Adiós al tiempo de la pasividad
Hace tres años que la economía alemana está estancada. El autor explica que para volver al crecimiento sostenido Alemania necesita una mayor desregulación, entre otros, del mercado de trabajo, y un descenso considerable de las prestaciones sociales
El tiempo de la pasividad ha terminado en Alemania: los sistemas sociales colectivos basados en el reparto están en apuros. Por un lado, los ingresos de la seguridad social caen por la falta de dinamismo en la economía. Por otro, el gasto social se incrementa por el alto desempleo y la jubilación anticipada de muchos trabajadores. La crisis del sistema social es aún más explosiva si se tiene en cuenta que la fase más crítica de la presión demográfica está por venir. Sin correcciones incisivas, se producirá un descalabro del sistema social.
La clase política ha reaccionado hasta ahora con titubeos. Pero no hay tiempo que perder: cuando dentro de 10 años la mitad de los votantes sean pensionistas o estén a punto de jubilarse, será aún más difícil conseguir una mayoría para hacer recortes en el sistema de salud o de pensiones. Las correcciones que se están realizando hoy con el fin de reducir costes son absolutamente insuficientes.
La economía alemana está estancada desde hace tres años. La vuelta a una senda de crecimiento a largo plazo no podrá lograrse mientras se mantenga una cuota de participación del Estado de casi el 50%, los incentivos sigan distorsionados a través de altas prestaciones y exista la perspectiva de continuos aumentos del gasto social. Lo que necesitamos en Alemania es una mayor desregulación del mercado de trabajo -entre otros-, mayor competencia y un descenso considerable del pago de prestaciones. Más aún, es necesario disminuir las contribuciones sociales para volver a hacer atractivo el trabajo.
En Alemania urge retrasar la edad de jubilación, disminuir el nivel de las pensiones y acabar con equivocadas medidas de protección
En el ámbito de las pensiones, 2002 marcó en Alemania un hito hacia una mayor responsabilidad individual. Tras constatar que ya no eran seguras ni siquiera para las personas en actividad, se introdujo un fomento sistemático del ahorro para la vejez en el marco de la previsión individual, así como de las jubilaciones cubiertas por la empresa. Teniendo en cuenta la tendencia general al remiendo en política social, se trató de un salto importante. El ahorro privado ofrece considerables ventajas tanto para el individuo como para la economía. Las contribuciones que el ciudadano ahorra en instituciones privadas, como bancos, aseguradoras o fondos de inversión producen mayor rendimiento que las contribuciones a las pensiones estatales. Sin embargo, el Estado debe desregular los planes privados de pensiones. El plan de reforma de las pensiones de la comisión Riester es demasiado complejo y difícil de entender para el ciudadano. Es necesario convencerle de la importancia de los planes privados.
A pesar de este progreso en lo que atañe a la capitalización privada, queda mucho por hacer en las jubilaciones del Estado. Apenas dos años después de la última reforma, las pensiones estatales están otra vez en dificultades: en 2004 el déficit del sistema podría alcanzar 8.000 millones de euros y sería necesario aumentar las contribuciones hasta el 20% o más. En esta situación, es urgente retrasar la edad de jubilación, así como disminuir el nivel de las pensiones.
En el área de la salud es necesario un aumento de la competencia. Pero ésta sólo puede desarrollarse si el Estado introduce un marco regulatorio liberal y renuncia al intervencionismo y a la oferta de servicios propios. Todo apunta a que se debe renunciar a la cobertura plena -los servicios de salud pública ya ha aprobado algunos recortes-. Sobre todo, el sistema debe ser financiable. Al introducir un aumento en la cofinanciación individual, el Gobierno y la oposición han comenzado a marchar en la dirección correcta; sin embargo, no han logrado desviarse del estrecho marco existente. Mejor sería limitar las prestaciones de la salud pública sólo a la cobertura de grandes riesgos, es decir, enfermedades graves. Al tiempo, debería existir una cobertura mínima de prestaciones, pero todo lo que supere ese mínimo debería estar organizado según la libre competencia y en forma disociada del contrato laboral.
La actual regulación del mercado de trabajo desalienta la responsabilidad individual. Y lo que es peor: es perjudicial para el estado del bienestar. Los altos costes laborales y la exagerada protección -que ha conseguido precisamente el efecto contrario al que pretendía- reducen la creación de empleo. La escasa diferenciación salarial en Alemania, particularmente el alto coste del trabajo poco productivo, unida a las elevadas prestaciones, ha desplazado a muchos trabajadores poco cualificados del mercado. Muchos trabajadores se siguen jubilando a edad demasiado temprana.
En lugar de administrar ineficazmente la falta de puestos de trabajo hay que potenciar las fuerzas del mercado. Los políticos tienen que hacer de tripas corazón y acabar con equivocadas medidas proteccionistas e introducir mayor flexibilidad en la determinación de salarios de acuerdo con las características del mercado laboral en cada región, es decir, abolir la fijación centralizada de salarios.