¿Qué va a ocurrir con las pensiones?

Juan Manuel Eguiagaray Ucelay reclama mayor información sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones en España. Lamenta que no se conozcan propuestas para paliar las pesimistas predicciones de algunos organismos

Si no hubiera unas cuantas buenas razones sustantivas, la superación de la cincuentena sería ya un argumento válido para exigir a nuestras autoridades, en nombre de los de mi edad ( y de otros más jóvenes), claridad sobre el futuro del sistema de pensiones.

Porque no es precisamente de claridad de lo que andamos más sobrados. Hoy mismo, un reclamo publicitario daba por hecho que el sistema público habría quebrado o desaparecido en las próximas décadas. El reclamo utilizaba este argumento -imbatible si fuera cierto- para promocionar fondos privados de pensiones. Desde otra perspectiva, el responsable gubernamental de la Seguridad Social, henchido de gozo y furor propagandista, proclamaba hace unos días que el fondo de reserva de la Seguridad Social había crecido hasta llegar al equivalente de dos meses de pagos de pensiones. Parecía querer decir que no era razonable manifestar inquietudes por el futuro.

Desde la década de los ochenta el sistema de pensiones se ha movido entre dos tensiones básicas: por un lado, ampliar la protección social para hacerla equiparable a la existente en los países que nos llevaban décadas de ventaja en desarrollo democrático y económico y, por otro, hacerla financiable. El Estado de bienestar en España, resultado de la acción de gobierno llevada a cabo sustancialmente en la década de los ochenta, no fue ajeno a esa tensión, que generó tanto elevaciones del gasto público como modulaciones en el ritmo de evolución del gasto social, expresadas, por ejemplo, en la Ley de Reforma de las Pensiones de 1986. Por decirlo abreviadamente, había que dignificar las pensiones mínimas del sistema, elevar la pensión media con la productividad de la economía y contener la evolución del gasto total en niveles compatibles con los recursos ordinarios, sin comprometer otras finalidades sociales. El ciclo demográfico europeo no coincide con el español, de modo que las tendencias dibujadas por la evolución de la natalidad, la mortalidad y la fecundidad dan un cuadro de envejecimiento de la población muy diferente para los países en los próximos años. La población española es, todavía, bastante más joven que la media europea, pero -por contraste- conocerá un envejecimiento más intenso, si bien con más de una década de retraso. En este marco, que nadie discute en sus rasgos generales, pero sí -apasionadamente, además- en sus aspectos específicos, el sistema de pensiones registrará una sobrecarga de gasto en relación a los ingresos previsibles. De no adoptarse las oportunas medidas, no será fácil hacer frente a ese aumento de gasto sin graves consecuencias.

De los estudios de la OCDE y de la Comisión Europea se deriva que el gasto en pensiones en España podría pasar de un 9,4% en 2000 a un 17,3% en 2050

Tenemos, pues, un problema, muy conocido desde hace tiempo, con diagnósticos razonablemente compartidos y que exige terapias con el máximo nivel de acuerdo entre las fuerzas sociales. Cuando se hacen proyecciones a 50 años, la probabilidad de cometer grandes errores se amplía extraordinariamente. Por eso hay que tomarlos como la mejor extrapolación posible… con los datos y supuestos disponibles. De lo cual no se desprende ningún escepticismo facilón. Por el contrario, se deriva la necesidad de responder a las proyecciones obtenidas -dramáticas, en ocasiones- con datos, comportamientos sociales y leyes, que garanticen la mejora del resultado de las proyecciones conocidas.

Bastantes estudios han patinado notablemente en sus previsiones de gasto en pensiones a los pocos años de realizarse. Y me temo que así seguirá ocurriendo en los años próximos. Por ello, sin otorgar ningún estatus definitivo a ninguno de los estudios existentes, resulta oportuno recordar algunos órdenes de magnitud. De los estudios de la Comisión Europea y la OCDE se deriva que el gasto en pensiones en España podría pasar de un 9,4% en 2000 a un 17,3% en 2050 en el escenario base. Ese aumento de 7,9 puntos de PIB sería la consecuencia agregada de un efecto demográfico de envejecimiento (+8,2%), un efecto de elegibilidad (+2%) producido por el aumento de los pensionistas entre las personas de más de 55 años, un efecto empleo(-2,4%) y un efecto pensión media (-0,3%), producido por la reducción en su crecimiento derivada de los cambios legislativos ya introducidos.

El orden de magnitud es muy relevante y, desde luego, muy superior para el periodo 2000-2050 al de los grandes países de la UE. De lo dicho se desprende la necesidad, antes mencionada, de adoptar medidas en tiempo útil. Y también hay base para decir que, si las medidas se adoptan, la dimensión del problema se convierte en manejable.

Un reciente estudio basado en los anteriores -Implications of ageing for European pensions and public finances. European Economic Outlook. de PricewaterhouseCoopers- considera que el aumento del gasto en pensiones podría llegar en España a + 13,2 (22,6% del PIB) en 2050. Sin embargo, la introducción de mejoras en el modelo suaviza notablemente las consecuencias. En particular, si la hipótesis de una entrada neta de inmigrantes de 60.000 anuales contemplada en los primeros estudios mencionados se sustituye por la más plausible de 160.000, los 13, 2 puntos de crecimiento en el periodo quedan reducidos a 10,7. Si el empleo mejora en tasas consistentes con los objetivos de la política económica hasta situarse en el 4% de una población activa con mayor participación femenina, la deriva en el gasto en pensiones se reduce a 8,6 puntos de PIB. Y si las dos mejoras anteriores se combinan con una modulación en el crecimiento de las pensiones medias, los efectos pueden reducirse a magnitudes del 3,7% en 2050, que parece claramente manejable.

Por todo ello habría que exigir al Gobierno, y a la oposición que quiere ser Gobierno, que exprese con claridad sus intenciones para el futuro. Se entiende que nadie quiera sufrir el coste de proponer lo que no es grato a los oídos de todos. Se entiende, igualmente, que se hagan llamadas al consenso necesario y al acuerdo de los agentes sociales. Bien está.

Lo que es menos aceptable es que estos placebos se confundan ahora con la terapia y que entretener al personal lleve ahora el nombre de tarea de gobierno. Al fin y al cabo los Gobiernos, y las oposiciones que quieren ser Gobierno, han de ser razonablemente previsibles para generar confianza. Pero medidas ha de haberlas. ¿Podemos empezar a conocerlas?