Los análisis del 25 aniversario
Aunque políticos de diferente signo presuman de tener perspectiva histórica, e incluso pugnen sarcásticamente por tener la exclusiva de dicha perspectiva, algunas de sus decisiones hacen inevitable recordar el dicho popular 'dime de qué presumes y te diré de qué careces', sólo que, en este caso, el refrán pierde su gracia habitual porque, al aplicarlo, no estamos embromando al amigo presuntuoso, que con su actitud sólo se perjudica a sí mismo, sino que estamos constatando, con la natural inquietud, un más que previsible daño colectivo.
Algunos análisis que se vienen publicando sobre lo ocurrido durante los 25 años de Constitución que ahora se celebran no ayudan a gozar de esta perspectiva histórica, principalmente porque, al limitarse al periodo 1978-2003, trocean ficticiamente una evolución que, para entenderse, ha de ir todo lo lejos que se considere necesario, aunque sólo sea porque la Constitución quiso zanjar anteriores situaciones indeseables que no se pueden ignorar, algunas de las cuales, como la convivencia de los pueblos de España, están replanteándose en la actualidad.
Una muestra de la falta de respeto histórico a nuestro patrimonio cultural, motivo justificado de agravio en nuestras comunidades bilingües, está en los elevados niveles de analfabetismo en las lenguas vernáculas distintas del castellano que heredó la España democrática. Por ejemplo, sólo el 9,6% y el 31,5% de los residentes en el País Vasco y en Cataluña sabían escribir bien sus correspondientes lenguas todavía en 1981 y 1986, respectivamente.
Este tipo de datos son importantes para valorar, por un lado, el mérito de haber conservado las lenguas por transmisión oral a pesar de su persecución y, por otro, la actitud constitucional de poner especial cuidado en su protección y promoción, como parte del patrimonio cultural de todos.
Otro dato digno de recordar es la situación anterior a 1977, que venía generando 7.000 sentencias condenatorias anuales por delitos de imprenta y contra el orden público, lo que no consiguió frenar la lucha por la libertad de expresión, al igual que ahora la reciente prohibición de un medio de comunicación en euskera ha generado fuertes reacciones populares, por no hablar de la insólita sugerencia de prohibir una película de interés limitado que ha conseguido convertirla en un éxito de público.
Tampoco está de más recordar los principios constitucionales de libertad y de justicia que inspiraron los cambios en el Código Penal, que ahora se intenta retocar con precipitación y de forma no consensuada, como si en la represión estuviera la solución de conflictos profundos.
Baste recordar que la reflexión iniciada en 1978 comenzó a cuajar en la Ley Orgánica de 1983 de Reforma Urgente y Parcial del Código Penal de 1973 y no culminó hasta la Ley Orgánica 10/1995, que consolidó nuestro actual Código.