La gestación del ITER
Antes de finales de año se conocerá la sede del proyecto mundial del primer reactor de fusión nuclear, Francia o Japón. El autor se cuestiona cuáles serán las consecuencias para España y la respuesta de una comunidad científica ajena, hasta ahora, a este campo
El ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor, en sus siglas inglesas) es un gran proyecto internacional que trata de demostrar que es posible hacer efectiva la construcción del primer reactor de fusión nuclear con fines comerciales. Dicho proyecto se encuentra hoy en una fase experimental y su realización puede exigir todavía un número elevado de años. El proyecto requerirá una inversión de unos 4.570 millones de euros y se prevé que pueda llegar a crear unos 3.000 puestos de trabajo.
Los ministros de Ciencia y Tecnología de la Unión Europea, reunidos en Bruselas el 26 de noviembre, tomaron la decisión, en relación con dicho proyecto, de aceptar la iniciativa francesa de localización del ITER en Cadarache, cerca de Aix-en-Provence y Marsella. España, que a su vez había presentado su propia propuesta de localización del proyecto del ITER en Cataluña, concretamente en la localidad tarraconense de Vandellós, retiró su propuesta pese a haber sostenido la tesis del mantenimiento de una posible doble candidatura. Un acuerdo franco-español, previo a la reunión de los ministros europeos, prevé dar un trato preferente a la participación española en el proyecto, si éste se acabase localizando en Europa. Con ello ha quedado resuelta, por lo tanto, la presentación de una propuesta unitaria de la UE al consorcio internacional, formado por Canadá, Japón, Rusia y la propia Unión Europea, que impulsa este proyecto en el ámbito de la energía de fusión.
Francia se ha impuesto en la decisión final, en buena parte debido a su larga experiencia de más de 40 años en la industria y la investigación nuclear. Antes de finales de año se deberá decidir ya cuál va a ser la localización del proyecto científico mundial más importante después de la estación espacial internacional, si en Francia (UE) o en Japón.
Una cuestión que merece cierta reflexión es la forma en que la gestación de este proyecto se ha percibido al parecer en España, más allá de los sectores oficiales más directamente implicados. La impresión existente es la de que las diversas comunidades científicas -con la lógica excepción de los directamente implicados- no se han manifestado a favor del ITER, un proyecto por el que en cambio nuestras Administraciones públicas han apostado fuertemente.
Parecen estar en discusión dos cuestiones distintas, que a la postre son complementarias. En primer lugar, se plantea hasta qué punto es ésta una línea de investigación realmente adecuada, o más bien de riesgo excesivo, en la que nuestro país no debiera de haber entrado con tanto protagonismo. En segundo lugar, se cuestiona cuáles podrán acabar siendo las consecuencias de la participación en el ITER sobre las líneas y proyectos ya existentes, así como sobre el reparto de unos recursos públicos limitados. El implicarse en un gran proyecto como es el ITER, según el parecer de una parte influyente de la comunidad científica, comportaría, en definitiva, la realización de una inversión fuerte en un campo que no es el que se practica en los grandes centros o instituciones oficiales de investigación del país. De una manera hasta cierto punto natural y lógica, los científicos tienden a defender siempre los proyectos de investigación que les son propios, pudiendo carecer, por supuesto, de la necesaria visión global.
Como se ha venido señalando insistentemente, el proyecto español del ITER presentado en Bruselas, en cuya elaboración ha participado el Centro de Investigaciones Energéticas Medioambientales y Tecnológicas (Ciemat), ha sido considerado competitivo desde el punto de vista tanto económico como tecnológico. Ello no nos debería de hacer olvidar, no obstante, los retos más generales que aún supone para España la tradicional ausencia de una política científica bien establecida y asumida como propia por los diversos organismos y sectores universitarios, científicos y empresariales implicados.
Lo que hay que hacer ahora, sin duda, es seguir realizando el esfuerzo necesario para que el ITER sea un proyecto mundial con sede europea. La Unión Europea está dispuesta, según parece, a que la sede de la agencia legal europea, que coordinará las aportaciones científicas y técnicas se establezca en España, concretamente en Tarragona. Parece evidente que de producirse la decisión favorable, ello significaría algo más que una importante inversión en dicha zona. Nos enfrentaríamos a una oportunidad de abrir este campo de la investigación y de la innovación a una serie de colaboraciones españolas e internacionales, en diversos campos científicos y tecnológico interrelacionados, algo que sin duda habrá que saber aprovechar.
Profesor-catedrático de Esade/URL