Los ayuntamientos y la economía
Estos pasados días hemos atendido, a falta de otras noticias, al espectáculo ocurrido en el Ayuntamiento de Marbella. Aparte de lo grotesco del asunto, parece importante volver a reflexionar sobre la enorme importancia que tienen los ayuntamientos en el desenvolvimiento de la actividad económica en materia de construcción, urbanismo y creación de nuevas empresas.
Empezando por el final, de qué sirve que se pueda hacer una sociedad, llamada nueva empresa, en prácticamente dos días o que se quieran unificar trámites burocráticos para la creación de empresas, si luego la puesta en marcha efectiva de la nueva actividad está sujeta a requisitos tediosos, burocráticos, incomprensibles de que si licencia municipal de actividad y de apertura, suministros de energía, comunicaciones. Todo dentro de un mar de reglamentaciones sectoriales cambiantes.
Pero la incidencia municipal en construcción y urbanismo es absoluta. El ejemplo del consistorio marbellí es paradigmático. Un municipio que se salta a la torera todo lo saltable en legalidad del suelo, en procedimientos garantistas, y, literalmente, no pasa nada.
No es admisible que puedan existir focos de ilegalidad patentes durante tanto tiempo y que el Estado de Derecho permanezca inerme ante el desaguisado. Es muy fácil decir que la justicia es lenta pero segura, es tal la lentitud -aparte de la mala calidad- que se convierte en pura inseguridad. Y estamos hablando de corporaciones locales grandes, con medios técnicos suficientes, con presupuestos importantes.
Pasemos a pensar en municipios pequeños. Estos días veraniegos traigo a colación dos casos que se dan en la provincia de Salamanca que son lacerantes. Dos pueblos de menos de 500 habitantes. En uno se tiene que instalar -porque estratégicamente es el lugar idóneo- un centro de tratamiento de residuos, el Ayuntamiento en cuestión se opone al Gobierno regional y, prescindiendo de toda legalidad, impide la instalación. ¡Hala, qué resuelvan los tribunales!
En el otro municipio, un supuesto alcalde se autoproclama como tal, hace un remedo de pleno constitutivo de la corporación, donde no permite que entren los concejales de la posible oposición, y pasa a gobernar como le viene en gana. ¡Y no pasa nada!
Todo el mundo tiene asumido que las localizaciones industriales o institucionales son más fáciles en municipios pequeños que en otros grandes, y todo el mundo tiene asumido que para conseguirlo -ya sabes, por aquello de agilizar los trámites- hay que pasar por el aro de las prebendas 'paralegales' a favor de las arcas municipales, o por cualquier otro regalito. Viene entrecomillado eso de 'paralegales' porque es un término alucinante que se inventó para justificar las televisiones locales ilegales. El argumento es, ante la ausencia de normativa, se puede hacer lo que se quiera, siempre que no interfiera a otro que llegó primero en el uso de una frecuencia.
Y qué decir de los municipios pequeños vecinos de uno grande, que se convierten en una suerte de sanguijuelas de la ciudad, justificando todo en aras de una mal entendida autonomía local, que es puramente jurídica, es decir, en los papeles, aunque económicamente dependen los ciudadanos de la gran urbe.
La consabida pobreza o la autonomía de las corporaciones locales no puede justificar la obtención de ingresos o la disminución de gastos de forma extrapresupuestaria, porque encubren simples ilegalidades o, siendo más blandos, el estricto cumplimiento de la ley, y no dejan de ser el paso previo a la corrupción. El origen de la cuestión es doble.
El primero se deriva, nada menos, de la Constitución de Cádiz, que ordenó crear ayuntamientos en todos los pueblos (cosa curiosa para los fisgones de la Historia: luego se mandó deslindar los términos municipales sin ninguna regla para hacerlo. ¿Cómo se pueden fijar los linderos de algo que no existía? De aquí la errática composición del territorio de los ayuntamientos. Por cierto, no pasó lo mismo con las provincias, en que sí se establecieron normativamente sus linderos).
El segundo, desde siempre los ayuntamientos han tenido competencias de gasto en todo lo imaginable, sólo que antes estaban sometidos a un fuerte control del poder central y ahora tienen autonomía total.
Lo primero se ha traducido en la existencia de miles de ayuntamientos que nunca pueden tener capacidad de gestión. Lo segundo, en un gasto público desmedido.
El problema de las haciendas locales no es de ingresos, sino de gastos. Hay cosas que un sitio las paga el Estado central, en otros lugares la región, en otras plazas la diputación y en otras partes el ayuntamiento. La razón, la falta de delimitación de competencias de gasto entre las distintas Administraciones. La consecuencia, la mala e ineficaz asignación de recursos públicos.