrio a medio plazo.
Las propuestas que derogan totalmente el PEC se dividen entre las que consideran que el único límite al déficit público es el que no supere el gasto de inversión del año, y las que proponen que los gastos de educación, investigación e infraestructuras no computen en el cálculo del límite de déficit público del PEC. La primera se justifica en el hecho de que las generaciones futuras van a aprovecharse de las inversiones que en términos de coste de asignación de recursos a tal finalidad, soportan las generaciones presentes, y que por tanto, por razones de equidad, deben contribuir a su financiación, y la segunda argumenta que los gastos en educación, formación profesional e investigación (dotación de capitales humano y tecnológico) y en infraestructuras de transporte y comunicación (capital físico), son factores determinantes de la productividad y el crecimiento, que hará factible una convergencia real más rápida, al producirse externalidades importantes. Los déficit actuales se verán más que compensados con superávit futuros a consecuencia de los mayores ingresos originados por los factores causantes de un crecimiento más rápido.
Las propuestas que respetan al PEC, pero que introducen modificaciones para que el procedimiento sancionador no sea automático cuando un Estado miembro rebase su déficit del 3% del PIB, pueden agruparse, según la circunstancia, en las siguientes.
Las propuestas tienen en común que inciden negativamente en la equidad intergeneracional
La primera encuentra su justificación en que el rebasamiento del límite de déficit tiene su origen en causas cíclicas y no en una política fiscal expansiva, por lo que de ser éste el origen no debe sancionarse al país. Sin embargo, se pierden incentivos para que los gobiernos realicen reformas estructurales de forma que a medio plazo sus cuentas alcancen el equilibrio. Con respecto a la política procíclica que habría que adoptar para cumplir el PEC (reducción del gasto y/o aumento de impuestos), supondría una ganancia de eficiencia.
La segunda considera el déficit cíclicamente ajustado, con lo que se evitaría reducir el gasto. La aceptación de esta propuesta supondría ganancia de eficiencia, ya que se evitaría tener que realizar una política presupuestaria procíclica para cumplir el PEC; no obstante, podría dar lugar a incentivos para no realizar reformas estructurales. El principal inconveniente se encuentra en que no existe unanimidad para el déficit cíclicamente ajustado, por lo cual habría que aprobar previamente la fórmula a emplear.
La tercera propuesta toma como base la cuantía de la deuda pública junto al déficit público para iniciar el procedimiento sancionador previsto del PEC, ya que un país que tenga un porcentaje bajo de deuda pública con respecto al PIB le será más fácil corregir su exceso de déficit que a aquél con un alto porcentaje. Hay que tener en cuenta que el volumen de deuda es un indicador de stock no de flujo, y su efecto está reflejado en los flujos a través de la carga de intereses. Se trata más bien de un indicador para medir la capacidad de endeudamiento futuro, que puede dar lugar a pérdida tanto de incentivos para ir a cuentas equilibradas como de eficiencia.
La última de las propuestas considera que no deben tenerse en cuenta en el déficit las aportaciones netas al presupuesto comunitario (aportaciones brutas menos ayudas recibidas), por tratarse de una redistribución de la renta y del patrimonio entre estados miembros; su inclusión en el déficit de cada país puede dar lugar a que por ser solidario un país pueda resultar penalizado, con pérdida de equidad. Es un indicador para conocer el esfuerzo de cada país para sanear sus finanzas públicas; sin embargo puede dar lugar a pérdida de eficiencia. Catedrático emérito de la Universidad Autónoma de Madrid