COLUMNA

Reformas laborales frente a negociación

Los empresarios del sector del automóvil han pedido al Gobierno una nueva reforma laboral. Entre otras desregulaciones laborales reclaman, nada más ni nada menos, que se puedan rebasar los topes de horas extraordinarias y eliminar tanto la prohibición de hacerlas en los turnos de noche como los límites a la distribución de la jornada; crear otro contrato eventual a la libre disposición de las empresas, sin penalización alguna; generalizar la doble escala salarial sin ninguna traba legal; darle prioridad al convenio de empresa respecto de los de ámbito superior. Telefónica ha solicitado la desaparición de la autorización administrativa previa en casos de expedientes de regulación de empleo (ERE), curiosamente coincidiendo con su plan de reducir 15.000 empleos.

Son cuestiones que ya han sido discutidas en los distintos procesos de concertación social habidos en nuestro país a lo largo de los años. La autorización administrativa en los ERE fue cuestionada por las organizaciones empresariales durante las negociaciones del Acuerdo Económico y Social de 1985, pero ya entonces, la Comisión Europea editó un estudio de derecho laboral comparado y en el caso español señalaba que tal autorización no sólo no entraba en contradicción con la directiva comunitaria de 1975 sobre los derechos de información y consulta a los representantes de los trabajadores en caso de despidos colectivos, sino que estaba por debajo de los requisitos en ella establecidos.

Del mismo año 1985 es la modificación parcial del Estatuto de los Trabajadores por la que se habilitaron hasta 16 modalidades de contratación eventual, desligando la causa del contrato de la naturaleza del trabajo a realizar. Una disponibilidad de contratos atípicos cinco veces superior a la existente en la mayoría de los países de la UE, lo que hizo de nuestro mercado laboral el más flexible de todo el espacio europeo, pero provocó tal desregulación que seguimos registrando el triple de temporalidad.

En 1997 se suprimieron varias modalidades de contratación temporal de común acuerdo entre sindicatos y patronales, entre otras la del contrato eventual para el lanzamiento de nueva actividad. Este contrato era utilizado en fraude de ley por las empresas automovilísticas, precisamente, con el pretexto de que cada vez que se creaba un modelo nuevo de coche, lo consideraban como una actividad nueva.

La distribución de la jornada quedó desregulada con la reforma de 1994, impuesta por el Gobierno de entonces sin acuerdo con los sindicatos. El tope de horas extraordinarias sigue estando en España muy por encima de las permitidas en los países de nuestro entorno y las que realmente se hacen supera con creces los topes legales con todo tipo de artificios. También fueron objeto de negociación y de acuerdo entre los agentes sociales en abril de 1997, para entre otros objetivos mejorar el equilibrio entre el recurso a la flexibilidad externa e interna de las empresas, tendiendo a desincentivar la realización de horas extraordinarias para ir cambiándolas por tiempo de descanso o por nuevos empleos, aunque fueran inicialmente temporales.

La doble escala salarial tiene más enjundia. De entrada no se puede vulnerar el principio constitucional de 'a igual trabajo igual salario'. El problema radica paradójicamente en las rigideces empresariales a la hora de negociar las innovaciones en sus organizaciones del trabajo.

Nadie cuestiona que los mercados laborales han de estar abiertos a los cambios e incluso adelantarse a ellos para ser más eficientes. Como dispuestos a cambiar deben estar simultáneamente los empresarios en todos los órdenes. Pero los cambios más provechosos para ganar el futuro son los que se negocian sobre el terreno y entre quienes están más pegados a él, los representantes sindicales y los empresarios. A algunos puede parecerles más incómodo negociar que obtener del Gobierno de turno las modificaciones legales que les convengan en cada momento.

La diferencia está entre construir las decisiones con más democracia en las empresas, que las hará más solventes, o imponerlas con el respaldo de los poderes públicos, que es autoritarismo dentro de los centros de trabajo y desequilibrio social, dos vectores que conducen al pasado.