TRIBUNA

Por un seguro sin discriminación sexual

El proyecto de directiva aprobado por la Comisión Europea para prohibir la discriminación sexual en la comercialización de bienes y servicios da un paso vital hacia nuestro objetivo final de conseguir la igualdad de trato y oportunidades para todos los hombres y mujeres en Europa. æpermil;sa es la fuerza motriz de nuestra propuesta. Es una medida basada en un artículo del Tratado de la Unión Europea que reconoce el derecho fundamental de todo ciudadano europeo a una igualdad de trato con independencia de cual sea su sexo.

La necesidad de esta provisión puede demostrarse fácilmente sustituyendo la palabra sexo por raza. ¿Admitiríamos que las personas de raza blanca pagasen diferentes primas de seguro que las de raza negra, aun habiendo evidencia estadística de que la esperanza de vida es más corta entre los negros? La respuesta es rotundamente no. Entonces, ¿por qué debemos considerar aceptable esa misma discriminación entre hombres y mujeres? Cuando abordamos las consecuencias de la propuesta debemos tener en mente este principio fundamental.

En un momento en que la estructura de los sistemas de protección social está cambiando, en que más y más gente se está viendo impulsada a depositar sus ahorros en planes de pensiones privados y en que los Gobiernos adoptan medidas para promover la incorporación femenina al mercado laboral, necesitamos garantizar que las nuevas trabajadoras y potenciales clientes de fondos de pensiones o de seguros de vida gozan de un trato igual al de los hombres.

La propuesta, como con toda norma legislativa que pugna por un tratamiento igualitario, ha merecido críticas, sobre todo, por parte del sector asegurador. Hemos escuchado lamentos sobre el enorme coste y la pérdida de puestos de trabajo que supondrá... Ocurrió lo mismo cuando la Comisión preparó su legislación sobre igualdad en los salarios y sobre permisos de maternidad. Pero esos malos augurios no se cumplieron.

Varios países han dejado ya de usar el sexo como una de las variables para el cálculo de las primas de seguro y no han experimentado el aumento de tarifas con que amenaza ahora el sector.

Permítanme dejar una cosa clara: nuestra propuesta no pide que todos los hombres y mujeres deban pagar lo mismo por una póliza de seguro. Lo que dice es que el sexo de cada cliente no debe ser un factor a tener en cuenta. Con la misma contribución a un plan privado de pensiones, las mujeres perciben actualmente un 14% menos que los hombres. En muchos casos, el único factor utilizado para diferenciar las tarifas es el hecho de ser hombre o mujer. En tales circunstancias, está claro que el sexo se utiliza como una simplificación: si las mujeres viven más años que los hombres será por la suma de diversos factores, no sólo por los cromosomas.

Un importante estudio realizado en EE UU muestra que el 86% de la población -hombres o mujeres- muere más o menos a la misma edad. Y en Europa la brecha de edad también se está cerrando. Las estadísticas reflejan, asimismo, que hay considerables diferencias en la esperanzada de vida si se toma en cuenta el lugar de residencia, el estatus socioeconómico e, incluso, el estado civil. Nuestro punto de vista es que no todo el mundo tiene que pagar lo mismo, sino que la tarifa de cada persona debe basarse en una evaluación más sofisticada de su esperanza de vida y no en el simple criterio de si es hombre o mujer.

Durante los dos años de trabajo para preparar esta propuesta de directiva he hecho algunos alarmantes descubrimientos. Algunas compañías de seguro portuguesas, por ejemplo, aplican unas tablas de esperanza de vida en Suiza tan desfasadas que ni siquiera se toman en cuenta ya en el país helvético. En Grecia, las primas se calculan en función de los cálculos actuariales de Francia. Varios países más utilizan tablas anacrónicas. Reino Unido, uno de los países que lidera el mercado asegurador europeo, tiene a gala, en cambio, actualizar regularmente sus cálculos actuariales.

No estamos en contra de la mutualización de los riesgos. Aceptamos que ésa es la base del sector. Pero debemos revisar cómo se realiza esa mutualización. En los actuales sistemas de salud las mujeres deben pagar normalmente unas tarifas más altas debido a los costes asociados a la procreación. Las mujeres que no dan a luz asumen parte del riesgo de las que lo hacen. En cambio, los hombres no comparten el riesgo, ni siquiera aquellos que son padres y/o corresponsables de los gastos de salud que se produzcan a causa de los hijos.

Los Estados miembros comenzarán a discutir el proyecto de directiva en 2004. Cualquiera que sea el resultado, la Comisión se alegra muchísimo de haber lanzado, cuando menos, el debate en Europa, y de haber dado este decisivo primer paso hacia la igualdad de trato fuera del ámbito laboral.

Comisaria Europea de Empleo y Asuntos Sociales

Traducción: Bernardo de Miguel