Protección a la fuente

Las normas para detectar el blanqueo de dinero son uno de los principales instrumentos de los países modernos contra el crimen organizado. La UE, EE UU y la OCDE en su conjunto son cada vez más exigentes con las entidades financieras sobre la calidad y cantidad de información que deben facilitar en relación con las operaciones sospechosas. El 11-S ha acuciado esa tendencia y la Comisión Europea ya prepara su tercera directiva para combatir la entrada en el circuito legal de dinero negro. Todas estas iniciativas son encomiables. Pero siempre que no se olvide a las personas que permiten su éxito. En el sector bancario se denuncian hace años amenazas padecidas por un personal que, inexcusablemente, está obligado a colaborar con la justicia. Los Estados deben garantizar la máxima protección a estos empleados para que la recompensa por su ayuda no sea un calvario. La experiencia de Reino Unido, donde se preserva celosamente la identidad del colaborador, es un ejemplo para países donde, como en España, incluso se les llama a declarar en juicio ante el imputado en cuestión.