La deuda de la Seguridad Social
La deuda de la Seguridad Social (SS) vuelve a ser noticia. Ahora por un controvertido dictamen del Consejo Económico y Social. Ello a raíz de que el anteproyecto de la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos Generales del Estado para 2004 contempla la ampliación en 10 años del plazo para la cancelación de dos préstamos del Estado a la SS que vencen el próximo año; creando así, además, un precedente para la prórroga de otros vencimientos posteriores.
La deuda de la SS, acumulada entre 1992 y 1998, ha alcanzando un importe total de casi 2,8 billones de las antiguas pesetas. Las malas prácticas comenzaron durante la etapa socialista. En 1992, 1993 y 1994, el Estado, en lugar de hacer lo que le correspondía (asumir, como consecuencia de la separación de fuentes de la SS que se había acordado en 1989 y de lo que, además, establecía la Ley de Presupuestos de ese año, las desviaciones presupuestarias producidas en asistencia sanitaria), maquilló sus cuentas trasladando a la SS una deuda por un importe de más de medio billón de pesetas. Ese sistema para vestir las cuentas del Estado fue en aumento a partir de 1994, hasta alcanzar la cifra antes mencionada. No es cierto que la SS quebrara, como suele afirmar Aznar, pero sí que fue vampirizada.
El Gobierno del PP continuó utilizando los mismos trucos contables y añadió otros elementos de vaciamiento de la SS. Hasta 1998, consignaron como deudas de ésta prestaciones no contributivas que debiera haber asumido el Estado; cuando, a partir de ese año, la SS tuvo excedentes -pese a seguir cubriendo gastos que le correspondía financiar al Estado-, el Gobierno siguió utilizando la SS para enjugar el déficit; ha relegado los compromisos de separar las fuentes de financiación de la SS -ampliando, por ejemplo, hasta 12 años, el plazo para asumir la financiación de los complementos de mínimos de las pensiones- y está proponiendo ahora prorrogar los 'préstamos' concedidos a la misma, en lugar de condonarlos como ha solicitado, entre otros, el Tribunal de Cuentas; no sólo no ha cumplido sus compromisos derivados del Pacto de Toledo de cubrir con aportaciones públicas las prestaciones no contributivas, sino que ha disminuido tales aportaciones: en términos del PIB, las aportaciones del Estado a la financiación de la SS más el Inem han pasado del 5,5% en 1995 al 4,8%, en 2001.
Es evidente, pues, cómo se ha logrado reducir el déficit: endeudando a la SS; evitando que tenga, estos años de fuerte entrada de cotizantes, mayores excedentes y, por tanto, mayor Fondo de Reserva; utilizando indebidamente los excedentes del Inem e impidiendo la mejora de las prestaciones sociales. Es igualmente claro que se ha hipotecado el futuro de la SS, precisamente para cuando, a partir de 2015, se prevé que atraviese una etapa menos favorable. Es legítimo preguntarse si todo ello es casual: vampirizar e hipotecar la SS es la mejor forma para justificar nuevos recortes que, una vez más, la salven.