Escaso debate sobre la ampliación
El debate público y la información sobre los efectos que para nuestro país puede suponer la ampliación de la Unión Europea tienen una dimensión relativamente escasa, pese a la importancia del asunto.
No se trata sólo de que se incorporan 10 países en 2004 y dos más, como poco, en 2007, sino que, por sólo poner uno de los ejemplos más divulgados, sus niveles de renta por habitante, aunque muy desiguales entre sí, son, aproximadamente y como promedio, la tercera parte del que existe en la UE-15. Se han efectuado algunos estudios, por lo general centrados en los probables efectos económicos de la ampliación; pero sobre los efectos sociales, laborales y de empleo existe una verdadera nebulosa.
Son bastantes las empresas interesadas en prever los efectos de la ampliación, bien porque podría ofrecerles nuevas oportunidades de negocio, bien por inquietud ante mayores dificultades a la competitividad. Muchas de ellas han tratado y tratan de seguir de cerca las condiciones de incorporación de esos países, así como conocer su situación socioeconómica y laboral. Ejemplo de ello lo ha ofrecido el sector del automóvil, uno de los que, quizás, podría verse más afectado. Pero, en todo caso, no se sabe bien si por la lejanía geográfica y cultural, o porque el peso específico de cada uno de esos países no se considera relevante a efectos de lo que su incorporación a la UE pueda repercutir en nuestra vida cotidiana, o debido a que, como todo parece indicar, la preocupación de los poderes públicos por informar con la suficiencia que sería deseable brilla por su ausencia, lo cierto es que todo indica que un amplísimo número de empresarios, la inmensa mayoría de los trabajadores y, en suma, el grueso de la ciudadanía contempla el sustantivo cambio de panorama en la UE con una actitud en la que se mezcla una buena dosis de indiferencia y una idea, no se sabe si fruto de la intuición o de la ignorancia, según la cual nos va a ir mejor en la Europa de los 25 o los 27 que en la actual de los 15.
Es posible que el Gobierno no haya promovido campañas informativas sobre la ampliación por el temor a alimentar el euroescepticismo
Para ilustrar lo acabado de decir valgan algunos de los datos que en un reciente debate patrocinado por el Consejo Económico y Social utilizó uno de los ponentes, extraídos de una encuesta realizada a escala de la UE en torno a los efectos de la ampliación. En relación al promedio general europeo, nuestro optimismo es bastante superior cuando se nos pregunta, por ejemplo, acerca de la expansión de los mercados de nuestras empresas o sobre las exportaciones agrarias. Lo mismo sucede con otras materias.
Otro de los ejemplos es que mientras un 41% de europeos piensa que la ampliación supondrá una disminución del bienestar social de sus países, en España sólo lo piensa un 30%. En cuanto al desempleo, donde el promedio de los que creen que se incrementará suma un 43% en Europa, aquí sólo llega al 34%. En resumen, tenemos una ciudadanía al parecer encandilada con la ampliación. ¡Lástima que los mejor informados opinen de otra manera!
Efectivamente, una segunda encuesta de las manejadas en el debate citado es la realizada a expertos del mundo académico y empresarial de nuestro país, así como a otros expertos familiarizados con el proceso de ampliación. Por sólo destacar lo más llamativo, valga decir que, aun considerando por amplia mayoría positiva la ampliación, el 55% la tacha de prematura. El 58% considera que la repercusión sobre la economía española será negativa frente al 37% que la creen positiva. En cuanto a la repercusión sobre la inversión directa hacia España, el 84% cree que se reducirá, aunque el 62% piensa que poco. Como se ve, las impresiones son acusadamente diferentes entre los españoles de a pie y los que tienen mucha más información.
Es posible que nuestros gobernantes no se hayan preocupado por promover campañas informativas más extensas por el temor a alimentar el euroescepticismo.
Tampoco puede descartarse que haya preferido la sordina, ante el miedo a que se le pidieran explicaciones por su incapacidad para corregir desigualdades como, por ejemplo, las regionales, pese a ser España receptora neta de fondos europeos durante muchos años para ese fin, y ante un nuevo panorama en el que la entrada de los 10/12 nuevos socios puede terminar dejando fuera de tales beneficios a casi todas las regiones españolas que los percibían.
Sea como fuere, habría resultado compatible una defensa de la ampliación con un mejor conocimiento por parte de la ciudadanía sobre un conjunto de probables efectos, tanto positivos como negativos. Entre otras razones para que los negativos, que en el corto y medio plazo van a pesar más, se aborden y se traten de paliar de la mejor manera y lo antes posible.
Aunque no representa sorpresa alguna, se nota como el tam-tam para demandar nuevas vueltas de tuerca a la regulación/desregulación del mercado de trabajo y de la negociación colectiva está subiendo de decibelios. Quizás tenga que ver con la forma con que el Gobierno y algunos sectores económicos piensan paliar los efectos de la ampliación. El asunto merece próximos comentarios.