Presente

A vueltas con el Pacto de Estabilidad

Los ajustes presupuestarios y fiscales que exige el Pacto de Estabilidad han suscitado numerosas críticas en la Unión Europea. Carlos Sebastián explica los pros y los contras de este sistema

Los frecuentes mensajes críticos que leemos y escuchamos contra el Pacto de Estabilidad tienen dos contenidos con los que uno simpatiza. El primero es la inoportunidad de demandar ajustes de gastos y elevaciones impositivas en un momento en el que la economía está en un estado abiertamente recesivo (Alemania) o de escaso crecimiento y disminución del empleo (otros países europeos).

El segundo es que se le pide precisamente ese esfuerzo a un país, Alemania, del que la mayoría de los países que están cumpliendo el literal del Pacto se han beneficiado de forma notable para alcanzar una situación fiscal más equilibrada. Fijémonos en el caso de España. A la reducción del déficit y a la disminución de la ratio deuda/PIB han contribuido las transferencias netas que se han recibido de la Unión Europea (UE), del que el más importante contribuidor ha sido y es Alemania. La contribución neta anual recibida por España de la UE entre 1995 y 2002 ha representado por término medio un 1,1% del PIB de cada año.

Pero, además, a la reducción del déficit ha contribuido de forma muy poderosa la sustancial disminución de los tipos de interés. Ello se ha logrado gracias a la eliminación de la prima de riesgo que tenía que pagar España antes de que se hiciera obvia la integración de la peseta en el euro. Qué la incorporación de monedas menos creíbles no haya supuesto la aparición de una cierta prima de riesgo en las emisiones en euros se debe fundamentalmente a la credibilidad que al proyecto otorgaban Alemania y el marco alemán.

Pero, pese a estas simpatías que pueden suscitar la actual oposición al Pacto de Estabilidad, la disciplina fiscal que propone dicho pacto es fundamental. Con la actual fórmula o con una alternativa. Probablemente, el objetivo debería formularse en términos de la variable estado, el nivel de endeudamiento medido como proporción del PIB, en lugar de utilizar como objetivo la ratio déficit/PIB.

Se trataría de que, mientras que la ratio de endeudamiento estuviera por encima de un determinado nivel, la política presupuestaria debería producir una disminución de la misma en cada ejercicio. Ello es posible con un déficit total positivo, pero con un superávit primario (sin contar los gastos de intereses). Dependerá del nivel del tipo de interés real. Incluso podría lograrse con un pequeño déficit primario si el tipo de interés es muy bajo y el crecimiento de la economía es muy alto.

La elección del nivel de la ratio deuda/PIB a partir del cual los Gobiernos tendrían que ser extremadamente cuidadosos es arbitraria (como lo es el actual 3% impuesto sobre el déficit). Lo peor es que sería razonable que no fuera el mismo para todos los países. La necesidad de rigor fiscal no es la misma para un país que tenga su sistema de pensiones mayoritariamente capitalizado, que para otro que tenga un sistema público de reparto con una estructura demográfica envejeciendo notablemente. Pues el segundo tiene ya contraídas unas necesidades de financiación muy superiores de las que expresa su cifra oficial de endeudamiento.

Establecer diferentes objetivos de endeudamiento por países entrañaría serias dificultades políticas para el establecimiento de un esquema de este tipo. Pero el esquema es el que mejor se adapta a la naturaleza del problema: evitar un proceso explosivo del endeudamiento público.